Eficiencia fiscal sin desprotección social

Señor Director:      

La discusión del Presupuesto estatal 2027 ha puesto en el centro de discusión la continuidad de diversos programas sociales. La evaluación ex ante de la Subsecretaría de Evaluación Social recomendó favorablemente 43 de los 46 programas revisados y fusionó 25 de ellos en 9. Ordenar la oferta pública es razonable; lo que no lo es, es decidir mantener, modificar o eliminar un programa sin que el país conozca sus resultados ni qué ocurrirá con quienes hoy dependen de él.

Tengamos presente que detrás de cada glosa hay personas concretas, estudiantes, cuidadoras, personas mayores, familias que organizan su vida en torno a una prestación. Un programa puede ser ineficiente y, aun así, su cierre abrupto puede causar un daño mayor que el ahorro que se busca.

De ahí que convenga exigir, para cada programa que se elimine o fusione, tres antecedentes mínimos: la evaluación que lo justifica, el número de beneficiarios afectados y la alternativa de atención que los acogerá. No se trata de defender el gasto, sino de evitar que la eficiencia fiscal se convierta en desprotección.

Víctor R. Yáñez Pereira
Director académico de Postgrado

Universidad Autónoma de Chile