Medioambiente
El giro ambiental del Presupuesto 2027 que enfría la acción climática
Mientras Chile entra en la etapa de implementación de su nueva NDC climática, el Presupuesto 2027 reduce 59% la partida específica para Cambio Climático y NDC. También caen los recursos para adaptación, descontaminación y desarrollo sostenible.
El proyecto de Presupuesto 2027 abre una paradoja para la política climática chilena. Justo cuando el país entra en la etapa de implementación de su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) —el compromiso que Chile presenta ante el Acuerdo de París—, la principal asignación presupuestaria que lleva explícitamente su nombre registra una fuerte reducción. “Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)” pasa de $717 millones en 2026 a $293 millones en 2027, una caída de 59,1%. La línea forma parte del programa de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático de la Subsecretaría del Medio Ambiente.
El momento es particularmente relevante. La NDC actualizada en 2025 rige entre 2025 y 2035 y reúne 51 contribuciones y 165 compromisos distribuidos en mitigación, adaptación, transición socioecológica, biodiversidad, océanos y medios de implementación. La plataforma oficial del Ministerio del Medio Ambiente señala que el seguimiento de sus compromisos comenzará a publicarse desde noviembre de 2026. Es decir, 2027 será uno de los primeros años completos de implementación y seguimiento de esta nueva hoja de ruta climática.
La reducción de esa partida no ocurre aislada. El programa completo de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático disminuye de $1.714 millones a $1.383 millones, un 19,3%. Y otro de los programas centrales de la Subsecretaría, Desarrollo Sostenible, cae 43,8%, desde $8.109 millones a $4.555 millones. Dentro de él, Calefacción Sustentable pierde cerca de 53% de sus recursos, al pasar de $2.888 millones a $1.356 millones, mientras los Planes de Descontaminación Ambiental disminuyen alrededor de 6%, hasta $2.973 millones.
También se reducen recursos para el Fondo de Protección Ambiental, que financia iniciativas de organizaciones sociales y comunitarias: pasa de $866 millones a $611 millones, un 29,4% menos. Y varias líneas que en 2026 tenían asignaciones propias dejan de aparecer individualizadas en el proyecto 2027, entre ellas Desarrollo Productivo Sostenible, Conservación de Especies, Gestión para la Conservación de Humedales, la Certificación Ambiental Municipal y el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. En el caso del Acuerdo de Escazú, la glosa que en 2026 contemplaba hasta $144,5 millones para su implementación tampoco aparece explícitamente en el proyecto 2027. Esto último no permite afirmar que Escazú deje de financiarse, pero sí que desaparece esa asignación identificada.
La paradoja está en que el país no está reduciendo sus compromisos climáticos en paralelo. La NDC 2025 incorpora, entre otras metas, un presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero de 1.100 millones de toneladas de CO₂ equivalente entre 2020 y 2030, además de compromisos de adaptación, seguridad hídrica, biodiversidad y transición socioecológica. La propia NDC establece, además, compromisos para acelerar desde 2027 el financiamiento de la acción climática a nivel local y ampliar hacia 2030 el análisis del gasto e inversión climática.
El cuadro cambia cuando se mira el presupuesto completo. La partida del Ministerio del Medio Ambiente aumenta nominalmente de $96.584 millones a $98.632 millones, pero ese crecimiento se explica en buena medida por el fortalecimiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que pasa de $17.393 millones a $22.304 millones. En términos reales, el presupuesto total de la cartera prácticamente se mantiene, según el análisis de Diario Financiero. Así, más que un recorte general del Ministerio, el proyecto muestra una redistribución de prioridades: mientras biodiversidad gana recursos, varias de las líneas explícitamente asociadas a cambio climático, descontaminación, educación ambiental y desarrollo sostenible retroceden.
La pregunta que queda es cómo se compatibiliza una NDC que entra en su fase de implementación con una reducción tan significativa de las partidas presupuestarias directamente vinculadas a su ejecución. La discusión presupuestaria en el Congreso tendrá ahora que determinar si estos recortes corresponden a una reasignación de funciones y recursos dentro del Estado o si implican, en la práctica, una menor capacidad del Ministerio para ejecutar la agenda climática que el propio país se comprometió a cumplir.
