Señor Director:
Chile vive una crisis de inseguridad. Pero no me refiero solo a la falta de seguridad ciudadana provocada por el aumento de la violencia y los delitos, sino que a la falta de seguridad jurídica, principio según el cual las autoridades desempeñarán sus cargos con sujeción al ordenamiento jurídico y garantizarán los derechos de todos los ciudadanos. Consolidar la seguridad jurídica es esencial para que nuestra sociedad viva en paz, atraiga inversión, cree empleo y se desarrolle.
Lamentablemente nuestras autoridades han sucumbido ante un populismo que ha dañado este principio. Recordemos cuando el Congreso acordó que el contrato de renta vitalicia podría ser modificado sin el consentimiento de la aseguradora para transferir al rentista liquidez que no le pertenece, o cuando la Corte Suprema recientemente rechazó una petición de desalojo señalando que los dueños de un predio tomado ilegalmente debían coordinarse con las autoridades para solucionar esta conducta ilícita de terceros. Tampoco olvidemos los espectáculos que nos han dado ciertas comisiones de la Convención Constituyente con algunas propuestas para eliminar, como por arte de magia y por gusto político, determinados derechos adquiridos por particulares.
Reparar la seguridad jurídica será tarea de todas las autoridades del Estado. Si no lo logramos, no tendremos el desarrollo que tanto anhelamos.
