Opinión
El hecho conocido como caso Espex giró en torno a una denuncia sobre la migración de bases de datos y equipos que realizaba una empresa recién licitada, y que –según la denuncia– “ponía en riesgo la continuidad operativa” de la institución por brindar datos manipulados y débil soporte técnico. Pese a la denuncia grave, el director ejecutivo de la época, Jorge Abbott, no detuvo el proceso de migración digital, lo que solo hizo un mes después, cuando se produjo “un colapso operacional” total. La designación de Marcos Emilfork, ya entonces Fiscal Regional de Los Lagos, fue para sacar de en medio al Fiscal Regional de Coquimbo, Enrique Labarca, quien había empezado la investigación por su cuenta, debido a la gravedad de los hechos denunciados. El resultado de la investigación sigue sin conocerse.
El agua que en torrente pasa bajo los puentes de la política nacional cimbra las instituciones. En esa crujidera, uno de los que vive su purgatorio se llama Jorge José Winston Abbott Charme, el Fiscal Nacional.
La razón es la presentación del Frente Amplio (FA) a la Corte Suprema para que ordene su destitución, por notable abandono de deberes.
Tres son los puntos: primero sus reuniones con parlamentarios de derecha, entre ellos, el actual ministro de Justicia Hernán Larraín, para ver el destino judicial de parlamentarios investigados por el financiamiento ilegal de SQM a la política; segundo, el acoso laboral interno en la Fiscalía, reiterativo –según se conoce– y que ha llegado hasta la OIT; y tercero, la idea, en su cuenta pública, de que los fiscales deben estar conscientes de sus decisiones, pues “pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional” y afectar el quorum de votaciones legislativas y, con ello, la representación popular. Reiterado con un “debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados”. Un casi, casi decir «no investigue».
Tales declaraciones, en medio de la investigación sobre corrupción política más nefasta en la historia del país, sonó a impunidad y como un llamado explícito a no incomodar al poder político. Algo que el Fiscal Nacional ha cultivado de manera perfecta desde que se hizo cargo de su puesto.
De acuerdo a sus propias competencias, nunca fue al Tribunal Constitucional (TC) a defender la prerrogativa constitucional del Ministerio Público de ser propietario de la acción penal. Ergo, se sometió a los criterios del SII, evidentemente manipulado por el poder político en los inicios de la investigación sobre platas políticas, lo que inexplicablemente no figura en el libelo del FA. Ello es tan cierto como indicativo de que lo llevó, incluso, a no convocar nunca al Consejo de Fiscales Regionales para escuchar su opinión sobre el tema.
[cit tipo=»destaque»]El perfil de Jorge Abbott no es el de un Fiscal Nacional sino de un jefe de protocolo, no transmite autoridad sino agrado y es, socialmente hablando, un caballero a la antigua. Tiene conocimiento de los salones de poder por familia, es primo de Alfredo Moreno Charme, ex canciller y actual ministro de Sebastián Piñera y que fuera encargado del comité de crisis del grupo Penta, en el escándalo por platas ilegales en la política. Es primo también de Eduardo Charme Aguirre, quien era director del Servel al inicio de estas investigaciones. Su hija mayor está casada con José Manuel Romero Leiva, sobrino de Sergio Romero, ex senador RN. En su juventud fue DC, luego Mapu, ejecutivo de la fábrica de viviendas prefabricadas El Belloto, y trabajó luego con el interventor militar.[/cita]
El arribo de Jorge Abbott al cargo de Fiscal Nacional está rodeado de hechos ambiguos. Uno de ellos es una investigación penal ordenada en torno a la adquisición y operación de equipos y sistemas informáticos cuando era director ejecutivo nacional del Ministerio Público, de la cual hasta el día de hoy no se sabe cuáles fueron los resultados, y que llevó a cabo el fiscal Marcos Emilfork, el mismo de los casos del Sename.
El hecho giró en torno a una denuncia anónima sobre la migración de bases de datos y equipos que realizaba una empresa recién licitada, y que –según la denuncia– “ponía en riesgo la continuidad operativa” de la institución por brindar datos manipulados y débil soporte técnico. Pese a la denuncia grave, el director ejecutivo Abbott no detuvo el proceso de migración digital, lo que solo hizo un mes después, cuando “un colapso operacional” dejó por más de 72 horas sin funcionar a un número indeterminado de computadores de la red. Hasta el día de hoy una de las principales debilidades del Ministerio Público es su sistema informático, lo que obliga a los fiscales a ir a las audiencias con cientos de papeles y carpetas.
La designación de Marcos Emilfork, ya entonces Fiscal Regional de Los Lagos, fue para sacar de en medio al Fiscal Regional de Coquimbo, Enrique Labarca, quien había empezado la investigación por su cuenta, debido a la gravedad de los hechos denunciados. Ello molestó a las autoridades de la Fiscalía Nacional, entre ellas, Abbott, principal responsable de los hechos como jefe administrativo del Servicio. Como es habitual en las investigaciones de Emilfork, nunca hubo un avance transparente en la investigación penal, pese a que fuentes internas del Ministerio Público evaluaron entonces un “mal manejo” y una evidente “manipulación de la información” por parte de Abbott.
La actitud permisiva del Fiscal Nacional con las actuaciones de Marcos Emilfork, entre ellas permitirle declaraciones públicas que en el caso de otros fiscales les significan sumarios –como Emiliano Arias en la VI Región–, se debería a una relación ambigua y de implícito reconocimiento mutuo, relacionado con este y otros casos, y que el arte social y político de Jorge Abbott sabe apreciar.
El perfil de Jorge Abbott no es el de un Fiscal Nacional sino de un jefe de protocolo, no transmite autoridad sino agrado y es, socialmente hablando, un caballero a la antigua. Tiene conocimiento de los salones de poder por familia, es primo de Alfredo Moreno Charme, ex canciller y actual ministro de Sebastián Piñera y que fuera encargado del comité de crisis del grupo Penta, en el escándalo por platas ilegales en la política. Es primo también de Eduardo Charme Aguirre, quien era director del Servel al inicio de estas investigaciones. Su hija mayor está casada con José Manuel Romero Leiva, sobrino de Sergio Romero, ex senador RN. En su juventud fue DC, luego Mapu, ejecutivo de la fábrica de viviendas prefabricadas El Belloto, y trabajó luego con el interventor militar.
La presentación del FA, que debe resolver el Pleno de la Corte Suprema en las próximas semanas, puso en el tapete el sinnúmero de hechos abiertamente contrarios al ejercicio de su cargo, pero que, en su óptica social, nada tendrían de malo.
El ex subsecretario Pablo Wagner terminó absuelto por cohecho y condenado por delitos tributarios y aumento injustificado de su patrimonio en el caso Penta.
El Ministerio Público también llegó a acuerdo con los dueños del grupo Penta, Carlos Lavín y Carlos Délano Abbott, para un juicio abreviado. Reconocieron los hechos y terminaron condenados por delitos tributarios, ocasión en la cual Abbott respaldó públicamente al fiscal Guerra, metiendo en medio a Carabineros: “El Ministerio Público ha demostrado enormes fortalezas. Basta recordar la reacción en la Operación Huracán, pocas veces vista en la historia”.
Otra del caso Penta es la reunión que sostuvo con Hernan Larraín por la situación del senador UDI Iván Moreira, 28 días antes de que el Ministerio Público le otorgara a este una suspensión condicional, liberándolo de una eventual condena. Larraín le solicitó más urgencia para la resolución del caso y el Fiscal Nacional se lo transmitió al fiscal Guerra que llevaba la investigación.
Se reunió con Alejandro Espinoza, abogado de Fulvio Rossi, Carlos Ominami y Pablo Longueira. También se reunió con Ciro Colombara, abogado de Marco Enríquez-Ominami.
Se reunió con Rodrigo Zegers, abogado de Santiago Valdés, asistente de Sebastián Piñera imputado en el caso Penta.
Abbott se reunió con todo el mundo.
Al conocerse la reunión con Larraín, el fiscal Guerra defendió a su superior: “No tuve conocimiento de esa reunión hasta ahora (…y…) el Fiscal Nacional no me dijo nada al respecto. A mí solamente él me reenvió un oficio que le llegó del Senado. Nunca me dijo ‘por favor apúrese, o tome tal o cual salida’”. Probablemente si reconociera lo contrario, estaría fuera de la Fiscalía y encausado penalmente.
La única fiscal que le ha subido la vara a las investigaciones por platas, en este caso por el cohecho de Corpesca, es Ximena Chong, que acaba de poner un petardo con el reconocimiento que hizo Francisco Mujica del pago a parlamentarios, entre ellos, Jaime Orpis y Marta Isasi, para modelar la Ley de Pesca. Aquí, que se sepa, menos mal no hubo reuniones de Abbott.
Con los únicos que no se reúne expresamente el Fiscal Nacional es con los dirigentes gremiales del Ministerio Público, a los que acosa laboralmente, y que le tienen un reclamo ante la OIT por “intervencionismo en la actividad sindical” y constantes y reiteradas prácticas antisindicales.
