domingo, 18 de noviembre de 2018 Actualizado a las 01:23

OPINIÓN

Autor Imagen

Una Comisión de Verdad y Reparación independiente

por 1 agosto, 2018

Una Comisión de Verdad y Reparación independiente
El problema del abuso de poder y consciencia está arraigado tan profundamente que necesitamos una mirada fresca, analítica y con lúcida comprensión de las estructuras sutiles de poder revestido de lo “religioso”. Necesitamos una mirada que logre, por ejemplo, analizar el impacto que tiene en la facilitación de los abusos el hecho de que el confesor, el jefe o formador y el superior de un sacerdote o seminarista puede ser la misma persona. Por tanto, la Comisión de Verdad y Reparación no podría tener vínculo directo alguno con la jerarquía eclesiástica, ya sea institucional o de parentesco. Su financiamiento debería ser asegurado por la Iglesia, pero ser administrado por un órgano independiente que responda solamente a la misma Comisión.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

En varios países ya se han constituido y/o finalizado Comisiones de Verdad sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos. Algunos a cargo del Estado respectivo; otros, realizados por el Parlamento. La mayor tarea de una comisión sería analizar el contexto que permitió que se hayan cometido estos abusos y se hayan encubierto o silenciado. Es decir, las estructuras, redes, la cultura organizacional, y la mezcla entre idolatría a algunos sacerdotes, el secreto y la práctica de confesión mal entendida, y el abuso de conciencia. También debiera abarcar el abuso de poder contra las mujeres que impide su participación en la toma de decisiones y, por tanto, en el equilibrio sano de una organización. Solo así se podrán lograr propuestas eficaces de garantías de no-repetición. También deberá determinar reparaciones para las víctimas. Esta cpolumna pretende contribuir a un debate sobre la forma en la que podría trabajar una Comisión de Verdad y Reparación sobre abusos sexuales por clérigos en Chile.

Algunos han propuesto que se cree una Comisión conformada por laicos y laicas, o sea, personas que no son religiosos o sacerdotes, pero sí son miembros de la Iglesia católica y participan activamente de ella, usualmente sin ser parte de sus estructuras de poder. Sin embargo, para lograr la independencia de una Comisión de Verdad y Reparación es imprescindible que, a través mecanismos de conformación y selección, así como su financiamiento y sus procesos de trabajo, se garantice esta independencia con mecanismos complementarios. Una Comisión, usualmente, no es jueza en casos particulares, pero sí jueza sobre la calificación de hechos, prácticas, de estructuras de poder o que facilitan la concentración de poder, e diseños institucionales que facilitan manipular y dominar incluso la conciencia de las personas.

El proceso debería ser transparente y público, a menos que una víctima solicite declarar en privado ante la Comisión. Para efectos de recoger su testimonio en el informe final de la misma, se daría un seudónimo a la persona que declara. Para evitar la revictimización de las personas que sufrieron abusos, la Comisión de Verdad y Reparación debería trabajar con estándares compatibles con las exigencias del derecho procesal penal, evitando así las dificultades que se experimentan en Chile con los datos de la Comisión Valech. De esta forma, las declaraciones ante la Comisión podrían, si el caso así lo amerita y con el consentimiento de la víctima, ser reutilizadas en los procesos penales o civiles y se evitaría la revictimización que puede ocurrir al declarar varias veces sobre temas tan delicados como los abusos sufridos.

El problema del abuso de poder y consciencia está arraigado tan profundamente que necesitamos una mirada fresca, analítica y con lúcida comprensión de las estructuras sutiles de poder revestido de lo “religioso”. Necesitamos una mirada que logre, por ejemplo, analizar el impacto que tiene en la facilitación de los abusos el hecho de que el confesor, el jefe o formador y el superior de un sacerdote o seminarista puede ser la misma persona. Por tanto, la Comisión de Verdad y Reparación no podría tener vínculo directo alguno con la jerarquía eclesiástica, ya sea institucional o de parentesco. Su financiamiento debería ser asegurado por la Iglesia, pero ser administrado por un órgano independiente que responda solamente a la misma Comisión.

El modo de seleccionar a los y las integrantes debe no solo responder a un criterio de interdisciplinariedad –psicólogos(as), sociólogos(as), teólogos(as), médicos(as) y abogados(as)– sino también representar distintos sectores de la sociedad y los distintos grupos de víctimas. Así, propongo una conformación por personas elegidas por los laicos y laicas de todas las diócesis chilenas, respetando los criterios de independencia e imparcialidad indicados; por personas elegidas por el Estado (idealmente el Congreso) que no sean miembros de la Iglesia católica; y personas designadas por las distintas organizaciones de víctimas, incluyendo a las religiosas que no tienen ni han tenido cargos de poder en sus congregaciones.

Idealmente, no más de la mitad de los(as) integrantes de la Comisión serán miembros activos de la Iglesia católica y ningún miembro podría ejercer cargos eclesiales mientras integre la Comisión. Ciertamente, es una propuesta; otros países han confiado la conformación de la Comisión enteramente al Parlamento. En Chile, sin embargo, por el elitismo y la interrelación de sus estructuras de poder político y religioso, no parece tan buena idea basarse únicamente en una sola vía de nominación.

El proceso debería ser transparente y público, a menos que una víctima solicite declarar en privado ante la Comisión. Para efectos de recoger su testimonio en el informe final de la misma, se daría un seudónimo a la persona que declara. Para evitar la revictimización de las personas que sufrieron abusos, la Comisión de Verdad y Reparación debería trabajar con estándares compatibles con las exigencias del derecho procesal penal, evitando así las dificultades que se experimentan en Chile con los datos de la Comisión Valech. De esta forma, las declaraciones ante la Comisión podrían, si el caso así lo amerita y con el consentimiento de la víctima, ser reutilizadas en los procesos penales o civiles y se evitaría la revictimización que puede ocurrir al declarar varias veces sobre temas tan delicados como los abusos sufridos.

Lo más importante del informe final será, a mi juicio, el esclarecimiento de las estructuras eclesiales que facilitan los abusos. Para esto, también tendrá que tener a la vista documentos internos de la Iglesia, como el informe de Charles Scicluna. La Comisión de Verdad y Reparación no solamente propondría un marco para las reparaciones de las personas que sufrieron abuso, sino también garantías de no-repetición, como cambios institucionales, de derecho canónico, del clericalismo y la cultura institucional del (ab)uso del poder.

El Estado debería además nombrar, como observadores del proceso y, especialmente, garantes de su transparencia, debido proceso, perspectiva de género y respeto a las minorías, particularmente de la diversidad sexual, el Instituto Nacional de Derechos Humanos u otra institución que pueda velar por el correcto desarrollo de los procedimientos.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director

Niños “privados”

Envíada por Diego de la Barra; María Gracia Pavez; Cristián Orellena; Maida Merino; Rafael Goni; Isidora Lira; Hugo Jordán | 18 noviembre, 2018

Cartas al Director

Noticias del día

TV