La televisión pública en el siglo XXI

El debate sobre el futuro de la televisión pública vuelve a instalarse con una pregunta que se repite una y otra vez: ¿debe el Estado hacerse cargo de un medio de comunicación de estas características? Esto parece razonable, pero quizá el problema radique en cómo hemos formulado la interrogante.

Sin embargo, la cuestión de fondo es otra: qué valor público pretende producir un medio de esta naturaleza. No es una discusión menor; se trata de un dilema sobre la democracia, la cultura, la cohesión social y el papel que queremos frente a una transformación tecnológica que está cambiando radicalmente la manera en que producimos y consumimos contenidos.

Cuando esta discusión aterriza en Chile, a propósito del devenir de un canal como TVN, el análisis no debería comenzar solo preguntándose por su rentabilidad, sino qué sentido institucional y de país cumple. La democracia necesita instituciones capaces de generar bienes públicos: justicia independiente, parlamento, universidades, bibliotecas, archivos y medios orientados a ofrecer información confiable a ciudadanos que tienen derecho a formarse su propia opinión. Nadie cuestiona el valor histórico, cultural y patrimonial de instituciones como la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Santiago, el Museo Nacional de Bellas Artes o el propio Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), espacios donde lo público y lo privado conviven y se relacionan de manera armónica bajo una clara visión de Estado.

¿Por qué la televisión pública no puede aspirar a ese mismo estándar de excelencia e identidad? Esto no significa defender estructuras estatales por el solo hecho de ser públicas. Al contrario: un medio público solo es legítimo si demuestra que aporta algo que el mercado no está obligado a producir. Su valor no se reduce al rating ni al beneficio publicitario, sino a la calidad de la conversación pública, al acceso a contenidos de ciencia, artes y tecnologías que de otro modo desaparecerían, y a la posibilidad de reconocernos como sociedad. Asimismo, la televisión pública cumple un rol insustituible en las regiones al descentralizar la información, potenciar la identidad local y dar espacio a los profesionales de comunas y provincias, rompiendo con la lógica de que todo se emite exclusivamente desde la capital.

Lo público no es sinónimo de desprolijidad ni de ineficiencia. Una empresa del Estado posee las mismas responsabilidades de gestión que una privada, operando con altos estándares de eficiencia y control de costos. El mejor ejemplo de ello en Chile lo encontramos en el Metro de Santiago: una organización estatal de excelencia reconocida a nivel mundial, que colabora permanentemente con el mundo privado —desde su infraestructura hasta su apertura a la vida urbana y comunitaria—, demostrando que la responsabilidad fiscal, la eficiencia y el valor de lo público no son contradictorios. Al contrario, una institución que utiliza recursos de todos tiene una exigencia aún mayor de demostrar en qué los emplea y qué valor genera a cambio.

Las democracias desarrolladas llevan años en esta discusión y han sabido blindar sus medios frente a las urgencias de la política. Pensemos en la BBC de Londres: hablar de ella, con independencia de si gobiernan laboristas o conservadores, es casi como hablar de los Beatles o de la Corona; se ha convertido en una auténtica carta de presentación del país ante el mundo y en un pilar indisociable de la identidad británica.

Su modelo de gestión —regulado por una Carta Real (Royal Charter) y respaldado por mecanismos estables de financiamiento ciudadano— le ha permitido operar como una organización multimedia de vanguardia (articulando radio, televisión y plataformas digitales) blindada ante el ciclo político.

En Alemania, ARD y ZDF replican esa solidez con una fuerte dimensión regional, mientras que en los países nórdicos los medios públicos se han adaptado con éxito a las nuevas formas de consumo. No se trata de calcar modelos ajenos, sino de comprender que las sociedades avanzadas entendieron que sus medios públicos debían transformarse profundamente para seguir cumpliendo su función de servicio a la ciudadanía.

Un medio público solo tiene sentido si es independiente del gobierno de turno. Un medio estatal puede estar al servicio del poder ejecutivo; un medio público debe estar al servicio de los ciudadanos. Esa es la prueba principal de cualquier reforma. Su gobernanza exige un estándar ético y de autonomía inquebrantable, donde las garantías de pluralismo, idoneidad y resguardo frente a la contingencia política constituyan el núcleo sobre el cual se sustente toda la institución.

Las señales públicas consolidadas poseen algo que otros proyectos tendrían que construir desde cero: profesionales, experiencia, cobertura territorial, marcas reconocidas y un archivo audiovisual que resguarda la memoria histórica, política y cultural de la nación. Presidentes, procesos electorales, movimientos sociales, catástrofes y expresiones artísticas forman parte de un acervo que no es el activo de una empresa, sino un pilar de la memoria colectiva.

Ese valioso patrimonio audiovisual, anclado en la historia del país, debe proyectarse hacia el futuro, cumpliendo un rol insustituible en la educación, la cultura y la integración de una sociedad diversa. Para ello, se requiere un ambicioso proyecto de inversión enfocado en la producción de documentales, ciencia, historia, nuevas tecnologías y series educativas, integrando a elencos emergentes de escuelas de cine, teatro e institutos regionales.

Esta modernización no depende únicamente de la gestión estatal, sino de una sólida alianza estratégica corporativa con el sector privado comprometido con el desarrollo del país. No se trata de aferrarse a formatos obsoletos ni de replicar inercias del pasado, sino de entender que la televisión pública que Chile exige hoy requiere rigor absoluto en la gestión, independencia institucional y una clara vocación de futuro.