Opinión
Luego de dos años de crisis social y sanitaria, 2022 se abre como un momento clave para avanzar en iniciativas que permitan afrontar los profundos efectos adversos de la pandemia en cientos de miles de familias dentro del país. Esto, porque de forma adicional a las consecuencias que tuvo el COVID-19 respecto del control de la salud de la población, sus repercusiones en el deterioro de las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores son también agudas.
Y es que además de afectar directamente las cifras de desocupación, particularmente en mujeres de menores ingresos, la pandemia empujó también un alza en el trabajo por cuenta propia informal, recrudeciendo un panorama que ya se ha alertado desde hace algunos años. Si observamos los resultados sobre pobreza de la Encuesta Casen 2017, el trabajo por cuenta propia en personas pobres subió 11 puntos porcentuales desde 2006 a 2017, implicando una baja directa del mismo tamaño (11%) en las personas pobres asalariadas en el mismo plazo de tiempo. En paralelo, y en un primer acercamiento a las razones de este cambio en las formas de trabajo, las cifras de ocupación asalariada sin cotizaciones previsionales llegaban a un 56,2% en personas pobres en la misma medición. En este sentido, tanto las condiciones de inseguridad laboral como los bajos salarios y la incompatibilidad de los horarios de trabajo rígidos con otras tareas personales forman una base para que la generación de ingresos desde lo informal se vuelva una alternativa a preferir.
¿Por qué es difícil implementar políticas efectivas de reactivación laboral?
Lo anterior pone un primer problema a la ejecución de propuestas de reactivación del empleo. Desde el trabajo en el territorio, tanto en el sur de la región Metropolitana como en Biobío, en Infocap constatamos cotidianamente una inclinación masiva por las formas de trabajo por cuenta propia, teniendo hasta un 85% de postulantes que declaran querer ocuparse de manera independiente. Esto es particularmente visible en mujeres del 60% de menores ingresos, donde la posibilidad de controlar los propios tiempos de trabajo es mucho más valorada por la compatibilidad que se requiere para las tareas de cuidado.
Un siguiente tema por considerar tiene que ver con las trayectorias laborales de las personas de menores ingresos y, en este sentido, el impacto o consistencia laboral que se puede generar con políticas de activación laboral. Es decir, qué tan probable es que la oportunidad de empleo que se abrió para la persona sea significativa, de modo que la trabajadora o el trabajador proyecte en ella una posibilidad real de desarrollo. Lo que tenemos como panorama general dentro de los recorridos laborales de las personas de menores ingresos es, por un lado, un estancamiento que se visibiliza en una imposibilidad de generar saltos significativos tanto en el desarrollo de competencias, responsabilidad sobre las tareas y los ingresos generados. Desde lo subjetivo, esto implica una apreciación de no estar avanzando o generando nuevas herramientas laborales en un contexto de necesidades económicas apremiantes. Pero esto tampoco da cuenta explícita de el otro problema de fondo.
¿Por qué la formación es el eje clave para la reactivación laboral?
El problema de las trayectorias laborales estancadas abre la puerta a otros temas pendientes dentro de las políticas de desarrollo educativo y laboral de la población chilena. Como primer punto, son casi 5 millones las personas mayores de 15 años sin cuarto medio completo hoy en Chile. Demás está decir lo relevante que es ocuparse de este problema, entendiendo que poder contar con estudios completos es un primer paso para articular más y mejores oportunidades de desarrollo futuro. De forma adicional, la deserción o abandono escolar implica una serie de otras consecuencias. Emocionalmente, la persona presentará reacciones de miedo y frustración al acercarse nuevamente a los espacios de aprendizaje, especialmente si estos presentan mayor complejidad. A esto se suman también sensaciones de inseguridad sobre las propias capacidades que también es contraproducente para el desenvolvimiento en espacios de trabajo. En cuanto al desarrollo de competencias laborales, este es un obstáculo de la más alta relevancia, en tanto no se cuenta con una base sólida de capacidades de resolución de problemas ni comprensión de lectura media o avanzada. Las consecuencias de esto en la fuerza del país son evidentes desde hace años, donde en distintas mediciones Chile aparece como uno de los países con menor desarrollo de competencias laborales dentro de la OCDE, tal como lo reporta la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.
Complementariamente, el dinamismo de las exigencias del entorno laboral implica serias amenazas para las personas menos preparadas. Los avances en tecnología en diversos sectores productivos demandan de procesos de adaptación de competencias cada vez más responsivos y veloces. En este sentido, el Banco Mundial ya da pistas de la relevancia de los ciclos de la formación rápida para el trabajo para abrir oportunidades de actualización y reconversión laboral atingentes a los ritmos de las distintas industrias, particularmente para los grupos de trabajadoras y trabajadores de menor formación.
Una reactivación con sentido humano y con un compromiso público decidido
Por todas las razones ya expuestas, abordar el ciclo post-pandémico requerirá, necesariamente, de abrir oportunidades de formación dirigidas a los grupos con menor preparación educativa y más riesgos laborales y económicos. Asumir la realidad del piso en que partimos como país es del todo fundamental para poder obtener los mejores resultados en el corto, mediano y largo plazo. Lo primero, es comprender la relevancia que tiene para una persona adulta que ha dejado de estudiar el poder reencontrarse con el aprendizaje, superando las experiencias negativas pasadas y viendo, desde ahí, una nueva gama de posibilidades para poder actuar de una manera distinta en el mundo. Sin este componente socioafectivo no existe mucho lugar para un cambio laboral sostenible en el tiempo ni para la generación de trayectorias laborales incrementales en competencias y logros materiales. En este sentido, millones de personas aún ven desde muy lejos la posibilidad de integrarse a la industria del conocimiento y la ampliación tecnológica y digital de las fuentes laborales.
Como segundo punto, debe necesariamente observarse y reevaluar con seriedad la forma en que hoy se ejecutan los programas de formación laboral en Chile. Son de larga data las críticas al sistema de capacitación chileno, y la reacción de los distintos gobiernos no ha sido contundente en la materia. Hoy, en 2022, muchos de los problemas señalados por el Informe Larrañaga para el PNUD hace diez años siguen idénticos o, peor, se han profundizado. Los organismos privados de capacitación (OTEC comerciales) siguen ejecutando la mayoría de los recursos disponibles por franquicia tributaria, desarrollando formación que no está focalizada en los grupos de mayor riesgo laboral y sin contar, en ello, con algún tipo de control o regulación institucionalizada de la calidad educativa. Más allá, los privados han tomado parte también del Fondo nacional de capacitación a través de licitaciones que, en sus inicios, iban dirigidas exclusivamente a programas sociales ejecutados por fundaciones de capacitación (OTEC sin fines de lucro) que cuentan, por obligación normativa, con la infraestructura y equipos profesionales aptos para el trabajo con personas en situación de vulnerabilidad.
Para la nivelación de estudios, el panorama también resulta desafiante. Dada la magnitud del problema, son muchos más los esfuerzos necesarios para llegar a metas significativas y reducir, progresivamente, la brecha educativa que existe entre quienes no han podido terminar sus estudios formales y quienes hoy acceden a la educación superior. Esto toma forma práctica en los programas que se pueden empujar desde el Estado y una colaboración con distintas instituciones educativas que tengan las condiciones de base para asumir el desafío.
El camino a la mejora de condiciones de base y apertura de oportunidades para la formación y el empleo para quienes más lo requieren exige de una vista que complemente una visión proyectiva y otra de presente. La economía y el trabajo de este siglo presionan con fuerza a la generación de espacios donde quepan todas y todos, donde las acciones para quienes se encuentren en mayor desventaja sean rápidas, efectivas y duraderas. Y en este escenario, la perdurabilidad de los cambios dependerá fundamentalmente de cómo nos educamos.
