domingo, 16 de junio de 2019 Actualizado a las 17:05

OPINIÓN

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El derecho a migrar sí existe subsecretario Ubilla

Desde el enfoque de derechos humanos, los Estados son interpelados y en consecuencia las autoridades políticas deben ejercer sus cargos con la debida responsabilidad. Palabras como las del subsecretario Ubilla confunden a la población. Más aún, alimentan sentimientos xenófobos y racistas, haciendo ver a quien migra como si estuviera delinquiendo por la simple voluntad de quebrantar las normas y haciendo sentir a los inmigrantes que sobre ellos pende la amenaza permanente de la expulsión. Chile no puede olvidar su pasado. Sus autoridades, del signo político que sean, tampoco. No hace mucho fueron miles los chilenos y chilenas que debieron migrar forzosamente por razones políticas. Para ellos, el ejercicio de ese derecho significó la única alternativa posible.
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El tema de las migraciones es hoy en día de primerísimo interés. Se suceden las noticias, opiniones y decisiones al respecto. Hace pocos días hemos sido testigos de las declaraciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien cree “en los derechos de los migrantes, no en la migración como un derecho”.  Su planteamiento se apoya en, a lo menos, dos líneas argumentativas que resultan cuestionables. Primero, porque efectivamente la migración es un derecho humano, reconocido en los instrumentos internacionales de la materia. En segundo lugar, se trata de una afirmación que presenta una convicción contradictoria en sí misma, ya que no es posible separar la multicausalidad de factores que originan el hecho migratorio, con el ejercicio de los derechos respecto de la o las personas a quienes se le reconocen.

Desconocemos las motivaciones del subsecretario Ubilla para sostener dichas aseveraciones. Puede ser simple cálculo político o poco cuidado de los impactos de sus dichos. Puede ser reflejo de una comprensión empobrecida de lo humano y de los derechos que le son inherentes. Puede ser mero desconocimiento de la realidad migratoria. En cualquier caso, no son éstos tiempos de juzgar intenciones, mas sí de realizar las debidas aclaraciones.

Cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se pensaba en establecer, por un lado, un conjunto de derechos civiles y políticos, y, por otro, una serie de derechos económicos, sociales y culturales, extensibles a toda la población, en igualdad de condiciones, sin discriminación y con carácter progresivo. Hoy, a 70 años de este hito, la vigencia de los derechos radica precisamente en descubrir las dimensiones y los alcances de éstos, en concordancia con los diversos contextos espacio-temporales en que ellos se despliegan, en los cuales se juegan sus posibilidades de concreción y que permiten reafirmar el sentido de la dignidad humana.

De acuerdo con esto, el hecho migratorio es una realidad actual indiscutible que amerita un abordaje desde un prisma de derechos humanos, por sobre miradas instrumentalizadoras y utilitaristas del otro/a, punitivas y/o basadas en la lógica de la seguridad nacional. En consecuencia, se requiere que el Estado desarrolle un conjunto de tareas que respeten, protejan y promuevan estos derechos, las que se ven contravenidas cuando una autoridad estatal de alto rango en Chile -como en este caso- sostiene que migrar no es un derecho.

El artículo 13 de la citada Declaración, establece el derecho a la libre circulación como una prerrogativa inherente a los seres humanos, precisando, en el punto 2 de dicho artículo, que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país” ¿Cómo sostener, frente a esto, que migrar no es un derecho? Porque no estamos hablando de migrar para ir de vacaciones, por puro gusto o exceso de espíritu aventurero. No. Estamos hablando de personas, grupos, colectivos o grandes masas de población, generalmente empobrecidas, que -directa o indirectamente forzados- deben dejar su lugar de nacimiento para abrirse camino en nuevas tierras, con un costo personal, familiar y social muy alto. Es precisamente en dichas condiciones, donde el reconocimiento y el acceso al conjunto de derechos humanos (además del que tiene que ver con migrar) cobran sentido.

El artículo 13 de la citada Declaración, establece el derecho a la libre circulación como una prerrogativa inherente a los seres humanos, precisando, en el punto 2 de dicho artículo, que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país” ¿Cómo sostener, frente a esto, que migrar no es un derecho? Porque no estamos hablando de migrar para ir de vacaciones, por puro gusto o exceso de espíritu aventurero. No. Estamos hablando de personas, grupos, colectivos o grandes masas de población, generalmente empobrecidas, que -directa o indirectamente forzados- deben dejar su lugar de nacimiento para abrirse camino en nuevas tierras, con un costo personal, familiar y social muy alto. Es precisamente en dichas condiciones, donde el reconocimiento y el acceso al conjunto de derechos humanos (además del que tiene que ver con migrar) cobran sentido.

De ahí que Naciones Unidas ponga especial énfasis en la necesidad de proteger de los derechos humanos de los migrantes y en promover la aplicación del Derecho Internacional sobre migraciones, independientemente del país del que se trate, tal como se sostiene en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes (2003), que fue ratificada por Chile en 2005.

Desde el enfoque de derechos humanos, los Estados son interpelados y en consecuencia las autoridades políticas deben ejercer sus cargos con la debida responsabilidad. Palabras como las del subsecretario Ubilla confunden a la población. Más aún, alimentan sentimientos xenófobos y racistas, haciendo ver a quien migra como si estuviera delinquiendo por la simple voluntad de quebrantar las normas y haciendo sentir a los inmigrantes que sobre ellos pende la amenaza permanente de la expulsión.

Chile no puede olvidar su pasado. Sus autoridades, del signo político que sean, tampoco. No hace mucho fueron miles los chilenos y chilenas que debieron migrar forzosamente por razones políticas. Para ellos, el ejercicio de ese derecho significó la única alternativa posible.

Por todo esto y por mil razones más, afirmamos, hoy como ayer: ¡migrar sí es un derecho!

 

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