Cuando la infancia deja de ser un límite
Señor Director:
El reciente video protagonizado por el exasesor legislativo Ítalo Omegna no solo ha provocado indignación. Ha abierto una discusión que Chile no puede seguir postergando: ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar antes de reaccionar cuando la infancia es utilizada como objeto de referencias de carácter sexual?
Con demasiada frecuencia este tipo de expresiones intenta justificarse bajo el argumento del “humor”, el contexto privado o una conversación entre amigos. Sin embargo, existen límites que una sociedad comprometida con los derechos de niños, niñas y adolescentes simplemente no puede relativizar. La explotación y el abuso sexual infantil jamás pueden transformarse en motivo de risa, entretenimiento o banalización.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile hace más de tres décadas, obliga al Estado a adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a la niñez frente a toda forma de violencia, abuso y explotación sexual. Esa obligación no recae únicamente sobre los tribunales o las policías; también interpela a quienes ejercen funciones públicas, a los medios de comunicación y a toda la sociedad. La protección de la infancia es una responsabilidad compartida.
Las palabras importan. Las normas sociales se construyen a partir de aquello que una comunidad tolera y de aquello que decide rechazar. Cuando relativizamos discursos que sexualizan a niños, niñas y adolescentes o que reproducen estereotipos sobre grupos especialmente vulnerables, debilitamos precisamente los límites culturales que ayudan a prevenir la violencia.
No sostengo que una expresión, por sí sola, constituya un delito ni que permita atribuir responsabilidades penales. Esa determinación corresponde exclusivamente a las instituciones competentes. Pero sí sostengo que la prevención exige actuar antes de que exista una víctima. La evidencia en materia de protección infantil ha demostrado que construir entornos protectores implica establecer una tolerancia cero frente a cualquier forma de normalización o banalización de la violencia sexual contra la infancia.
Por ello, una renuncia no puede ser el único cierre de este episodio. Corresponde que los hechos sean investigados con la seriedad que ameritan y que, si de esa investigación se desprenden responsabilidades legales, la justicia actúe con todo el rigor que la ley establece. Pero, al mismo tiempo, corresponde que como sociedad reafirmemos un principio esencial: los derechos de niños, niñas y adolescentes no admiten dobles estándares.
Este no es un debate sobre ideologías ni sobre partidos políticos. Es un debate sobre la clase de sociedad que queremos construir y sobre el lugar que ocupa la infancia dentro de ella. Cuando se trata de proteger a los niños, no puede haber espacio para la indiferencia, la relativización ni el silencio.
Porque una sociedad que deja de escandalizarse frente a discursos que banalizan la violencia contra la infancia corre el riesgo de dejar de protegerla.
Issaiah Guzmán Arancibia
Defensor de la Juventud
