Opinión
¿Están las dos derechas realmente interesadas en construir una nueva Constitución que refleje las aspiraciones de todos los chilenos? ¿O están utilizando su mayoría para imponer una agenda política ultraconservadora que contradice los principios democráticos y socava los derechos fundamentales? ¿A qué juegan la extrema derecha secundada por la derecha tradicional en el Consejo Constituyente, si parece que están poniendo todos los esfuerzos en que se rechace el nuevo texto para mantener la actual Constitución que conserva su ideología y mantiene la desigualdad?
El actual proceso de redacción de una nueva Constitución en Chile, a primera vista, prometía un cambio significativo en la política del país y una oportunidad para dar voz a las diversas perspectivas de la sociedad chilena. Sin embargo, a medida que avanza, queda cada vez más claro que la sombra del Partido Republicano, fuerza que emergió como la más votada en las elecciones del Consejo Constitucional, definió el rumbo que tomó este proceso y el futuro de la democracia chilena.
Este fenómeno no ocurre en aislamiento. A nivel internacional, hemos visto el auge de movimientos y partidos de extrema derecha que desafían los valores democráticos. La situación en Chile no es ajena a esta tendencia global y es importante analizarla en ese contexto.
En una democracia legítima, se espera que los representantes escuchen y consideren las voces de todos los sectores y minorías. Sin embargo, la abrumadora mayoría de los republicanos, que parecieran manejar a la derecha tradicional, ha dado lugar a una convergencia desconcertante, formando un bloque ultraconservador y regresivo.
Están jugando un juego político peligroso que amenaza con socavar los principios democráticos y los derechos fundamentales que han costado tanto conseguir en Chile. Los republicanos nunca han ocultado su falta de entusiasmo por cambiar la Constitución; más bien, han mostrado un interés claro en mantener la Constitución de Pinochet y el statu quo, que afecta la convivencia social.
El contenido propuesto hasta el momento también genera preocupaciones sustanciales. Muchas de las normas que se están debatiendo buscan imponer una ideología conservadora y negacionista que contradice los valores democráticos y los derechos humanos. Este enfoque regresivo es un evidente retroceso en términos de derechos y libertades en Chile, y pone en peligro los avances que la sociedad chilena tanto anhela.
Algunas de las enmiendas aprobadas en las comisiones del Consejo Constitucional son muestra de ello. El aumento de la edad mínima para ser Presidente de 35 a 40 años parece una decisión que limita las oportunidades de liderazgo de los jóvenes. La aprobación de objeción de conciencia institucional abre la puerta a la discriminación en sectores como la salud y la educación. La eliminación del pago de contribuciones de la primera vivienda es un golpe a la equidad tributaria y beneficia a los más ricos. El rechazo a una norma que abordaría el cambio climático y la exclusión de la justicia medioambiental es un retroceso flagrante en un momento en que el mundo necesita acciones concretas para abordar la crisis climática. Estas enmiendas afectarían profundamente la vida cotidiana de los chilenos y representan un retroceso en sus derechos y libertades.
Además, la negativa a extender los principios y exigencias de probidad al sector privado y la aprobación del derecho de propiedad de los fondos previsionales y la libre elección de la institución administradora benefician a intereses corporativos, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos. La disposición que permite la concesión de bienes nacionales de uso público y la eliminación de la prohibición de concesionar hidrocarburos líquidos o gaseosos son pasos hacia la privatización de recursos naturales esenciales para el país.
Con todo lo anterior, también resulta paradójico el silencio ensordecedor de aquellos que, en el plebiscito anterior, abogaban con vehemencia por rechazar el texto constitucional propuesto y clamaban por una “nueva y buena Constitución” o “una que nos una”. Sin embargo, en la actualidad, parecen haber abandonado sus principios y compromisos previos, lo que plantea serias dudas sobre la sinceridad de sus llamados y sus verdaderas motivaciones.
¿Están las dos derechas realmente interesadas en construir una nueva Constitución que refleje las aspiraciones de todos los chilenos? ¿O están utilizando su mayoría para imponer una agenda política ultraconservadora que contradice los principios democráticos y socava los derechos fundamentales? ¿A qué juegan la extrema derecha secundada por la derecha tradicional en el Consejo Constitucional, si parece que están poniendo todos los esfuerzos en que se rechace el nuevo texto para mantener la actual Constitución que conserva su ideología y mantiene la desigualdad?
La Constitución que se está gestando bajo estas circunstancias no refleja los ideales democráticos que el país merece. Más bien, parece ser un juego político que amenaza con socavar la democracia y los derechos que tanto le costaron al país alcanzar, para imponer un Estado conservador y alejado de la realidad nacional. La ciudadanía chilena debe mantenerse alerta y comprometida con la defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales en este momento crítico de nuestra historia. La Constitución que realmente se necesita no es la que se está produciendo en estas condiciones, sino una que refleje verdaderamente el espíritu diverso y democrático de Chile. El futuro del país depende de ello.
