Opinión
El término de la Segunda Guerra Mundial en el teatro del Pacífico dejaba como interrogante una pregunta que nuestro país, por su especial condición geográfica, contestó apenas nació como República: era cuestión de tiempo para que el inmenso océano que cubre gran parte del orbe, reclamara su posición como eje articulador del desarrollo planetario. Hoy, ya no tenemos dudas de que es así, y setenta años después, desde sus riberas y cruzando sus aguas, las principales economías del mundo transan sus intercambios comerciales, contribuyendo, en gran parte, a justificar las cifras del informe marítimo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de 2018: hasta el 2023, la tasa de crecimiento promedio anual del comercio marítimo mundial será del 3.8%.
Como si lo anterior no fuera suficiente para determinar la importancia del mar para el desarrollo de las naciones, proyecciones de densidad poblacional sitúan a más del 80% de la población viviendo a menos de 60 millas de la costa, y algo más significativo aún, que el 75% de las principales urbes se sitúan sobre el litoral. Así, no es difícil augurar que, en las próximas décadas, el Pacífico concentrará en su entorno, como nunca antes en la historia de la humanidad, la mayor acumulación de actividad económica, y al transporte marítimo ya mencionado, se sumará la actividad pesquera, el turismo y el aprovechamiento de los recursos energéticos y minerales que yacen bajo su superficie.
Como es fácil imaginar, esta gran concentración de oportunidades para el desarrollo, viene acompañada de todo tipo de riesgos y amenazas, de la más diversa índole, que la creciente complejidad del escenario mundial nos recuerda a diario, y si el Pacífico es considerado como el océano del siglo XXI, debemos ser conscientes que también en él se localizan la mayor parte de los intereses de las naciones ribereñas y, por tanto, los posibles conflictos del futuro cercano.
En ese entorno, nuestro país no es, ni puede ser, un simple espectador. Nuestra condición marítima y esa realidad que ya comenzamos a enfrentar, nos obliga a otorgar a nuestra seguridad una naturaleza igualmente marítima, pues es en ese escenario, donde se desplegarán los intereses que nos permitirán lograr nuestro desarrollo como país, y por ende, el bienestar de la población.
La Armada nacional así lo ha comprendido. En un mundo globalizado, los riesgos y amenazas no pueden ser enfrentados sino en un ambiente de cooperación estratégica, y siguiendo las directrices de nuestra política exterior, ha volcado gran parte de su quehacer operacional, a desarrollar y perfeccionar las capacidades que le permitan operar con otras Marinas del Asia-Pacífico en miras a la protección de nuestros intereses; obteniendo en los primeros años de este siglo, el reconocimiento de ellas por el eficiente y eficaz desempeño de sus tripulaciones.
Junto a lo anterior, siendo la polifuncionalidad una exigencia actual para las Fuerzas Armadas, la Marina ha buscado un desarrollo de fuerzas navales y marítimas que maximicen la versatilidad de los medios, con el propósito de lograr la máxima eficiencia en el cumplimiento de todos los roles exigidos por el Estado, sin olvidar que, en forma prioritaria, se debe a la obligación constitucional de defensa de la soberanía y seguridad marítima.
En ese marco y acercándose el tiempo de renovación de parte de nuestra principal fuerza de superficie, creemos no equivocarnos al apreciar el gran interés con que se siguen los esfuerzos que nos encaminan a la construcción de las primeras unidades de combate en nuestro país. Los primeros pasos han sido dados. La construcción de cuatro patrulleros de zona marítima, la modernización de un submarino – que requirió intervenir su casco de presión – la construcción del buque de investigación científica “Cabo de Hornos”, uno de los 5 más avanzados del mundo, y la actual construcción de un nuevo buque antártico, el primer rompehielos construido en el Pacífico Sur Occidental, nos permite apreciar que los Astilleros y Maestranzas de la Armada cuentan hoy, con una infraestructura, capacidad técnica y personal calificado que le permiten efectuar la mantención, reparación, modernización y construcción de buques de alta complejidad.
Sin perder de vista que este tipo de proyectos por su extensión y recursos involucrados requieren de la voluntad y decisión política, la construcción de unidades de combate en el país siempre debería ser la primera opción, porque representa enormes ventajas desde el punto de vista no solo militar, sino también, estratégico para el desarrollo de la nación: la transferencia tecnológica que ello supondría, así como los clusters asociados a este tipo de construcción, son solo dos ejemplos de ello.
Una frase escrita hace doscientos años por la viajera y escritora británica María Graham debiera ser la introducción y el corolario de esta columna: “Chile es un país tan esencialmente marítimo…, que si yo fuera legislador, dirigiría toda mi atención y todo mi interés hacia el mar… Chile será un país marítimo…o no será nada”.
