Opinión
Archivo (AgenciaUno)
Trece votos en arriendo
El PDG ocupa un espacio que las izquierdas dejamos vacante. Su promesa funciona porque durante años la representación de la clase media endeudada quedó traducida a un lenguaje que esa clase no reconocía como propio.
El lunes 20 de julio, a las siete y media de la tarde, los diputados del Partido de la Gente se encerraron a resolver cómo votarían al día siguiente la megarreforma de Kast. Ya lo habían intentado la noche del domingo, por videollamada, hasta pasada la medianoche, sin llegar a nada. El comunicado con la decisión salió a las 21:09. La sesión de sala empezaba a las diez de la mañana.
Esa demora no era desorganización. Era el producto esperado.
Conviene mirar el semestre entero. El 11 de marzo el PDG intentó instalar a Pamela Jiles en la testera de la Cámara con votos del PC y del Frente Amplio, y perdió por tres. Seis semanas después votaba contra “Escuelas Protegidas” junto a esas mismas bancadas. El 23 de junio puso los votos que castigaron a Nicolás Grau, 77 contra 68, tapando exactamente el forado que había dejado Renovación Nacional. Y el 21 de julio dejó pasar la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23 por ciento y la invariabilidad tributaria a veinticinco años, para enseguida tumbar por dos votos un artículo sobre compensaciones municipales y mandarlo a comisión mixta.
Llamar incoherencia a esto es simplificar y no explica nada. Con dos preguntas se anticipa casi cualquier votación de esa bancada.
La primera es si su voto decide. “Escuelas Protegidas” se resolvió 103 a 43: ahí el voto del PDG no valía nada y por eso pudo regalárselo a la izquierda sin costo. Cuando su voto sí inclina la balanza, la bancada exhibe una disciplina que nadie le atribuiría. La segunda pregunta es si hay algo divisible sobre la mesa. El precio jamás es una política; es un objeto que se pueda nombrar en televisión. La devolución del IVA en pañales y medicamentos, la franquicia del Sence, las contribuciones de los mayores de 65 años.
El 6 de mayo se cayó el primer acuerdo con Hacienda porque el objeto no estaba; el 17, cuando el Ejecutivo ingresó el proyecto comprometido, aparecieron los trece votos.
De ahí se desprende la regla que ordena todo lo demás: el PDG nunca destruye aquello que está negociando. La comisión mixta le sirve justamente porque no mata la ley, reabre el precio. Ganar una votación le importa bastante menos que impedir que la votación termine.
Ahora bien, lo revelador no es con quién vota sino qué cobra. Sus cuatro banderas de julio —Sence, sala cuna, fondo de emergencia, compensación municipal— y el IVA de los pañales son transferencias baratas, visibles, de efecto inmediato sobre bolsillos identificables.
Lo que dejó pasar sin pelear fue la arquitectura tributaria completa, incluida la norma que obliga al Estado a indemnizar a privados cuando un tribunal anula una resolución ambiental. Cobra en la superficie y concede en la estructura. Gramsci tenía un nombre para esa operación, y no era pragmatismo: transformismo, la incorporación consentida de un liderazgo plebeyo a un proyecto ajeno a cambio de compensaciones marginales.
El PDG no traiciona a su base. Le entrega exactamente lo que prometió, cosas concretas en vez de programas abstractos, y por eso le entrega tan poco.
Todo esto se vuelve más nítido si uno mira el aparato que hay detrás. El partido no aprueba sus balances desde 2023, y si el Servel rechaza el de 2025 se disuelve por acumular tres períodos consecutivos. El 24 de julio el Servel resolvió denunciarlo al Ministerio Público por gastos sin respaldo de su ex administrador de fondos; cinco días después la causa quedó radicada en la Fiscalía Centro Norte, donde ya se investiga desde 2024 a su expresidente por presunta falsificación de documentos para obtener aportes fiscales. Las elecciones internas de abril fueron anuladas por su propio Tribunal Supremo y están en el Tricel. En julio renunció el presidente del partido. Franco Parisi, que no tiene escaño, quedó de secretario general y todo indica que asumirá la presidencia en agosto.
Sale de ahí el dato que a mi juicio más importa. Quien negocia con La Moneda no está en condiciones de garantizar nada: su cargo proviene de una directiva provisoria nacida de una elección anulada, y él no vota. Por eso el Gobierno tiene que comprar la misma bancada una y otra vez. La célebre impredecibilidad del PDG es en buena medida un déficit de personería convertido en virtud narrativa. Y hay un detalle que conviene tener presente: si el partido se disuelve, los trece diputados conservan igual sus escaños. Parisi necesita la personalidad jurídica para 2029. Ellos no la necesitan para 2030.
Dos observaciones antes de seguir. La primera es sobre el Gobierno, que pagó los votos de una ley acelerando la tramitación de otra. No fue la izquierda la primera en objetarlo, fue Ximena Ossandón desde RN, quien lo calificó de impresentable.
La Moneda eligió como socio decisivo a la fuerza institucionalmente más frágil del sistema; ganó velocidad y compró inestabilidad.
La segunda es sobre nosotros. Cuesta denunciar el caudillismo en julio después de haberle ofrecido a Jiles la presidencia de la Cámara en marzo. Y hay algo anterior todavía: el PDG ocupa un espacio que las izquierdas dejamos vacante. Su promesa funciona porque durante años la representación de la clase media endeudada quedó traducida a un lenguaje que esa clase no reconocía como propio.
En agosto vuelven la comisión mixta y los vetos presidenciales, y con ellos una nueva ronda de cobro. Pero el examen de verdad será el Presupuesto 2027: las partidas son divisibles, territorializables y fotografiables, el terreno perfecto para esta forma de hacer política.
Ahí apostaría a que el precio del PDG baja en lugar de subir. Su poder aritmético es el mismo, pero mientras más urgente le resulte exhibir triunfos, más barato sale comprarlo.
Y si el balance de 2025 termina rechazado, habrá que esperar la conversión discursiva: el incumplimiento contable presentado como persecución de la casta contra la gente. Ya hubo ensayo, cuando desde el partido se insinuó que la filtración de las observaciones revelaría una falta de confidencialidad del Servel.
Lo que será del PDG no me quita el sueño. Eso lo va a resolver el Servel, con una prolijidad contable que nuestra política rara vez alcanza por otras vías. Me inquieta lo otro. Cuando el regulador cierre el partido, esos votos no van a desaparecer. Van a seguir ahí, buscando a quién arrendarse.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.