Opinión
El caso de Palma Salamanca se enmarca en una situación mucho más global, donde hay un cambio entre Derechos Humanos, globalización y memoria, que se expresa en la resolución de una oficina de protección a los refugiados (OFPRA) que ha resuelto el problema –sin abdicar ante a una «narrativa neutralista» o «socialdemócrata»–, refrendando la idea de que aún existen los derechos de los perseguidos políticos y que estos sujetos (y sus perversiones o crímenes en democracia) se encuentran en una situación depredada, pero también nos alecciona sobre una serie de «formas de violencia» glonacales que hoy existen y respecto de las cuales el mundo occidental no se puede sustraer.
Tras dos meses, todo hacía presumir que Sebastián Piñera había logrado posicionar a Chile en el concierto internacional –a lo menos regionalmente– desde una gestión definitivamente exitosa en materia de política exterior, apelando al rotundo éxito ante el Tribunal de La Haya. Fue tal la algarabía que, incluso, muchos sacaron cuentas felices sobre 8 años de continuidad, y no pocos actores del alicaído elenco socialdemócrata se aventuraron a sugerir –sin miramientos de observaciones ciudadanas– a Heraldo Muñoz como el nuevo Lázaro para las elecciones presidenciales del año 2022.
Sin embargo, en medio de un año que suponía un cierre con conflictos de baja intensidad, estalló el caso de Palma Salamanca, autor material del crimen del senador Jaime Guzmán.
Se trata de un prófugo de la justicia transicional, pero también de una «víctima» –vaya paradoja–, dada la evolución del derecho internacional luego de tres decenios de aldea global (2018). De otro modo, cómo interpelar al autor material del crimen de un senador en democracia a la luz de un marco judicativo castrense, consensuado con la coalición del arcoíris, que lo somete a juicio 1992 y luego se fuga por gracia de un «helicóptero mágico».
No obstante, años más tarde –y este es el quid–, una globalización primermundista lo protege por la vía del asilo (2018), desmantelando los acuerdos transicionales. En efecto, la transición lo encierra a la luz de sus mecanismos de normalización, pero la globalización lo libera o, bien, el derecho internacional declara punible todo el marco de acuerdos judicativos alcanzados en las negociaciones Boeninger/Cáceres.
[cita tipo=»destaque»]En el plano de una hipótesis, esto se vincula a tendencias de actualización de los marcos jurídicos, de los diseños de ley y de las prerrogativas que tienen las distintas judicaturas para determinar los destinos de los ciudadanos(as). De otro lado, esto indudablemente se relaciona con la posición que tiene la ciudadanía francesa –y una izquierda continental–, que aún se relaciona con América Latina desde el trauma por la violencia del Estado durante los años 70 y 80. Ergo, aún pululan acuerdos simbólicos y estructuras de sentido histórico que no se pliegan a los desvanecidos pactos de la transición a la democracia para instalarse como un programa político exportable, al menos, más allá de América Latina. Y ahí Sebastián Piñera nuevamente resulta interpelado por los espectros de los años 90, que aún cincelan nuestro presente. Se trata del retorno a una «política del trapecio».[/cita]
Ahora bien, desde una perspectiva más contemporánea, la resolución respecto al caso del ex guerrillero Palma Salamanca no solo muestra la genuina independencia de poderes en la sociedad francesa y su pedestal («esfinge moral») por preservar la integridad de los ciudadanos del mundo, sino que deja pivotando la idea de un marco judicativo de comportamiento anacrónico.
En virtud de los hallazgos jurídicos en materias de globalización y Derechos Humanos, queda la sensación de una especie de subtercermundismo que repite fastidiosamente ¡aquí ha sido corrompido el «Estado de derecho»! Y qué ocurriría si las cosas tomaran otro rumbo en el caso de Apablaza o, bien, años más tarde el comandante Ramiro fuera liberado. ¿Ciencia o ficción? Sin duda, aquello que se torna evidente son los déficits de la justicia transicional (impuesta o no, consensuada o no) y la viabilidad del eslogan que nos autoproclama una «segunda transición» –como es el caso de los ideólogos de Chile 21–.
Ergo, el subtexto de los jueces franceses, sin considerar la trama del valle de Santiago, nos indica que nuestra plaza no da garantías para un debido proceso. A este respecto no debemos olvidar que la repatriación de Pinochet se hizo con el concurso del Gobierno de Frei Ruiz-Tagle. En ese entonces, la embajada chilena en Londres trató de advertir a la comitiva del general que se había despachado una orden de detención emanada por el juez Baltasar Garzón. En suma, no está de más recordar que la Concertación se hizo cargo de los pactos de gobernabilidad y con alguna prestancia adoptó un curso de acciones para cumplir los acuerdos transicionales que aún «iluminan» nuestro 2018. «Nobleza obliga», fue la máxima del elenco transicional. Pues bien, en esta coyuntura no habría que esperar menos de los actores de la Concertación que aún pululan en nuestro mapa político.
En síntesis, las instituciones francesas adoptaron una posición de alta especialización en materias de derecho internacional y con un rico acervo en «políticas de la memoria». Todo ello merced a los daños inenarrables del Holocausto europeo y por fenómenos multiculturales que se abrieron hacia fines de los años 70.
En ese sentido, pareciera ser que existe una «memoria del trauma» continental donde el país sede del «iluminismo dieciochesco» abraza, cual vanguardia eurocéntrica, para América Latina y nos alecciona de cuando en vez –a modo de colonia–. Pero ¿cuál es el impasse y las implicancias políticas que tiene esta decisión?
Todo indica que existía un anhelo con pretensiones dantescas donde el piñerismo –al menos un sector– estaba ad portas de cerrar la época con el triunfo aplastante de un neoliberalismo avanzado. La idea de fondo, y la evidencia ha jugado a favor de las derechas regionales, sería dar por terminado con el siglo XX bajo el irreversible colapso de toda identidad socialista. Y ello, a la luz de una izquierda farisea y parasitaria, aún goza de trazabilidad.
El caso de Palma Salamanca se enmarca en una situación mucho más global, donde hay un cambio entre Derechos Humanos, globalización y memoria, que se expresa en la resolución de una oficina de protección a los refugiados (OFPRA) que ha resuelto el problema –sin abdicar ante a una «narrativa neutralista» o «socialdemócrata»–, refrendando la idea de que aún existen los derechos de los perseguidos políticos y que estos sujetos (y sus perversiones o crímenes en democracia) se encuentran en una situación depredada, pero también nos alecciona sobre una serie de «formas de violencia» glonacales (caso de los migrantes) que hoy existen y respecto de las cuales el mundo occidental no se puede sustraer.
En el plano de una hipótesis, esto se vincula a tendencias de actualización de los marcos jurídicos, de los diseños de ley y de las prerrogativas que tienen las distintas judicaturas para determinar los destinos de los ciudadanos(as). De otro lado, esto indudablemente se relaciona con la posición que tiene la ciudadanía francesa –y una izquierda continental–, que aún se relaciona con América Latina desde el trauma por la violencia del Estado durante los años 70 y 80. Ergo, aún pululan acuerdos simbólicos y estructuras de sentido histórico que no se pliegan a los desvanecidos pactos de la transición a la democracia para instalarse como un programa político exportable, al menos, más allá de América Latina. Y ahí Sebastián Piñera nuevamente resulta interpelado por los espectros de los años 90, que aún cincelan nuestro presente. Se trata del retorno a una «política del trapecio».
Por último, abunda la intrincada y ceremonial posición del Partido Comunista. A no dudar, fue la «vía de la rebelión popular» el contexto de surgimiento del Frente Patriótico. Luego del plebiscito, el partido de Recabarren dio orden de disolver la tesis de «todas las formas de lucha». Algunos escucharon la voz del comité central, pero los autónomos no se sumaron a la tregua que el PC sugería. El pecado capital sucede cuando un partido avala un curso de acciones basadas en armas y revólveres –en actos de fuerza– que después se tornan incontrolables, por más esfuerzos que se hagan en su fuero interno y en hechos concretos. Detener la espiral de una vía armada es una osadía.
La comisión central del PC sacó una declaración condenando la muerte del senador Guzmán al otro día de su asesinato y 25 años más tarde, en pleno Congreso, ofrendó un minuto de silencio por la muerte del líder del gremialismo. Pero ahí está la eterna duda sobre las motivaciones íntimas del mundo comunista y sus rituales: ¿crimen o ajusticiamiento?
