Opinión
Según cálculos muy generales (y sin la intención de ser riguroso), pero que sirven para dar un contexto, podemos concluir que, de ganar el Rechazo, vamos a pasarnos, al menos, 2 años más discutiendo, exactamente, los mismos temas que llevamos 2 años conversando. Esto, además, va a significar un importante costo al país, sin contar todo lo que vamos a dejar de hacer en este tiempo, por ejemplo, las reformas de pensiones, Isapres, Carabineros, etc. Lo anterior, asumiendo que el nuevo proyecto no se rechaza, en cuyo caso, todo esto habría que multiplicarlo por 2. Me pregunto: ¿valdrá la pena todo este esfuerzo para terminar cambiando de la actual propuesta constitucional “plurinacionalidad” por “multiculturalidad”, “precio justo” por “precio de mercado”, agregar un par más de jueces al Consejo de la Justicia, cambiar el nombre de la Cámara de las Regiones por Senado y añadirle algunas de atribuciones más? Juzgue usted.
En esta columna voy a hacer el ejercicio de ponerme en el escenario de que gane el Rechazo. Aclaro que es un escenario que no deseo y que, pese a lo que dicen las encuestas, me parece que no se va a dar. Sin embargo, creo que es necesario hacer este ejercicio porque de alguna forma la discusión pública ha dado por sentado que, si gana el Rechazo, va a ser muy fácil llegar a una nueva Constitución, pero no se habla mucho de los contenidos que tendría esa nueva propuesta, ni de los plazos, procedimientos y costos involucrados para llegar a ella. Es como que la nueva propuesta de Constitución (de ganar el Rechazo) nos caerá del cielo (con amor, eso sí, de eso no hay duda, al parecer). Veamos si eso es cierto.
Si el 4 de septiembre gana el Rechazo, a partir del 5 de septiembre se abren muchas alternativas, pero voy a dar por supuesto que se va a cumplir la promesa electoral de la franja del Rechazo (y de muchos personeros de la derecha) de iniciar, lo antes posible, el proceso para dejar sin efecto la Constitución del 80 y cambiarla por una nueva. Bajo esa hipótesis, el Presidente Boric tiene 2 alternativas: puede llamar, directamente, a una elección de los nuevos constituyentes, haciendo aplicables los artículos 130 y ss. de la Constitución del 80, o llamar a un plebiscito para que la ciudadanía elija si es que la nueva Constitución la va a redactar una asamblea constituyente, un grupo de expertos o el Congreso Nacional (que es la propuesta que circula por parte de la derecha y los DC díscolos). Si el Presidente opta por la alternativa del plebiscito, desde que se inicia el proceso hasta que se obtienen los resultados oficiales, pasarían alrededor de 90 días.
Imaginémonos que en el plebiscito gana la opción convención constituyente para redactar la Constitución (de hecho, si gana comisión de expertos, el análisis es parecido). En ese caso, va a haber que llamar a elecciones con todo el procedimiento que ello implica, es decir, definir los(as) candidatos(as), las listas, el periodo de campaña, la elección y la posterior calificación de las elecciones. Más o menos estamos hablando de 180 días (probablemente me estoy quedando muy corto).
[cita tipo=»destaque»]Aparte del cronograma que habría si ganara el Rechazo, creo que es muy importante analizar el retraso que el nuevo proceso constituyente significaría para todas aquellas políticas públicas que vamos a dejar de discutir.[/cita]
Perfecto, después de 270 días (es decir, alrededor de 9 meses), estaríamos listos para que los(as) nuevos(as) constituyentes o los(as) expertos(as) constitucionales comiencen su trabajo de redactar la nueva Constitución. Pensemos que lo van a hacer muy rápido, digamos, 9 meses. Excelente, tenemos la nueva Carta Magna y 2 meses después vamos a tener el plebiscito ratificatorio. Creo que hay que agregar a estos plazos unos 6 meses por las discusiones políticas que necesariamente va a haber en el Parlamento, que van atrasando los plazos (más los “eneros y febreros” que nos toquen). En resumen, alrededor de 2 años después (probablemente sea bastante más) y luego de 2 nuevas elecciones, vamos a ser capaces de estar en condiciones de votar la nueva propuesta de Constitución, sin tener, eso sí, ninguna claridad de que esta se apruebe.
Me parece que el tema de la supuesta fácil “aprobación” de la nueva propuesta merece un párrafo aparte. Según las encuestas, casi la mitad del país va a votar Apruebo. Si gana el Rechazo, el nuevo proceso va a tener muchos(as) “viudas y viudos” del proceso anterior, quienes van a querer que los temas que los llevaron a votar Apruebo se mantengan en la nueva propuesta. Por otra parte, los hoy partidarios del Rechazo, van a argumentar que esos temas no deberían quedar en la nueva propuesta. Además, la carrera presidencial va a estar empezando y los(as) precandidatos(as) se van a tener que pronunciar sobre el nuevo texto. Eso va a hacer que el tema se politice aún más. Todo esto será un añadido al ambiente de crispación política que se ha normalizado en el país desde hace varios años. En fin, no quiero ser pesimista, pero creo que, si uno mira con un poco de realismo el escenario político en Chile, cuesta mucho asumir la tesis de que la eventual nueva propuesta constitucional tendría el Apruebo en el bolsillo (eso es lo que pensaba David Cameron cuando llamó al plebiscito sobre la permanencia del Reino Unido en la UE y pasó, rápidamente, de ser “promesa de la política inglesa” a “viejo crack”).
Aparte del cronograma que habría si ganara el Rechazo, creo que es muy importante analizar el retraso que el nuevo proceso constituyente significaría para todas aquellas políticas públicas que vamos a dejar de discutir por tener copada la agenda pública en los temas propios de la Constitución, por ejemplo, la reforma previsional, la reforma a las Isapres, la reforma a Carabineros y un largo etcétera. Al margen de si esas reformas fundamentales para el desarrollo del país se pueden llevar a cabo o no con la actual Constitución (la del 80), no cabe duda que es muy difícil avanzar en ese tipo de reformas cuando, en paralelo, se están discutiendo las bases del sistema sobre el que se van a aplicar estas políticas públicas.
Por último, otro tema que no es menor tiene que ver con el costo que conllevaría este nuevo proceso constituyente. Según estimaciones generales (acá, al igual que con los plazos, no pretendo ser riguroso, sino solo poner el tema en la mesa), los gastos de la Convención Constitucional bordearon los 22 mil millones de pesos (link), además cada plebiscito significa un gasto para el Estado de alrededor de 30 mil millones de pesos; voy a asumir que la elección de los constituyentes vale lo mismo que un plebiscito (probablemente no). Tendríamos 2 plebiscitos más la elección de constituyentes, eso nos daría 90 mil millones de pesos (link). Por tanto, un aproximado poco riguroso de los gastos que significaría este nuevo proceso constitucional sería, más o menos, 112 mil millones de pesos. Todo esto sin contar el costo para el país de políticas públicas inconclusas y las inversiones que se dejan de realizar por la incertidumbre del proceso.
En resumen, según cálculos muy generales (y sin la intención de ser riguroso), pero que sirven para dar un contexto, podemos concluir que, de ganar el Rechazo, vamos a pasarnos, al menos, 2 años más discutiendo, exactamente, los mismos temas que llevamos 2 años conversando. Esto, además, va a significar un importante costo al país, sin contar todo lo que vamos a dejar de hacer en este tiempo, por ejemplo, las reformas de pensiones, Isapres, Carabineros, etc. Lo anterior, asumiendo que el nuevo proyecto no se rechaza, en cuyo caso, todo esto habría que multiplicarlo por 2. Me pregunto: ¿valdrá la pena todo este esfuerzo para terminar cambiando de la actual propuesta constitucional “plurinacionalidad” por “multiculturalidad”, “precio justo” por “precio de mercado”, agregar un par más de jueces al Consejo de la Justicia, cambiar el nombre de la Cámara de las Regiones por Senado y añadirle algunas de atribuciones más? Juzgue usted.
