La responsabilidad política del Presidente de la República

El Presidente José Antonio Kast, en su obstinación por mantener en el cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha declarado que asume personalmente la responsabilidad política porque es él quien nombra y remueve a sus ministros. Se equivoca si cree que esa declaración libera a Rabat de responder por sus propios actos. Pero ha dicho algo que merece ser tomado muy en serio: la responsabilidad política por la conducción del Gobierno le pertenece. Pues bien, tomémosle la palabra y examinemos de qué debe responder.

Comencemos por la angustia económica de millones de chilenos, que parecen no existir en los cálculos de un Gobierno más preocupado de satisfacer sus convicciones ideológicas que de comprender las dificultades de las familias. La inflación anual alcanzó el 4,1% en septiembre, mientras los combustibles experimentaron alzas extraordinarias. En marzo, los ajustes de referencia llegaron a $372 por litro de gasolina y $580 para el diésel.

El Gobierno no provocó la crisis internacional del petróleo, pero escogió trasladar buena parte de sus costos a los consumidores. No fue una fatalidad económica: fue una decisión política cuyas consecuencias deben asumir quienes la adoptaron.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, observa la realidad detrás de una máscara de yeso, con la imperturbabilidad de quien parece creer que las personas pueden alimentarse de equilibrios fiscales. El desempleo llegó al 9,8%, superando el millón de personas sin trabajo. Las promesas de reactivación siguen sin traducirse en los resultados anunciados, mientras el gasto público de capital cayó un 11,7% real.

Y como si las dificultades de las familias fueran insuficientes, el proyecto de Presupuestos 2027 contempla recortes cuestionados en Salud, Educación y Vivienda, incluida una reducción denunciada de $28.000 millones para la Ley Ricarte Soto. ¿De qué sirve proclamar la eficiencia del Estado si el costo del ajuste termina recayendo sobre quienes más necesitan sus servicios?

El precio de los medicamentos constituye otra expresión intolerable de las desigualdades que el Gobierno debe enfrentar. La Fiscalía Nacional Económica constató diferencias de hasta treinta veces entre alternativas farmacéuticas intercambiables. Treinta veces. Mientras las familias hacen verdaderos sacrificios para financiar tratamientos indispensables, ¿qué medidas concretas ha adoptado el Gobierno para corregir estas distorsiones? La libertad de mercado no puede transformarse en una excusa para abandonar a las personas a su suerte.

También debe responder por la fiscalización de las AFP. Los fondos D y E, considerados los más conservadores, registraron pérdidas reales de 6,38% y 10,39% entre enero y septiembre. La Superintendencia de Pensiones inició investigaciones sobre eventuales incumplimientos. Los ahorros previsionales no son fichas de un casino financiero. Corresponde determinar qué falló en las inversiones, qué controles existían y si la supervisión actuó oportunamente.

En seguridad pública, el Gobierno ha privilegiado los anuncios sin demostrar todavía que dispone de una estrategia integral y eficaz contra la delincuencia. Peor aún, intentó impulsar una reforma constitucional que contemplaba facultades extraordinarias para restringir libertades personales, de reunión y asociación e intervenir comunicaciones.

El proyecto original terminó abandonado ante las objeciones que provocó. La incapacidad de ofrecer seguridad no puede compensarse debilitando las garantías individuales que la Constitución está llamada a proteger.

También debe explicar por qué su Gobierno suscribió con Estados Unidos una declaración sobre minerales críticos y tierras raras vinculada a los intereses estratégicos de esa potencia. El cobre, el litio y las riquezas minerales de Chile deben administrarse conforme al interés nacional, no mediante decisiones cuya justificación estratégica y beneficios para nuestro país permanezcan insuficientemente explicados.

Y está, naturalmente, el escándalo que originó esta discusión. Decenas de condenados por delitos sexuales contra menores recibieron rebajas de sus penas. Aunque algunos casos respondieron a órdenes judiciales, otros involucraron decisiones administrativas que requieren explicaciones exhaustivas. Rabat continúa en su cargo, protegido por la confianza presidencial. La gravedad de los delitos involucrados exige mucho más que declaraciones de respaldo. Exige transparencia, rendición de cuentas y una explicación convincente de las decisiones adoptadas.

Pero quizás lo más preocupante sea la concepción del Gobierno que comienza a revelarse detrás de estos episodios: una administración que reivindica enérgicamente su autoridad, pero cuyas explicaciones sobre las consecuencias de sus decisiones parecen agotarse en las restricciones fiscales, el funcionamiento de los mercados, las circunstancias internacionales o las dificultades heredadas.

Los ministros no son fusibles destinados a proteger al Presidente, pero tampoco pueden convertirse en funcionarios políticamente intocables porque cuentan con su confianza. Si Kast reclama para sí la facultad exclusiva de nombrarlos y removerlos, debe responder por su selección, su desempeño y su permanencia.

El artículo 24 de la Constitución entrega al Presidente el Gobierno y la administración del Estado. No es un privilegio destinado a concentrar poder y dispersar responsabilidades. Es una obligación de conducción política.

Si el Presidente quiere estar bien asesorado sobre su responsabilidad política, debería comenzar por revisar la competencia de sus ministros, exigirles resultados y comprometerse personalmente con los problemas que afectan a los chilenos. La lealtad no reemplaza la capacidad, la propaganda no sustituye las políticas públicas y la soberbia no corrige los errores.

Kast ha dicho que asume personalmente la responsabilidad política. Entonces que responda por sus decisiones, por sus ministros, por los costos que su Gobierno ha decidido trasladar a las familias y por los resultados de su administración. Porque gobernar no consiste en proclamarse responsable de todo para no responder finalmente por nada.