En el Día Mundial contra la Trata de Personas

Con la implementación de nuevas políticas migratorias se ha exigido que nacionales de ciertos países deban ingresar a Chile con una residencia aprobada desde su país de origen, como es el caso de venezolanos, haitianos, cubanos, entre otros, quienes, enfrentados a las dificultades para presentar sus solicitudes de residencia, las demoras de tramitación de estas, o a los cierres masivos, sumado esto a la necesidad impostergable de salir de su país, se han visto obligados a ingresar a Chile por pasos no habilitados.

Desde 2018 ha ingresado a Chile la poderosa megabanda criminal transnacional venezolana, llamada “El Tren de Aragua”, que participa en la trata de personas, extorsión, secuestros, narcotráfico, entre otros, en gran parte de Latinoamérica. En nuestro país han retenido a personas mediante el uso de la fuerza u otras formas de coerción, para obligarlas a desplegar una conducta o servicios, comúnmente sexuales y de tráfico de drogas. Las víctimas de esta organización de crimen organizado transnacional, entre ellas niños y niñas, son captadas tanto en los países en que residen como en su camino a Chile o en las fronteras, aprovechándose de su vulnerabilidad.

La Ley 21.325, nueva ley de Migración y Extranjería, en su artículo 7°, reconoce la especial preocupación en promover una migración segura, ordenada y regular, junto con las acciones que buscan prevenir, reprimir y sancionar tanto el tráfico ilícito de migrantes como la trata de personas, velando por la persecución de quienes cometan estos delitos.

[cita tipo=»destaque»]Con la dificultad para el ingreso regular estamos apoyando directamente a los grupos delictivos transnacionales, que bien sabemos son una grave amenaza a nuestra seguridad nacional.[/cita]

Por su parte, nuestra ley de refugio, Ley 20.430, en su artículo 2º, considera que tienen derecho a que se les reconozca la condición de refugiados, entre otros, a quienes hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad sean amenazadas por violencia generalizada y violación masiva de los derechos humanos, situación que difícilmente podemos negar que sí ocurre en estos países de origen, y de los que provienen la mayoría de los migrantes que ingresan actualmente a Chile. Sin embargo, a pesar de lo anterior, según datos del Servicio Nacional de Migraciones, entre el 2010 y el 2021 se registraron 21.847 solicitudes de refugio, reconociéndose en el mismo periodo solo 701 solicitudes de refugio.

Creemos que no podemos lograr una migración ordenada, segura y regular, remando precisamente en el sentido contrario, al dificultar el ingreso regular de migrantes con requisitos prácticamente imposibles de lograr para ellos, o imposibilitando que se les reconozca el estatuto de refugiado. Si bien –en teoría– podrían solicitar que se les reconozca la condición de refugiados, en la práctica sabemos que, por el alto estándar probatorio y por los largos tiempos de procesamiento, se torna casi imposible que se les conceda, propiciando que en su camino a Chile se vuelvan víctimas de coyotes y otras bandas de traficantes y tratantes.

Con la dificultad para el ingreso regular estamos apoyando directamente a los grupos delictivos transnacionales, que bien sabemos son una grave amenaza a nuestra seguridad nacional. Quizás es momento de cuestionarnos si el propósito de implementar altas exigencias de ingreso y rígidas medidas administrativas para lograr la condición de refugiado, han resultado efectivamente en medidas para evitar el ingreso y la permanencia irregular en nuestro país, o más bien han logrado el efecto contrario, dándoles la bienvenida cordial a bandas de tratantes y traficantes, como son los también llamados “Malditos del Tren de Aragua”.