Ley Jacinta: que la protección llegue a las familias
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Señor director:
La tragedia ocurrida en la Ruta de la Fruta, en Santo Domingo, que dejó 11 personas fallecidas y 15 heridas, vuelve a recordarnos que detrás de cada accidente de tránsito hay familias que deben enfrentar pérdidas irreparables y, muchas veces, una compleja situación económica y laboral.
En medio del dolor, es fundamental que esas familias conozcan y puedan ejercer los derechos que establece la Ley Jacinta, vigente desde febrero de este año.
La normativa duplicó la indemnización por fallecimiento del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), elevándola de 300 a 600 UF para las pólizas contratadas desde el 9 de febrero de 2026. También redujo a siete días el plazo de pago, una vez presentados los antecedentes exigidos. Sin embargo, durante el período de transición coexistirán pólizas con distintas coberturas, por lo que es indispensable que cada familia reciba orientación sobre el seguro que corresponde.
La ley también incorporó protección laboral para quienes pierden a un hijo, cónyuge o conviviente civil, mediante un fuero de un mes, además de los permisos pagados que contempla el Código del Trabajo.
El desafío ahora es que estos derechos no queden solamente escritos en una normativa. Las aseguradoras, las instituciones públicas y los empleadores deben facilitar su ejercicio, entregar información clara y evitar que las familias deban enfrentar trámites innecesarios en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
Ninguna indemnización puede reparar la pérdida de un ser querido. Pero una protección oportuna, una respuesta institucional adecuada y el respeto de los derechos laborales pueden evitar que el dolor se transforme, además, en desprotección.
La Ley Jacinta debe demostrar su sentido justamente ahora: cuando las familias necesitan que la ley esté de su lado.
Max Schnitzer
Impulsor Ley Jacinta
