Eficiencia no es sinónimo de mejor salud pública
Señor Director:
La discusión reciente sobre el ajuste presupuestario en salud pública vuelve a poner sobre la mesa un problema que aparece una y otra vez en nuestro debate político: hablamos mucho de eficiencia, pero no siempre distinguimos bien entre eficiencia, calidad y efectividad.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió los recortes señalando que “a veces, con menos recursos, se hace más”. La frase suena razonable. Incluso puede parecer atractiva desde el punto de vista fiscal. Pero en salud pública ese tipo de afirmación exige mucho más cuidado.
Porque hacer más con menos solo sería una buena noticia si, al mismo tiempo, se demuestra que no se deteriora la oportunidad de la atención, que no se interrumpen tratamientos, que no aumenta el riesgo clínico, que los hospitales mantienen su capacidad resolutiva y que los resultados sanitarios reales no empeoran.
En salud, no basta con cuadrar una planilla.
Por supuesto, nadie que conozca mínimamente el sistema hospitalario chileno podría negar que existen problemas estructurales de gestión. Hay rigideces administrativas, dificultades en compras, ausentismo, problemas de productividad, listas de espera, fragmentación entre niveles de atención y una gobernanza hospitalaria que muchas veces no tiene la agilidad necesaria para responder a las necesidades concretas de la población.
También se ha dicho, desde hace años, que los hospitales públicos deberían tener una institucionalidad distinta. Más flexible. Con mayor autonomía de gestión. Con mejores estándares de desempeño. Incluso hay quienes han planteado que deberían funcionar como empresas públicas, y no bajo las mismas lógicas del estatuto administrativo tradicional.
Esa discusión es legítima. Y probablemente necesaria.
Pero reconocer esos problemas no significa que la solución sea reducir presupuesto. Son dos debates distintos, aunque muchas veces se mezclan. Una cosa es mejorar la eficiencia del sistema, y otra muy distinta es descargar un ajuste fiscal sobre una red asistencial que ya viene tensionada.
La eficiencia tiene que ver con la relación entre recursos y resultados. La calidad, con el estándar de la atención que se entrega. Y la efectividad, con los resultados reales que esa atención produce en pacientes concretos, en hospitales concretos, en territorios concretos y bajo condiciones reales de funcionamiento.
Por eso, la pregunta de fondo no es si el sistema puede ser más eficiente. Claro que puede. Y debe serlo.
La pregunta importante es otra: ¿hasta qué punto una reducción presupuestaria puede terminar afectando la calidad y la efectividad de las prestaciones hospitalarias?
Ese es el punto que no se puede esquivar.
Si se reducen recursos de funcionamiento, inversión, contingencias, atención primaria o financiamiento por egresos hospitalarios, el riesgo no es solo administrativo. Puede traducirse en más espera, menor capacidad resolutiva, postergación de cirugías, deterioro de infraestructura, mayor presión sobre los equipos clínicos y peores resultados para los pacientes.
Dicho de manera simple: se puede mejorar un indicador fiscal y, al mismo tiempo, empeorar el funcionamiento real del sistema desde el punto de vista de quienes necesitan atención.
Por eso la discusión sobre salud pública en Chile requiere más precisión técnica y menos frases redondas. No basta con repetir que hay que “gastar mejor”, como si esa expresión resolviera por sí sola los problemas de gestión hospitalaria.
Gastar mejor exige rediseño institucional. Exige información transparente. Exige evaluación de resultados. Exige fortalecer las redes asistenciales, mejorar el gobierno clínico y aumentar la capacidad real de gestión. Recortar presupuesto, por sí solo, no corrige las causas estructurales de la ineficiencia.
La verdadera eficiencia sanitaria no consiste simplemente en gastar menos. Consiste en lograr mejores resultados en salud sin sacrificar calidad, equidad ni continuidad de atención.
Si el ajuste termina reduciendo la capacidad efectiva de los hospitales para atender a la población, entonces no estaremos frente a una política eficiente. Estaremos frente a una reducción de gasto cuyos costos clínicos y sociales aparecerán después.
Y en salud pública, el ahorro mal diseñado rara vez desaparece el problema. Muchas veces solo lo traslada.
Lo traslada al paciente que espera. A la familia que cuida. Al equipo clínico que se sobrecarga. Y, finalmente, al futuro.
Manuel Zayas Lara
Médico cirujano,
especialista en medicina familiar con formación avanzada en salud mental
