Tribunales de ejecución de pena: una reforma pendiente
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Señor director:
La controversia por las recientes rebajas de condena ha vuelto a evidenciar una deuda histórica de la justicia chilena: la ausencia de tribunales especializados en ejecución de pena.
Decisiones que inciden directamente en la libertad y los derechos fundamentales de las personas condenadas siguen radicadas, en gran medida, en órganos administrativos, bajo un control judicial fragmentado y sin criterios uniformes.
Las personas privadas de libertad siguen siendo titulares de derechos fundamentales que el Estado debe respetar y garantizar. Las condiciones de reclusión, las sanciones disciplinarias, el acceso a la salud, los traslados y las decisiones sobre beneficios y rebajas de condena requieren una supervisión judicial especializada, basada en criterios jurídicos claros y consistentes en el tiempo. La protección de estos derechos no puede depender de contingencias políticas.
Las reformas legislativas impulsadas para enfrentar esta controversia pueden corregir problemas puntuales, pero no resuelven las deficiencias estructurales de nuestro sistema de ejecución penal.
Chile necesita tribunales de ejecución de pena que garanticen un control judicial efectivo, con pleno respeto al principio de legalidad y garantías de independencia e imparcialidad. Esta controversia debe ser una oportunidad para impulsar una reforma largamente postergada.
Sthefania Walser e Isidora Gomez,
voluntarias LEASUR ONG.
