La protección de datos y el costo de llegar tarde

La eventual postergación de la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, prevista para el 1 de diciembre de 2026, ha abierto un debate centrado en plazos, cronogramas y en las dificultades para constituir la Agencia de Protección de Datos que deberá fiscalizar su cumplimiento. Sin embargo, mientras la discusión pública gira en torno a fechas y nombramientos, existe una pregunta mucho más relevante que sigue sin encontrar respuesta: ¿Están realmente preparadas las organizaciones chilenas para operar datos, considerado uno de los activos más valiosos?

La situación recuerda a quienes concentran toda su atención en la fecha de un examen sin preocuparse de estudiar los contenidos que serán evaluados. La puesta en marcha de una norma es importante, pero no el desafío central. Lo prioritario hoy es comprender cómo las empresas, instituciones y profesionales se están preparando para un escenario en que la protección de datos dejará de ser una buena práctica para convertirse en un imperativo legal.

La discusión cobra aún más relevancia en un contexto marcado por la expansión acelerada de la inteligencia artificial. Cada vez más organizaciones utilizan sistemas que procesan grandes volúmenes de información para automatizar decisiones, mejorar procesos o desarrollar nuevos productos y servicios. En este escenario, la protección de datos ya no puede entenderse como una obligación aislada del área legal o de cumplimiento. Se trata de un elemento central para construir confianza, asegurar la sostenibilidad de la innovación y resguardar los derechos de las personas.

Sin embargo, los avances aún parecen insuficientes. La encuesta de PwC Chile y la Fundación Generación Empresarial mostró, hace algunos meses, que las principales preocupaciones de las empresas eran las multas (16%), el impacto reputacional (14%) y las dificultades de implementación (14%). Es decir, gran parte de la atención continúa puesta en las consecuencias de la regulación y no necesariamente en las capacidades necesarias para cumplirla.

Más preocupante aún es la percepción sobre el nivel de preparación de las propias organizaciones. Apenas un 13% de los ejecutivos considera que su empresa está muy preparada para enfrentar este nuevo escenario. Un 54% se declara medianamente preparado y un 33% reconoce estar poco preparado. 

De ahí que el foco debiera estar en acelerar la formación de profesionales especializados, fortalecer los programas de cumplimiento, desarrollar modelos de gobernanza para el uso responsable de la inteligencia artificial e incorporar la privacidad como parte de la cultura organizacional. Las empresas que entiendan este desafío como una oportunidad para generar confianza y diferenciarse competitivamente serán las que mejor posicionadas estarán cuando la ley entre en vigor, sea en diciembre de este año o más adelante.

Porque al final del día, la pregunta no es cuándo comenzará a exigirse el cumplimiento de la norma ni quién ocupará los cargos de la futura agencia, sino más bien, si las organizaciones se están preparando adecuadamente para una implementación eficaz y oportuna. Si estamos construyendo hoy las capacidades, procesos y convicciones necesarias para cumplir y hacer frente a un entorno cada vez más cambiante en medio de una ley que hoy está a la vuelta de la esquina.