Perros ferales: controlar sin prevenir

Mientras la Comisión de Agricultura de la Cámara discute medidas para controlar a los perros ferales, el Gobierno propone reducir cerca de un 86% los recursos del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía: de aproximadamente $3.634 millones a $514 millones para 2027. Ambas decisiones expresan una contradicción: ampliar las herramientas para enfrentar las consecuencias del abandono mientras se debilita la capacidad de prevenirlo.

Los ataques de perros a la fauna silvestre y al ganado son un problema real. Las comunidades rurales necesitan protección y los pequeños productores no pueden quedar solos frente a sus pérdidas. Precisamente por eso, la respuesta debe abordar las causas, identificar las responsabilidades humanas y establecer límites claros a cualquier intervención.

La primera exigencia es distinguir. Un perro que circula sin supervisión puede estar perdido, haber sido abandonado recientemente o pertenecer a alguien que incumple su deber de mantenerlo bajo control. Encontrarlo solo en un camino rural no demuestra que sea feral. Tampoco tener dueño impide que un animal cause daño: lo relevante es evaluar su conducta, el riesgo concreto y las condiciones de su tenencia.

Si el legislador contempla medidas letales, debe exigir criterios verificables, evaluación técnica y una autoridad responsable. La muerte de un animal no puede depender de una impresión sobre su apariencia o del lugar donde fue encontrado. Una regulación imprecisa puede terminar castigando al animal equivocado y dejando intacta la responsabilidad de quien lo abandonó.

Pero incluso una definición rigurosa será insuficiente si el Estado desatiende el origen del problema. El abandono, la reproducción sin control y la negligencia de propietarios alimentan las poblaciones que después se pretende controlar. Actuar únicamente cuando el daño ya ocurrió perpetúa ese ciclo.

Por eso, el presupuesto es parte central de esta discusión. Las esterilizaciones, la identificación, la atención veterinaria y la educación requieren continuidad. Reducir drásticamente su financiamiento amenaza la capacidad de municipios y organizaciones para intervenir, especialmente donde las familias tienen menos acceso a estas prestaciones.

La Subdere ha señalado que existen alrededor de $3.000 millones en proyectos en ejecución que continuarán durante 2027. Es un antecedente relevante: el recorte no implica que todas las prestaciones se detengan inmediatamente. Sin embargo, mantener compromisos anteriores no garantiza recursos suficientes para sostener la prevención una vez ejecutados esos fondos.

La autoridad también plantea evaluar el programa y mejorar sus indicadores. Es razonable exigir resultados. Pero esa evaluación debe orientar las correcciones y el financiamiento. Reducir primero y determinar después qué funciona invierte el orden lógico de una política pública.

La prevención exige, además, fiscalizar a quienes mantienen animales sin control, priorizar territorios rurales y proteger áreas de alto valor ecológico. Requiere coordinación entre veterinarios, municipios, comunidades, especialistas en fauna y organizaciones de protección animal, con metas verificables y recursos suficientes.

El Congreso debe examinar ambas discusiones conjuntamente. Al regular el control de perros ferales, debe establecer salvaguardas que impidan actuaciones indiscriminadas. Al revisar el presupuesto, debe exigir al Ejecutivo que explique cómo garantizará la capacidad preventiva.

Proteger la biodiversidad, la actividad ganadera y el bienestar animal exige intervenir a tiempo. Antes de ampliar las circunstancias en que puede darse muerte a un perro, el Estado debe explicar qué hará para evitar que termine abandonado. Esa responsabilidad no puede reemplazarse con una ley de control.