Opinión
En las últimas semanas son varios los medios que a través de sus columnistas expresan cierta aprensión ante el hecho de que, por momentos, pareciera que la futura Constitución se estuviera planeando para ser aplicada siempre en gobiernos de la misma vertiente o signo político de la actual mayoría. Ante esta impresión quisiéramos aportar con otro ejemplo. La Comisión de Sistemas de Conocimiento de la Convención Constitucional aprobó: “el Estado fomentará el acceso de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas. Asimismo, incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias”. Esto es positivo y se condice con la ley del ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y, antes, con la Ley 19.227. Aunque con ello emergen tres asuntos que emplazan al mundo de la cultura y la educación: la necesidad país de fomentar la lectura, las bibliotecas públicas y, tercero, la producción y comercialización de libros. Fomentar la lectura no es imprimir ni vender más libros, sino lograr que las personas incorporen la lectura a su vida. El puro crecimiento mercantil, sin una política pública de creación y fomento, profundiza la desigualdad, concentrando en pocas personas el saber y el placer de leer. La promoción de las bibliotecas públicas debe ir en paralelo y el desarrollo tecnológico de mayor cobertura y acceso hoy lo representa la Biblioteca Pública Digital (BPD), con además menores costos de producción y acopio. La cobertura digital y el uso de celulares y tabletas es transversal, más aún después los dos años de teletrabajo y educación.
Adicionalmente la Comisión aprobó que la ley dispondrá la creación de una “editorial estatal” y “la producción y comercialización de libros de cualquier formato estará exenta del impuesto al valor agregado (IVA) en todas sus etapas”. Existen estudios sobre el efecto de la rebaja del 15,96% en el precio de venta y ninguno ha sido concluyente. Lo que sí está claro es que si el libro queda exento en todas sus etapas, podría hacer quebrar a las librerías, puesto que ellas no podrán descontar el IVA que pagan, por ejemplo, por el arriendo de los locales. El arriendo subirá entonces en un 19%, uno de los costos fijos más importante del negocio. Las grandes cadenas están principalmente en centros comerciales y la posibilidad de renegociar contratos es prácticamente nula. Por último, en el eventual caso que esto funcione, la demanda de libros es inelástica; ante una disminución de precio tan reducido como el indicado, inicialmente bajarían y luego volverían a los valores de antes. Hasta donde sabemos, ninguna asociación gremial del libro ha perseverado en este tema.
Finalmente, ante esta iniciativa, algunos nostálgicos sienten el llamado a resucitar la editorial Quimantú, medio siglo después en un país donde no se produce papel y dependemos de precios y distribución global, una aspiración y una solución para resolver no sabemos qué. Sería largo incluir todos los peros, aunque el más delicado es saber quién o quiénes establecerán qué libros serán publicados y cuáles los criterios. Quién asumirá las eventuales pérdidas y dónde irán los libros que no se vendan. En la industria editorial, se hacen apuestas, por autores, por textos o por ambos. Nadie tiene derecho a hacer apuestas con recursos del Estado. ¿Es necesaria una editorial estatal cuando el problema en Chile son los hábitos de lectura, no de oferta de los libros, ni de precio? Los libros en las bibliotecas son gratis y su demanda, sin duda, puede crecer.
