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Omisiones e improvisaciones en la nueva Inteligencia del Estado

por 26 julio, 2018

Omisiones e improvisaciones en la nueva Inteligencia del Estado
Aun cuando el caso del Banco de Chile todavía está fresco, extrañamente la protección de los sistemas informáticos críticos del país no es mencionada en la propuesta, y este es un campo en el que la ANI y el SIN deben involucrarse. La informática es relevante para la inteligencia, tanto en cuanto herramienta de obtención de informaciones como de análisis de datos y, también, en la dimensión de prevención estatal de ilícitos contrarios al interés nacional, lo que constituye la Ciberdefensa.
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Aunque en las bases de programa de Gobierno se anunciaba la modernización del sistema de inteligencia nacional, en la segunda parte del reciente “Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública” (ANSP) recién empezamos a ver un delineamiento concreto del propósito y los alcances de tal objetivo. Pese a su urgencia, solo medido en “tiempo político”, el asunto ha avanzado rápido, no obstante lo necesaria que parece ser esta transformación para todos los sectores.

Rara vez en Latinoamérica el sistema de inteligencia (SIN) de algún país ha constituido un tema políticamente transversal y menos aún se ha transformado públicamente. Esto es vital: solo así el producto resultante gozará de la legitimidad que tan delicada función demanda. Por eso, aunque se pueda disentir en algunos aspectos de la proposición, no puede dejar de admitirse el mérito de la iniciativa. También es un signo de madurez política: en la mesa que acordó el fortalecimiento, más de alguien pudo antaño sentirse víctima del sistema de inteligencia que hoy se moderniza.

La proposición del ANSP comienza con una visión, que incorpora algunos elementos principales: se opta por un sistema “integrado” de inteligencia, que incrementará su eficacia apelando principalmente a dos aspectos: asegurar la colaboración de los servicios e incrementar la cantidad de agencias que lo componen.

También se recalca la necesidad de un contrapeso democrático a un SIN empoderado, un aspecto que no debe incorporar solamente a la ANI, como lo sugiere el ANSP, sino que principalmente a las agencias institucionales, donde la experiencia reciente y pasada indica que se podrían radicar los excesos. Por último, se establece una racionalidad de “sistema”, en un SIN que hoy solo es un conjunto de agencias, carente de coordinación efectiva.

Aunque la creación –por otra parte– de un Consejo Nacional de Inteligencia parece acertado, si este consejo está compuesto por los mismos directores de las agencias que integran el SIN, no pareciera que los “consejos del Consejo” vayan a gozar de los atributos requeridos. En efecto, por motivos propios de sus organizaciones, los directores de inteligencia en Chile duran períodos breves, del orden de los 3 años. Además, los mismos directores integran el Comité de Inteligencia, que elabora los objetivos de inteligencia, por lo que serían parte interesada al aconsejar al Presidente. Pareciera mejor crear un Consejo Nacional de Inteligencia, primero con otro nombre y también incorporando a otros integrantes, que brinde una mirada distinta y de mayor profundidad.

Aunque la proposición apunta en el sentido correcto, se deslizan algunas “gaffes”: el propuesto organismo consultor de alto nivel es denominado “Consejo Nacional de Inteligencia”, cuya sigla –que recuerda a la desaparecida y siniestra CNI– no puede resultar más desafortunada y sería risible si no denotara un nivel de improvisación inaceptable en esta materia. Tampoco se explica cómo, si se pretende profesionalismo y prescindencia política en la ANI, la propuesta 79 pretenda eliminar su planta, dejando las contrataciones al vaivén de la política, como ha ocurrido.

Lo más acertado de la propuesta es el esfuerzo por situar a la ANI en el nivel que le corresponde: el de proveer “inteligencia de Estado”, novel término que empleábamos en esta misma columna y que da cuenta del nivel del producto requerido a la Agencia. Además, boga por un “sistema moderno, integrado y funcional de inteligencia”, aspectos que trataremos de dilucidar.

“Integrado”, puede parecer un término arcano para describir el SIN, pero con eso se pretende crear un sistema de inteligencia que, sin constituir una estructura piramidal, goce de unidad de propósito y sinergia entre sus componentes. Por “Funcional”, tendemos a pensar que se asegurará la correspondencia entre los esfuerzos de inteligencia y los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Inteligencia (propuesta 75). Pensamos que la Estrategia debiera elaborarse cada 4 años, en cada Gobierno, mientras que el Plan, anualmente.

Que un Gobierno de un signo “herede” una estrategia elaborada por uno de signo contrario, parece ingenuo. Aquello de “moderno” es lo que menos explicitado está. Ojalá se refiera a modernidad en términos de implementar mecanismos informáticos de análisis e intercambio de informaciones entre agencias, o también a modernidad en cuando a la accountablility de los directores de las agencias del SIN, incluyendo al de la ANI, por cierto.

No puede, sin embargo, un sistema de inteligencia alardear de moderno, si un aspecto tan vital como la ciberdefensa que está completamente ausente de la propuesta. Curiosa omisión, que retomaremos más adelante.

De lo propuesto, llama la atención el énfasis en la obligatoriedad de la colaboración entre agencias, énfasis que habla un poco de amateurismo en materias de inteligencia: la colaboración en un sistema de inteligencia se basa en la confianza entre sus integrantes y en la coordinación de los objetivos. Así, mediante la asignación de objetivos comunes y en los mecanismos de retribución hacia aquellas agencias que son más efectivas, se propende a un sistema efectivamente integrado. Establecer penas o sanciones para aquellos que no compartan informaciones resulta un pobre paliativo en ausencia de lo anterior.



Aunque la creación –por otra parte– de un Consejo Nacional de Inteligencia parece acertado, si este consejo está compuesto por los mismos directores de las agencias que integran el SIN, no pareciera que los “consejos del Consejo” vayan a gozar de los atributos requeridos. En efecto, por motivos propios de sus organizaciones, los directores de inteligencia en Chile duran períodos breves, del orden de los 3 años. Además, los mismos directores integran el Comité de Inteligencia, que elabora los objetivos de inteligencia, por lo que serían parte interesada al aconsejar al Presidente. Pareciera mejor crear un Consejo Nacional de Inteligencia, primero con otro nombre y también incorporando a otros integrantes, que brinde una mirada distinta y de mayor profundidad.

Otro aspecto que merece reparos es la inclusión de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento del SIN en el Plan de duración de 4 años. Estos debieran ser de índole semipermanente y no variar con los objetivos. Por último, es preciso insistir en el tema de la “planta” de la ANI. La existencia de funcionarios de carrera, en el marco de una “carrera” con metas, capacitación, exigencias e incentivos, es lo que ha permitido a países con más experiencia contar con un sistema de inteligencia profesional y que no varíe sustancialmente cada vez que cambia el Gobierno.

Aun cuando el caso del Banco de Chile todavía está fresco, extrañamente la protección de los sistemas informáticos críticos del país no es mencionada en la propuesta, y este es un campo en el que la ANI y el SIN deben involucrarse. La informática es relevante para la inteligencia, tanto en cuanto herramienta de obtención de informaciones como de análisis de datos y, también, en la dimensión de prevención estatal de ilícitos contrarios al interés nacional, lo que constituye la Ciberdefensa.

Mientras se implementan las propuestas, es preciso aceptar que se ha dado un paso importante en el desarrollo de un SIN a la altura de nuestro país y que este es un mérito político transversal. Ojalá ahora se avance sin más improvisaciones ni omisiones en esta materia y, luego, nuestro Congreso esté a la altura del desafío, porque, en mi experiencia personal, hasta ahora no lo ha estado en cuanto a sus atribuciones de control del Sistema de Inteligencia del Estado.

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