Opinión
La situación actual de las y los migrantes es compleja en diversos niveles. En el ámbito laboral, muchos se han ido integrando a la actividad económica, pero en la medida que no logran homologar sus niveles educacionales, terminan optando por trabajos de carácter informal. Laboralmente, las personas migrantes se dividen drásticamente entre quienes tienen mayor escolaridad (39,8%) y quienes tienen menos (60,2%), según datos del INE.
De hecho, según el Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP, en la zona norte del país casi la mitad de las personas extranjeras que trabaja lo hace de manera informal. En Arica y Parinacota esta cifra llega al 48,6%.
Sumado a esto, un reciente estudio del Servicio Jesuita a Migrantes, “Casen y Migración: Avances y brechas en el acceso a salud de la población migrante residente en Chile”, reveló que un 20% de extranjeros sin redes de apoyo institucional no tiene acceso a salud.
Una forma de atender esta problemática ha sido a través del acceso a instancias de formación para el trabajo e intermediación laboral, con proyectos como el programa de inclusión social y habitación laboral, buscando formar para el trabajo e intermediar laboralmente a 1.000 personas dentro de las comunas del sur de la RM, pero que claramente no dan abasto para abarcar una mayor dimensión de la población afectada.
La falta de apoyo y dificultades para regularizar la documentación priva de condiciones mínimas a miles de personas diariamente en nuestro país, pero, también, limita la ampliación del mercado laboral e impide un aporte sustantivo a la economía de Chile. Necesitamos urgentemente reforzar redes institucionales que permitan orientar en forma conjunta, en temas de salud, trabajo y vivienda, a quienes hoy más lo necesitan.
