Auditoria del Estado
Señor director,
Desde nuestra red, que reúne a más de 280 organizaciones de la sociedad civil, valoramos que el gobierno haga una revisión integral del uso de fondos públicos. No obstante, dado que los resultados difundidos son parte de un trabajo que recién comienza, su efecto conduce más a promover dudas que a aportar certezas.
La sociedad civil atiende comunidades vulnerables e impacta la vida de 5,2 millones personas anualmente, muchas veces con aportes de fondos públicos. Pese a este importante rol, las consecuencias del Caso Convenios ya dificultaron la labor diaria de fundaciones que han trabajado encarecidamente por elevar los estándares de transparencia y buenas prácticas.
La realidad es que las organizaciones hemos solicitado reiteradamente que exista un mayor control y agilidad administrativa. Incluso la mayoría que se adjudica fondos públicos se ven año a año transitando complejidades financieras ya que deben ejecutar gastos y hacer las rendiciones correspondientes antes de que el Estado les realice las transferencias.
Es indispensable pasar de las denuncias a la acción, implementando herramientas que permitan un seguimiento y control estandarizado, que potencien la alianza que el Estado tiene con cientos de organizaciones transparentes, serias, con trayectoria, que aportan diariamente al desarrollo de nuestro país. Desde la sociedad civil tenemos la convicción de que es el momento de trabajar en una Ley de Transferencias que promueva la integridad, eficiencia y colaboración.
Hans Rosenkranz
Director Ejecutivo Comunidad de Organizaciones Solidarias
