Opinión
Chile demanda garantías efectivas, no discursivas, de un proceso legítimo y altamente representativo. Esto requiere considerar personas cuyos conocimientos y experiencias incorporen a la discusión variables regionales que dan cuenta de inequidades y de un centralismo que, nueva Constitución mediante, ya es hora de remediar.
Chile es sus regiones, donde vive la mayor parte de la población, donde se generan sus riquezas, aportadas por miles de personas que impulsan la minería, agricultura, energía, comercio y tantas otras áreas. Donde sus paisajes naturales y humanos son la postal que presenta el país ante el mundo. De ellas provienen y han vivido nuestros premios Nobel, artistas, intelectuales, obreros, técnicos, profesionales, científicos(as) y pueblos originarios. Hombres y mujeres que con su esfuerzo han forjado el desarrollo de esta “fértil provincia y señalada”, como la describiera Ercilla.
Chile es también una historia ingrata que, desde los inicios de la república, ha cimentado desigualdades, una aguda concentración territorial de población, recursos y actividades, un implacable centralismo social y político y, sobre todo, una cultura que persistentemente ignora o subestima las capacidades de mujeres y hombres que viven fuera de la capital.
Recientemente se generó un amplio acuerdo político para retomar el proceso constituyente destinado a enmendar y superar anomalías que tensionan nuestra comunidad y limitan los esfuerzos de desarrollo. Valoramos que el denominado Consejo Constitucional, integrado por 50 consejeros(as), sea electo por la ciudadanía, permitiendo la presencia de representantes de todas las regiones, incluidos pueblos originarios.
Pero vemos con preocupación, y en esto la historia nos respalda, que en la conformación de las dos instancias técnicas previstas, el centralismo metropolitano nuevamente cobre plena vigencia, marginando o dando espacios meramente simbólicos a personas que representen la diversidad de las comunidades, de saberes y territorios de nuestro país.
Compartimos que la comisión experta tenga una composición paritaria. Las universidades regionales han sido principales impulsoras de la equidad de género. Pero, el concepto genérico de “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”, y elegidos en proporción a las fuerzas políticas en el Senado y Cámara, despiertan el justificado temor de que se reediten esquemas con personas cuya experiencia vital y laboral se resuma en unas pocas comunas metropolitanas. Similar preocupación tenemos respecto del Comité Técnico de Admisibilidad.
Seria incomprensible que la “casa de todos”, como se aspira sea la nueva Constitución, ignore la perspectiva regional, la que da cuenta de las inquietudes y sueños del 60% de las chilenas y los chilenos, todo ello en un país que se enorgullece de su diversidad territorial.
Chile demanda garantías efectivas, no discursivas, de un proceso legítimo y altamente representativo. Esto requiere considerar personas cuyos conocimientos y experiencias incorporen a la discusión variables regionales que dan cuenta de inequidades y de un centralismo que, nueva Constitución mediante, ya es hora de remediar.
Finalmente, reiteramos una vez más, la completa disposición de las 22 universidades regionales que conforman AUR, de sus más de 20.000 académicas y académicos para aportar en este magno desafío por el desarrollo de Chile, en todo Chile y con y para todas y todos los chilenos.
