¿Transición peruana? Desafíos y peligros

Las elecciones peruanas han concluido. Con el reconocimiento de Roberto Sánchez, Keiko Fujimori se perfila como la presidenta electa, y el nuevo gobierno asumirá el 28 de julio, en poco más de tres semanas. Este desenlace, sin embargo, abre más interrogantes que certezas.

La primera gran decisión de la nueva mandataria será la conformación de su gabinete. Gobernará únicamente con su partido, Fuerza Popular, apoyada por algunos técnicos, ¿o incorporará a las fuerzas que la respaldaron en la segunda vuelta? Es crucial recordar que Keiko obtuvo apenas el 17% de los votos en la primera ronda y que su triunfo en la segunda fue por un margen estrecho, con el apoyo de un sector que no votó por ella inicialmente. En otras palabras, se sustenta en “votos prestados”, un capital político frágil que deberá administrar con extremo cuidado.

El desafío es mayúsculo, y no habría sido menor si Sánchez hubiera ganado. La polarización es evidente: cerca de la mitad de la población percibe a la nueva presidenta como una amenaza. Pero como hemos señalado en otras columnas (https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2026/04/19/peru-mas-de-lo-mismo/) el escenario no se reduce a la política partidaria. La sociedad peruana está atravesada por clivajes profundos: la tensión entre Lima y las regiones, y la persistente herencia racista y clasista que se arrastra desde el Virreinato.

El título de esta columna puede resultar provocador, pero es pertinente. Una transición política supone el paso de un régimen a otro. ¿Gobernará Keiko Fujimori con un rumbo que implique un cambio de régimen? Al observar la realidad, constatamos que Perú vive desde hace años un régimen parlamentario de facto, con un presidencialismo meramente formal. La prueba más contundente es la sostenida rotación de presidentes “vacados” por un Congreso que, hasta ahora, ha sido controlado por una alianza de partidos donde Fuerza Popular ha tenido un lugar protagónico, bajo el liderazgo indiscutido de la actual presidenta electa.

Se podría argumentar que la restitución del Senado, que pone fin a la era de la Asamblea Unicameral instaurada por Alberto Fujimori, representa un cambio. Es cierto. Pero también lo es que muchos de los actuales y cuestionados representantes, eludiendo las normas de no reelección, han logrado ser elegidos senadores. Uno de los rasgos distintivos de este régimen ha sido la subordinación de los otros poderes del Estado, mediante la vacancia presidencial y el control de la mayoría de los órganos judiciales. ¿Se revertirá esta tendencia? Esa es la gran incógnita.

Las dudas económicas

El fragor de la campaña no permitió un debate programático a fondo. Pero hay una evidencia ineludible: una sociedad con un 70% de informalidad no funciona bien. Esta afirmación cuestiona el lugar común que algunos pretenden instalar: que en Perú la economía funciona bien a pesar de la política. Es cierto que el sol mantiene su paridad con el dólar, que hay reservas abundantes y que la inflación está controlada. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué Perú no crece a las tasas del pasado y se mantiene estancado?

Una respuesta se encuentra en el riesgo país: la política le está pasando una factura cada vez más alta a la economía. A esto se suma el déficit fiscal, alimentado en gran parte por un Congreso clientelar que ha dictado numerosas leyes que afectan las arcas públicas. No todo es controlar la inflación; las autoridades también deben preocuparse por cómo estimular la reactivación. Tampoco es un problema exclusivamente peruano; Chile padece algo similar, no solo bajo la actual administración. Recordemos que ambos países son los principales productores de cobre, que alcanza precios históricos, pero el desafío sigue siendo la distribución del ingreso y el malestar que su concentración provoca.

La despedida autoritaria del Congreso: el caso Gorriti

El actual Congreso unicameral está de salida; de hecho, desde abril ya se eligió el nuevo Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Congreso saliente, con una aprobación ciudadana ínfima, ha prorrogado sus sesiones para aprobar acuerdos de última hora, similares a las “leyes de amarre”. Lo más alarmante es la aprobación del informe de la llamada “Comisión Muñante”.

Esta comisión, presidida por el parlamentario Muñante, de Renovación Popular —un partido de extrema derecha que ha cogobernado junto al fujimorismo y el oportunista Perú Libre—, emitió hace unos días su informe final sobre uno de los casos de corrupción más sonados en el país: el caso Lava Jato, que destapó los oscuros manejos de Odebrecht en Perú. Cabe recordar que los propios ejecutivos de la empresa reconocieron los hechos y confesaron ante la justicia peruana.

En su informe, el congresista Muñante y sus colegas recomiendan presentar denuncias penales contra fiscales y contra el periodista Gustavo Gorriti, uno de los más destacados investigadores del continente, merecedor de numerosos reconocimientos internacionales y académicos. No es la primera vez que Gorriti se enfrenta a los enemigos de la libertad de prensa. En 1992, durante la dictadura fujimorista, fue secuestrado por los servicios de inteligencia, y sólo una vasta campaña de solidaridad logró rescatarlo.

La postura de Muñante no es un hecho aislado. El líder de su partido, Rafael López Aliaga, derrotado candidato presidencial, declaró en televisión abierta: “hay que cargárselo de una vez al caballero”. Muchos analistas consideran que el nuevo gobierno podría pactar algún tipo de entendimiento con esta fuerza, tal como lo han hecho en el Congreso actual.

Tuve la oportunidad de sostener una larga y enriquecedora conversación con Gustavo Gorriti en su oficina hace algunas semanas. Me llamaron poderosamente la atención las estrictas medidas de seguridad en el local del Instituto de Defensa Legal (IDL), que él dirige. Ahora comprendo plenamente sus reflexiones sobre la necesidad de proteger el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, pilares fundamentales de la democracia.

El “Informe Muñante” no ha pasado desapercibido. Su aprobación ha sido denunciada por la Sociedad Interamericana de Prensa, y decenas de voces en diversos países han exigido la debida seguridad para Gorriti (https://drive.google.com/file/d/1c_tkCiGHrkQ3QsFGk1NzTWM9XKUDiG0K/view). Gobernar para todos, proteger el Estado de derecho y combatir los fundamentalismos son elementos esenciales para preservar nuestra democracia. En ese marco, el “querer cargarse a alguien” debe ser no solo condenado, sino desterrado de la política.