¿Y por qué los alcaldes dicen que no?

Señor director: 

Frente a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal para menores de 14 años, llama la atención que algunos alcaldes se opongan a una medida que la mayoría apoya. La razón: no ceden al populismo penal, estudian el tema y conocen la calle.

Quienes trabajan en los barrios saben que bajar la edad de imputabilidad no necesariamente reduce el delito. Un niño que entra tempranamente al sistema penal rara vez sale rehabilitado; sin programas adecuados, la cárcel suele profundizar una trayectoria delictiva aún modificable. Además, cuando un adolescente es encarcelado, el problema no desaparece: otro niño ocupa su lugar. La pregunta no es cuántos delincuentes podemos encarcelar, sino cuántos niños podemos evitar que lleguen a serlo.

Eso exige superar la falsa dicotomía entre seguridad y prevención: proteger a las víctimas, pero también impedir que surjan nuevos infractores y reinsertar a quienes ya delinquieron. Para los casos complejos se necesitan programas sostenidos —tutores permanentes, medidas de protección intensivas, alternativas a la cárcel— y, desde la primera infancia, intervenciones focalizadas en familias de mayor riesgo.

Pero prevención no es impunidad. Se requieren policías y fiscalías con más recursos para investigar eficazmente: un adolescente debe saber que, si delinque, será detenido e investigado. La certeza de la consecuencia importa más que solo bajar la edad de castigo.

Los alcaldes que dicen no, no son blandos con el delito: son más duros con sus causas. Si queremos menos delincuencia mañana, no basta con encarcelar a los niños de hoy. Hay que lograr que sean menos los que quieran delinquir.

Rafael Rodríguez,

gerente general de Fundación San Carlos de Maipo