Anatocismo

Señor director:

El anatocismo tiene mala reputación porque se asimila a un abuso. El problema es que simplemente prohibirla no protege al consumidor, sino que perjudica directamente a quienes buscaba resguardar. Si la ley impide capitalizar los intereses impagos, el acreedor no renunciará a su cobro, sino que trasladará ese costo al consumidor de otras formas, como aumentando interés, pidiendo más garantías como hipotecas, prendas o avales, o derechamente negar el préstamo.

Esta iniciativa también afectará a los deudores morosos, los que paradójicamente se busca proteger con esta prohibición. Si una persona pide un crédito y se atrasa tres meses, el acreedor puede capitalizar los intereses vencidos, consolida lo adeudado y ofrece al consumidor una renegociación. Si la ley prohíbe el anatocismo, en cambio, esa renegociación deja de tener sentido económico para el acreedor, por lo que se incentivará un cobro judicial más rápido (y en general, los costos de demandar para las instituciones financieras son bajos, pero el cobro que hacen al deudor de las “costas judiciales” es bastante mayor al costo real incurrido).

Finalmente, la prohibición generaría un efecto de exclusión del crédito formal a consumidores de menos ingresos y mayor riesgo de no pago. Para las personas de menores recursos, el crédito de consumo o la tarjeta de crédito suele ser la principal fuente de financiamiento para gastos diarios, contingencias, o incluso pequeños negocios. Estos consumidores, que antes accedían a créditos “caros” con anatocismo en el mercado formal, ahora tendrán un acceso reducido a éste, y terminarán buscando créditos aún más caros en prestamistas informales, un mercado que cobra interés sobre interés sin límite, sin contrato y, en ocasiones, mediante la violencia.

Lo anterior no significa defender la usura ni obviar la necesidad de mayor competencia y transparencia en el mercado crediticio. Sin embargo, confundir el anatocismo con la usura es un error de política pública, y los costos los terminarán pagando las personas de menores recursos.

Felipe Bravo Alliende

Profesor de Derecho Económico

Centro de Impacto Regulatorio en la Competencia Económica

Universidad Finis Terrae