Opinión
Lo que cabe preguntarse aquí es qué le pasa a este Gobierno, que por una parte no está siendo capaz de cumplir con los compromisos adquiridos como Estado a nivel internacional y tampoco pareciera ser capaz de buscar soluciones reales a la situación de la Bahía de Quintero. ¿Estos hechos son constitutivos de desafortunadas coincidencias, falta de capacidad o de información? O, lo que es más preocupante aún, ¿constituyen la política ambiental de este Gobierno? Esperamos que el Presidente Piñera reconsidere su decisión y firme el Acuerdo de Escazú ahora.
Esta semana nos hemos enterado de que el Gobierno de Chile ha decidido postergar la suscripción de nuestro país en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú. El origen de este se remonta a la Cumbre de Río de 1992 y, particularmente, al Principio 10 de la Declaración de Río, pero debieron pasar muchos años antes de que comenzara a cuajar en un convenio regional.
Para que se entienda bien, Escazú es un acuerdo cuyas negociaciones se inician el año 2012, durante el primer Gobierno de Piñera, y que ha sido promovido por el Estado de Chile, liderado por el Ministerio del Medio Ambiente y ha contado con el apoyo de Cepal. El texto final de este convenio se aprobó en marzo de 2018 por todos los participantes, 24 países, incluido Chile. En dicha ocasión se definió que la apertura para su firma sería el día 27 de septiembre, durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Pero no es solo eso, Chile presidió la etapa preparatoria y se la jugó por involucrar a otros países de Latinoamérica, constituyéndose en líder regional. Nunca antes nuestro país había liderado un proceso de esta naturaleza, por lo cual la decisión anunciada por el Gobierno nos deja en una posición compleja.
Es más, en junio de este año, en un comunicado oficial conjunto realizado por los gobiernos de Costa Rica –que tiene la presidencia– y Chile –que tiene la vicepresidencia– invitaron a los países a suscribirlo.
[cita tipo=»destaque»]Además, este es el primer acuerdo regional en materia ambiental, lo cual tiene una enorme importancia para Latinoamérica y el Caribe, pues es un instrumento jurídico en el que se establece que los estados deben implementar estándares adecuados para asegurar los derechos de acceso de las personas en materia ambiental. Estos derechos de acceso son: el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, en el acuerdo se establecen principios que guiarán su implementación, estos son: a) principio de igualdad y principio de no discriminación; b) principio de transparencia y principio de rendición de cuentas; c) principio de no regresión y principio de progresividad; d) principio de buena fe; e) principio preventivo; f) principio precautorio; g) principio de equidad intergeneracional; h) principio de máxima publicidad.[/cita]
Además, este es el primer acuerdo regional en materia ambiental, lo cual tiene una enorme importancia para Latinoamérica y el Caribe, pues es un instrumento jurídico en el que se establece que los estados deben implementar estándares adecuados para asegurar los derechos de acceso de las personas en materia ambiental. Estos derechos de acceso son: el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, en el acuerdo se establecen principios que guiarán su implementación, estos son: a) principio de igualdad y principio de no discriminación; b) principio de transparencia y principio de rendición de cuentas; c) principio de no regresión y principio de progresividad; d) principio de buena fe; e) principio preventivo; f) principio precautorio; g) principio de equidad intergeneracional; h) principio de máxima publicidad.
Por ello, el solo anuncio de que el Gobierno de Chile no suscribirá el Acuerdo de Escazú, en la fecha comprometida, puede tener enormes costos para la política regional y mundial de nuestro país. Hasta ahora no existen razones claras de la decisión adoptada por Chile, pero lo que sí está claro es que el prestigio de nuestro país, ese del cual tanto les gusta sentirse orgullosas a muchas autoridades, se verá gravemente dañado.
Mientras esto sucede en Nueva York, en Chile y más precisamente en la Bahía de Quintero, que comprende las comunas de Quintero y Puchuncaví, desde hace más de un mes que se repiten cada semana intoxicaciones masivas que afectan a los habitantes de diversos poblados de la zona. Esto, sin que hasta ahora las autoridades sanitarias y/o ambientales hayan podido determinar las causas que están ocasionando estos hechos. Lo cierto es que la situación se torna cada vez más dramática, las personas de estas localidades deben afrontar la llegada de cada nuevo día con angustia y temor. La verdad es que a los habitantes de esta llamada Zona de Sacrificio se les está vulnerando el derecho a vivir en un medioambiente sano y el derecho a la salud.
Lo que cabe preguntarse aquí es qué le pasa a este Gobierno, que por una parte no está siendo capaz de cumplir con los compromisos adquiridos como Estado a nivel internacional y tampoco pareciera ser capaz de buscar soluciones reales a la situación de la Bahía de Quintero. ¿Estos hechos son constitutivos de desafortunadas coincidencias, falta de capacidad o de información? O, lo que es más preocupante aún, ¿constituyen la política ambiental de este Gobierno? Esperamos que el Presidente Piñera reconsidere su decisión y firme el Acuerdo de Escazú ahora.
