PAÍS
Lukas Solís/AgenciaUno
La primera tarea del nuevo ministro de Seguridad Pública: recuperar la confianza de los fiscales
La quitada de piso que hizo el Fiscal Nacional subrogante, Roberto Garrido, al posteo de la ahora exministra dando a entender que habían participado del operativo realizado ayer en Temucuicui, fue el golpe final a la cuestionada gestión de la expersecutora de Iquique.
Nadie duda de que la última palada que cayó sobre la ahora exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se la autoadministró ella misma, en la mañana de ayer, cuando informó pasadas las 7 de la mañana que “en una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes. Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público. Recuperando el control del territorio”.
Como había informado El Mostrador el lunes pasado, ya existía mucha molestia en distintas fiscalías regionales, así como en la Fiscalía Nacional, debido a que en varias ocasiones la exministra (quien fue fiscal regional de Tarapacá hasta enero pasado) había aparecido dando vocerías sobre investigaciones de largo aliento, incluso dejando a un costado a los fiscales del caso, como sucedió el 29 de abril pasado, cuando convocó a un punto de prensa en la propia Fiscalía Nacional, el día mismo día de la cuenta pública del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ocasión en la cual habló acerca del secuestro de un empresario de San Miguel, sin invitar a ello al jefe de los persecutores del país ni al Fiscal Regional Sur, Héctor Barros, a cargo del caso.
Lo de ayer, dicen diversas fuentes, fue la gota que rebalsó el vaso, pues si bien fuentes del Ministerio Público indican que el Fiscal Regional de La Araucanía (y Fiscal Nacional subrogante), Roberto Garrido, trató de ser muy diplomático al respecto, no solo dio información a la prensa sin Steinert, sino que además dejó en claro que la captura de Huenchullán fue producto de una investigación que lleva mucho tiempo y que “no depende de ninguna manera ni de una autoridad en concreto de las policías, del Ministerio Público o del Ejecutivo”. Más tarde, en una entrevista con Radio Infinita, Garrido confirmó que el Ministerio de Seguridad no estaba informado por parte de ellos del operativo.
El mensaje de Garrido resonó fuerte en La Moneda, donde ya tenían muy claro que una ministra que estuviera enemistada con los fiscales no era viable, entre otras cosas porque pese a que el Ministerio de Seguridad Pública tiene la autoridad administrativa sobre las policías, no puede darles instrucciones ni ordenarles diligencias, lo que es una potestad exclusiva del Ministerio Público.
En una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes. Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público. Recuperando el control del territorio.
— Trinidad Steinert (@MinSteinert) May 19, 2026
Los antecedentes
Por supuesto, el historial de errores de Steinert no se limita a los problemas con los fiscales. Su gestión comenzó manchada por la polémica salida de la exjefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Aunque el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, “puso el pecho a las balas” y aseveró en el congreso que la decisión había sido solo suya, todas las fuentes cercanas a los hechos coinciden en indicar que fue Steinert quien le exigió el despido de la oficial, en medio de una serie de conflictos internos en la policía civil, en la cual la ministra aparecía alineada con “Los Lobos”, como se autodenominan algunos detectives de Narcóticos, cuatro de los cuales -que trabajaban con ella en Iquique- fueron trasladados por Peña, por sospechas de corrupción, luego de lo cual la indagatoria que llevaba la unidad de contrainteligencia de la PDI respecto de esos policías quedó abandonada.
Como lo graficó un detective en servicio activo, que pidió reserva de su identidad, “con el despido de la señora Peña esos cuatro colegas quedaron totalmente blindados, hayan hecho algo o no y eso incluso es dañino para ellos, pues si no se investiga, siempre quedará la duda acerca de su inocencia”.
Lo anterior motivó que el diputado Raúl Leiva (PS) pidiera a Contraloría que se pronunciara respecto de la legalidad de un oficio que -previo al despido- la exministra envió a Consuelo Peña, pidiéndole datos acerca de la causa contra el “Clan Chen”, la organización delictiva de origen chino que indagaban los detectives trasladados.
Los trascendidos que comenzaron a sucederse hace algunos días, en orden a que Contraloría emitiría un fallo lapidario contra Steinert, fueron parte de la decisión que hace días comenzó a barajar el Presidente José Antonio Kast. De hecho, hoy se especulaba con que es probable que pronto se dé a conocer públicamente dicho informe y ese también sería uno de los motivos por los cuales se decidió apurar el cambio de gabinete.
A ello se sumó la interpelación anunciada por la oposición en contra de la expersecutora, luego de la fallida sesión de la semana pasada en el congreso (donde leyó en forma bastante confusa, durante casi 90 minutos), tras lo cual ella reconoció en Radio Agricultura que no esperaba que le pidieran un plan de seguridad propiamente tal, pese a que ello está establecido en el artículo 1 de la Ley que creó el Ministerio que presidió por poco más de dos meses.
Por cierto, no fueron los únicos desaguisados. Otros dos, muy sonados, fueron la desarticulación de la Unidad de Datos del Ministerio de Seguridad Pública, la que estaba bien evaluada, así como la querella que el ministerio presentó en Valdivia, acusando que en el caso de la agresión sufrida por la ministra Ximena Lincolao existía un secuestro en el contexto de la Ley de Seguridad Interior del Estado, figura jurídica que fue totalmente descartada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad.
Arrau
El ingeniero civil de la UC Martín Arrau, exintendente de Ñuble, exconvencional constituyente (por la UDI), hombre de confianza de José Antonio Kast y ahora exministro de Obras Públicas, llega al Ministerio de Seguridad Pública con una primera misión: presentar el plan de seguridad ciudadana que desde el Congreso exigieron a Steinert y que, por lo demás, forma parte de todas las promesas de campaña del mandatario.
Como lo explica el experto en crimen organizado Pablo Zeballos, “el crimen organizado es una amenaza existencia para la democracia y el estado de Derecho”, agregando que “llevar agua temporal al molino propio terminará afectándonos a todos, porque cuando la ciudadanía llega a la convicción de que la solución no la dará la política, se abre paso a la autotutela, al vigilantismo y a formas peligrosas de justicia por mano propia, que normalmente son propiciadas por narrativas populistas o autoritarias”.
En dicho contexto, los desafíos que enfrente Arrau son bastantes: desde la política migratoria hasta los últimos atentados que se han producido en La Araucanía, luego de un periodo bastante calmo, y al reagrupamiento del Tren de Aragua por medio de la facción “Los brothers”, que ha cometido secuestros y homicidios en Santiago y Concepción en los últimos meses. Solo en esta última ciudad, hace pocos días, la fiscalía y la PDI lograron la detención de 16 sujetos implicados en esa facción.
Por supuesto, el nuevo ministro no tiene facultades operativos, por lo cual un asunto clave en ello será construir una relación de confianza con el Ministerio Público, cuya máximo jefe dijo hace dos semanas, en Mesa Central, que no se había reunido ni una sola vez con la hasta hace poco secretaria de Estado.
Como lo explica un persecutor, “el Ministerio Público es autónomo y a ningún fiscal le gusta que vengan los políticos a darles instrucciones o a apropiarse de sus investigaciones y operativos, por lo cual el nuevo ministro tendrá que pololearse de nuevo a los fiscales y eso no es tan sencillo, porque quedaron muy dañadas las relaciones”.
A lo anterior, una fuente de la PDI añade que el alineamiento del director Cerna con Steinert fue muy mal visto internamente: “el DG (Director General) optó por prestarle ropa a una ministra extremadamente cuestionada. En esos días se discutió mucho en los cuarteles, el hecho de que un policía está obligado siempre a decir la verdad, y muchos quedaron con la duda respecto de la versión que contó el DG en el congreso, y eso lo dejó muy debilitado internamente. Es de esperar que no vuelvan a producirse ese tipo de problemas por parte de la autoridad, pues el daño que esto generó muy grande”.
Es ese sentido, el Presidente optó por poner a cargo de seguridad a alguien con quien tiene confianza personal -a diferencia de Steinert- y que tiene muñeca política, más allá de los conocimientos previos que pueda tener o no.
Mal que mal, uno de los comentarios obligados tras el cambio de mando -lo que incluso se le preguntó al ministro José García Ruminot- era su falta de experiencia en materias de seguridad, pero la convicción que existe en palacio, al respecto, es que más que tener conocimientos técnicos, lo que se requiere es un articulador, que no tenga una agenda personal en materias de seguridad y que, por el contrario, sea capaz de tender puentes con otras instituciones y aporte una visión de ingeniero al problema, y algo de eso deslizó en su primer encuentro con la prensa, tras asumir, al señalar que “el presidente me ha encargado esta misión, en la cual, por supuesto, pondremos todas nuestras humildes capacidades de organización, experiencia política, conocimiento territorial, y desde hoy día esa será mi única y exclusiva misión”, no sin antes indicar que “Chile tiene un problema de seguridad profundo, extenso y complejo” y que “vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para defender ese derecho humano a la seguridad, a la integridad personal, a la propiedad privada, pensando en esas víctimas que han sido vulneradas por el delito, por el narcotráfico, por el crimen organizado”.
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