Opinión
El cuestionamiento formulado por algunos integrantes del senado en torno a la salud física y mental del presidente y, en consecuencia, de su capacidad para gobernar en el actual momento de crisis social, viene a sumarse a una serie de comentarios ya elaborados por distintos comentaristas y medios de comunicación sobre las dificultades que ha tenido tanto el gobierno como la clase política en general para plantear propuestas significativas a una ciudadanía tan descontenta como activa.
Durante la década pasada, y considerando tanto el contexto chileno como el de numerosos otros países, la percepción negativa en torno a las figuras políticas se asentó como una constante en numerosas encuestas de opinión pública. Si bien las razones de fondo que se pueden explorar sobre esta noción de ilegitimidad de las y los políticos de carrera son extremadamente variadas, el comentario a desarrollarse en esta columna se guía desde la siguiente idea: las posibilidades de acción de la institucionalidad política resultan insuficientes para abordar la creciente complejidad de las sociedades actuales.
Los gobiernos de “los mejores”
Formular una expresión como “El gobierno de los mejores” sólo es posible cuando la comprensión en general sobre la performance política tiene que ver con equipos de personas formados por intereses y motivos distintos a la competencia técnica y el mérito. Por el contrario, en el ámbito de las designaciones de cargos de confianza o incluso en más de algún concurso público, la norma a seguir tiene que ver más con nombramientos fundados en el parentesco, relaciones de amistad, relaciones comerciales, pago de favores de distinta índole y, obviamente, la pertenencia a un determinado partido político. No es de extrañar que, en una sociedad donde la equidad e igualdad de acceso a oportunidades resulta un tema pujante -sino tal vez el más relevante-, las redes de influencia adquieran un valor cada vez mayor. Particularmente, la influencia política puede resultar atractiva cuando se le entiende como moneda de cambio para acceder a puestos bien remunerados y formar desde temprana edad un knowhow específico en aspectos como la formulación y evaluación de proyectos y fondos públicos.
En general, Chile ha pasado su vuelta a la democracia con gobiernos cuyas prácticas de formación de equipos se han fundado en redes de contacto estables que han hecho del servicio público una carrera de alta cotización. Si bien no es una ley extensible a cada persona que ha pasado por puestos públicos (designados por los gobiernos de turno), es posible establecer que la clase política en su generalidad tomó una vía autocomplaciente de gestión que la alejó de fondo de los problemas de gran magnitud que se avecinaban desde hace ya unas décadas y que son los que, en efecto, demandan de una gobernanza clara.
La nueva complejidad de los problemas
En la edición de esta semana del afamado podcast del norteamericano Joe Rogan, el experto en enfermedades infecciosas y epidemiología Michael Osterholm comentó cómo en 2017, dentro de su libro “Deadliest enemy”, ya existían claras estimaciones de cómo podría desatarse un nuevo virus, en alusión a la situación actual ligada al Coronavirus. A partir de esto, hace notar cómo existe una nula llegada de dichas estimaciones a las autoridades relacionadas a la salud pública en distintos países.
“Nadie vio venir el estallido social” claman diversos participantes y ex participantes de gobiernos de las últimas 3 décadas, cuando desde los años 90 los informes sobre desigualdad se cuentan por cientos. La lógica es aplicable a temas muy diversos. Desde hace años se advierte de una potencial sequía (que, por cierto, ya experimentan miles de personas en Chile) y, probablemente, sólo veremos una reacción significativa cuando dicho problema se manifieste en Santiago y el margen de acción sea muy ajustado. O así también, se advierte sobre las consecuencias negativas en lo económico que podría tener a futuro la dependencia en el cobre y la poco diversificada matriz productiva chilena, pero probablemente observaremos medidas concretas cuando el primer reemplazo efectivo del cobre haya salido a la venta desde otro país.
Pese a la diversidad de las 4 situaciones presentadas, un elemento común que las reúne tiene que ver con los cambios tecnocientíficos y sus repercusiones en las interacciones sociales presentes. Así como la expansión de un nuevo virus a nivel mundial puede explicarse parcialmente por la creciente tasa de viajes internacionales, las reacciones del clima se relacionan, a su vez, con diversas prácticas industriales que irrumpieron hace décadas. En la misma línea, las crisis -y bonanzas- económicas fluctúan según relaciones diplomáticas y nuevos descubrimientos en áreas como la informática, la física y la química.
Con todo lo anterior, llegamos a nuestro fenómeno central actual bajo el rótulo de estallido social. Como se mencionó anteriormente, el diagnóstico en torno a las situaciones de inequidad social en Chile se ha elaborado profusamente desde las ciencias sociales y económicas durante las últimas décadas. Más allá aún, existe numerosa literatura producida internacionalmente en torno a las causas de las crisis sociales durante estas primeras dos décadas del siglo XXI, donde, como advierte Alberto Mayol en su libro “Big Bang, Estallido social 2019”, Chile cumplía -y cumple- con cada una de las condiciones que pueden causar una crisis de esta dimensión.
Ahora, conectando con el primer punto relativo a cómo se forman los equipos que gobiernan y su forma de responder a la complejidad social actual, ¿qué expectativas posibles podríamos tener respecto a la gestión política de cara a este y tantos otros problemas?
Pensar en nuevas formas de gobernanza
En sus últimas dos versiones, la encuesta de caracterización socioeconómica CASEN implementó un nuevo marco de comprensión para la pobreza llamado “pobreza multidimensional”. Ante la evidente insuficiencia del mero criterio económico para definir la calidad de vida de una persona chilena, el indicador se diversifico añadiendo elementos relacionados a temas como la educación, el trabajo y la vivienda. Los resultados fueron claros: al complejizar la comprensión de la situación pobreza (en relación al criterio económico), el número de personas agrupadas en la categoría llega al 20%, variando muy levemente durante los últimos 5 años, y doblando la estimación de pobreza basada sólo en ingresos (en torno al 9%).
Dentro de las diversas lecciones que pueden sacarse de este ejemplo, para los efectos de este texto se hace relevante lo siguiente: Al ahondar y especificar las formas en que observamos los problemas sociales de Chile, llegamos a conclusiones drásticamente distintas.
No es casualidad que en cada disciplina científica se marquen dos claras tendencias actualmente: 1) Los niveles de especialización en cada materia aumentan fuertemente con el paso del tiempo y 2) Se hace cada vez más relevante llevar a cabo investigaciones e intervenciones desde un enfoque interdisciplinar. Con un ritmo de desarrollo tecnológico imparable, las interacciones entre personas, animales y objetos varían cada vez más. Como se mencionó antes, las enfermedades cambian, la economía cambia, el clima cambia y, por cierto, la convivencia social cambia. Para efectos políticos, por lo tanto, la idea de gobernabilidad también se modifica drásticamente. Los problemas se encuentran multirelacionados, multicausados y los efectos específicos son difícilmente predecibles para personas sin entrenamiento disciplinar específico.
Ante esta vorágine de problemas complejos, las formas de organización política imperantes están expuestas a un continuo fracaso. Por su preparación técnica y sus formas de composición, no cuentan ni con la velocidad ni la adecuación de reacciones que se precisan. Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas?
Haciendo eco de propuestas ya siendo elaboradas en otros países, dos iniciativas son precisas de indicarse. En primer lugar, la suma de un componente efectivamente tecnocrático, donde la acumulación de profesionales especializados y conocimiento científico en distintas áreas tenga valor efectivo al momento de legislar en distintos temas de interés público. En segundo lugar, instancias de participación y votación popular sin intermediarios, vale decir, sin representación política encarnada en políticos de carrera. Para ambas ideas, el componente tecnológico será fundamental, en tanto se requerirá de plataformas que permitan viabilizar la idea de una sociedad más eficiente y abierta en sus tomas de decisiones. Con todas esas posibilidades por delante, para hoy aún nos queda permanecer observando esta errática gestión de problemas (y desastres).
