De la misma manera que exigimos transparencia al Estado y a la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, también tienen el deber ético de transparentar su gestión, finanzas y composición, a fin de actuar con la responsabilidad cívica necesaria y para evitar posibles conflictos de intereses.
La magnitud de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad requiere, como condición ineludible, la colaboración activa entre el sector público, el privado y la sociedad civil, así como un determinado esfuerzo por mejorar las prácticas en lo que a ética y transparencia se refiere. Sin estos compromisos será difícil superar las brechas de desigualdad y exclusión o fortalecer las instituciones.
De la misma manera que exigimos transparencia al Estado y a la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, también tienen el deber ético de transparentar su gestión, finanzas y composición, a fin de actuar con la responsabilidad cívica necesaria y para evitar posibles conflictos de intereses.
Por ello, desde la Comunidad de Organizaciones Solidarias hemos venido trabajando sistemáticamente hace más de 10 años en el desarrollo de la herramienta FECU Social (Ficha Estadística Codificada Uniforme), un formato de memoria anual y estados financieros que provee de información detallada respecto de la gestión de las organizaciones y todos aquellos proyectos financiados por terceros, públicos o privados, que estén sujetos a rendición de cuentas, lo que facilita la fiscalización. Anualmente, más de 200 organizaciones deciden proactivamente ser transparentes reportando FECU Social, herramienta actualmente disponible en Fecusocial.cl para todas las organizaciones.
Aun así, estos esfuerzos son insuficientes sin una acción determinada por parte del Estado para convenir un estándar de transparencia único para la sociedad civil organizada, que disminuya la burocracia y facilite la fiscalización oportuna por parte de las reparticiones públicas y la ciudadanía, haciendo más eficiente y efectivo el resguardo de la probidad. Casos como el de Democracia Viva, vuelven a levantar las alertas respecto de la necesidad de retomar decididamente la discusión sobre la Ley de Transparencia 2.0.
Hoy más que nunca urge abordar estos compromisos porque, además de cuidar nuestra institucionalidad, es necesario fortalecer un sector que tiene alto impacto en la vida de millones de personas, que colabora activamente con el Estado en temas de interés público, que contribuye a la cohesión social y participación ciudadana, y que, en definitiva, da vida a nuestra democracia.
