La paradoja del CAE y los impuestos
La ministra María Paz Arzola ha justificado el embargo express a los deudores del CAE argumentando que la morosidad quita al Estado recursos valiosos para otras urgencias sociales, como la educación parvularia.
Esta lógica recaudatoria, sin embargo, colisiona frontalmente con la agenda económica del propio Ejecutivo. Cuesta comprender que se asfixie financieramente a miles de ciudadanos bajo la premisa de que faltan fondos, mientras el oficialismo impulsa con urgencia una rebaja tributaria corporativa del 27% al 23%, beneficiando de forma desproporcionada al 1% más rico del país, y bloquea el levantamiento del secreto bancario para perseguir el lavado de activos.
El cumplimiento de la ley y la responsabilidad fiscal deben ser universales. Aplicar la máxima severidad del Estado sobre las cuentas corrientes de los trabajadores endeudados, mientras se garantiza opacidad y flexibilidad impositiva para el gran capital, transforma una medida administrativa en un acto de flagrante inequidad.
