Opinión
Claudia y Mateo son dos adolescentes que nacieron en hogares con realidades distintas, por lo que vivieron la pandemia de forma desigual. Claudia, que pertenece a una familia de altos ingresos, matriculada en un colegio particular pagado, pudo asistir a su colegio el 52% del año desde octubre 2020 hasta octubre 2021, razón por la que, en comparación a un año normal, perdió el 12,4% de las enseñanzas. Mateo, por su parte, que vive en un hogar de escasos recursos, asiste a un establecimiento público y solo pudo asistir el 28% del año, por lo que perdió el 68,4% de los aprendizajes.
Dada la desigual calidad de la educación que existe en Chile, según el tipo de establecimiento (público, particular subvencionado o particular pagado), las oportunidades de ambos eran, previo a la pandemia, distintas. A esta injusta situación, se añade el terremoto educacional que significaron los cierres de escuelas para los aprendizajes y oportunidades, principalmente para los estudiantes de entornos vulnerables pobres y que asisten a establecimientos municipales.
A lo largo de Chile hay muchos Mateos, cuyas posibilidades para ser los arquitectos de su propio destino fueron profundamente dañadas. En promedio, los establecimientos públicos pasaron desde octubre del 2020 hasta octubre del 2021, el 72% del tiempo cerrados, mientras que los particulares pagados se mantuvieron abiertos el 52% del tiempo; mientras en los primeros un 69,2% de la matrícula pertenece a los dos primeros quintiles de ingreso, en los segundos el 61,2% de los estudiantes son del quinto quintil (Casen 2017).
Ahora bien, la pérdida de aprendizajes señalada es solo una estimación, ya que a la fecha no existen datos estandarizados para que las autoridades, los profesores y apoderados puedan conocer con certeza el efecto que la pandemia tuvo no solo en aprendizajes, sino también sobre factores socioemocionales. La prueba SIMCE es un instrumento útil para estos efectos, ya que además de medir el aprendizaje, ser estandarizada y comparable con sus versiones anteriores, incluye indicadores de autoestima académica y motivación, clima de convivencia escolar, participación y formación ciudadana, entre otros. En ese sentido, suspender su aplicación este año aludiendo a la situación socioemocional, parece un contrasentido, ya que permitiría levantar información sobre ese tema comparándola con resultados anteriores.
Se entiende que el SIMCE genere resquemor en los profesores, dado a que se asocia a sanciones, posibles cierres de escuelas y una evaluación a su gestión cuando sabemos que no son ellos los que manejan todos los factores de la formación de sus estudiantes, especialmente tras dos años de no haberlos visto en forma continua. Es necesario reenfocar las medidas que se toman con esta evaluación, pero no eliminarla al menos hasta contar con el nuevo plan de evaluaciones que ha anunciado el ministerio.
Hoy, contar con información sobre el daño que ha generado este terremoto es vital. Para generar apoyos a quienes más lo necesitan, movilizar recursos y apoyar a los educadores en la difícil tarea de reconstruir. No todas las brechas generadas por la pandemia lograrán ser cerradas, pero esto no puede significar la renuncia a la construcción de un país más justo, donde la cuna no determine el destino de sus habitantes. Un primer paso en este dificultoso camino consiste en generar datos que permitan a la sociedad civil y al Estado cooperar para encontrar el norte en medio de esta larga tormenta. No debemos perder la brújula cuando las oportunidades de millones de niños, niñas y adolescentes dependen de una acción urgente y decidida, propia de una catástrofe educativa como a la que hoy asistimos.
