¿Plan de seguridad?: del librito anillado a algo más integral

Señor director: 

Los hechos noticiosos observados en las últimas semanas en materia de seguridad nos traen a colación un importante problema y desafío: todo plan serio ante un problema complejo involucra siempre una aproximación amplia e integral respecto a sus causas.

Este punto resulta particularmente relevante considerando que de por medio se encuentra en juego la implementación de un Plan de Seguridad coherente por parte del gobierno actual, así como la ejecución de políticas públicas eficaces e integrales por parte del Estado.

Ha emergido un nuevo actor encarnado en la figura del nuevo Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien ha sido el encargado de dar a conocer el nuevo Plan Operativo de Seguridad Pública del gobierno.

Podemos relevar como positivo el hecho que el Ministro Arrau haya ratificado la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031. Resulta apropiado y coherente que se le dé importancia a esta carta de navegación como instrumento base para una adecuada planificación estratégica dentro del marco legal y regulatorio vigente, según mandata la Ley N° 21.730.

Por otra parte, sería desacertado concebir un Plan Operativo de Seguridad que pase por alto la totalidad de los seis ámbitos de acción que dicta la Política Nacional de Seguridad Pública: i) prevención en niñez, adolescencias y juventud; ii) prevención territorial; iii) control del delito; iv) sanción; v) cárceles y reinserción social; y vi) atención y protección de las víctimas.

Lo que debiera primar, según mandato legal y criterio de expertos, es llevar a cabo una política pública de enfoque integral en el ámbito de la seguridad, acompañada de una mejor gestión pública interinstitucional e interoperable, que no soslaye la necesidad de fortalecer los ámbitos más sociales de la seguridad, es decir, la prevención de las violencias y la protección de las víctimas.

Finalmente, es necesario solicitar a la autoridad que precise al país cuáles serán las metas y costos específicos del plan propuesto. No basta con enunciar lineamientos generales o presentar un listado de acciones en seguridad pública; la legitimidad de un plan también depende de su capacidad de fijar objetivos medibles, plazos realistas y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar sus resultados con transparencia hacia la ciudadanía.

Sólo el tiempo nos dirá qué tan acertada será la implementación y resultados del nuevo Plan Operativo de Seguridad del gobierno.

• carta editada.

Rubén Valera Pérez
Presidente
ANFUSEPU