Opinión
La pandemia devela trágicamente en estos días la fragilidad del modelo de relaciones laborales chileno, sumando a la amenaza de enfermedad y muerte, el sufrimiento por la pérdida del sustento.
En Chile, Latinoamérica y buena parte del mundo, pero en Chile con particular énfasis, el trabajador está totalmente aislado e inerme.
Una gran mayoría de quienes se proveen el sustento mediante el trabajo personal lo hacen en trabajos informales, como independientes, falsos autónomos, o trabajadores formales asalariados en condición -todos ellos- de precariedad.
Uno de los elementos que condiciona de manera determinante esa precariedad es la progresiva disociación entre gran capital y sus empresas «sin» trabajadores que consolida la riqueza y los trabajadores, que se vale de intermediarios (contratistas), que en un alto porcentaje son empleadores ¡también precarizados!, pero aupados mediante un sinfín de estímulos en el sueño del emprendimiento y el progreso personal. Lo cierto es que emprenden, laboran, emplean en condiciones de baja rentabilidad, determinada por un mercado nada de libre en que las empresas que le endosan el costo y administración del trabajo, fijan unilateralmente el precio del servicio y otras condiciones mediante contratos draconianos e indisputables.Todo estrictamente vestido de rigurosa legalidad.
El resultado, como tónica general es un panorama de empleadores precarios: sobre endeudaos, horquillados por el sistema financiero y la gran empresa, imposibilitados de negociar condiciones justas con ésta, asumen el costo de contratar, buena parte de los riesgos, marginan utilidades en estrechos rangos (de lo que deriva la ausencia de gratificaciones para el trabajador), y son eliminados y sustituidos sin remordimiento mediante decisiones certeras y súbitas; cuando ya no pueden, en la normalidad de «las reglas del mercado». Sucumben normalmente, tras una fase de agonía financiera y personal.
Estos empleadores contratan al 70% de los trabajadores chilenos.
Hace muchísimos años, Humberto Vega, un excelente economista de la Universidad de Chile, explicó en términos muy sencillos cómo este sistema tercerizado, con una calculada exclusión de los sindicatos, mantenía oprimido ese precio del trabajo humano que es el salario, precisamente por esta relación asimétrica del oferente poderoso que se libera del costo de contratar y administrar el trabajo y este proveedor precario que es el contratista, y en ausencia de una regulación justa para una tercerización económicamente justificada.
El Estado y sus empresas por ejemplo -el Poder Judicial incluido-, se valen de la misma ventaja de pagar bajos salarios, hacer vista gorda frente las infracciones laborales de sus contratistas y la pasmosa sucesión de unos por otros. Un paisaje kafkiano, en que lo único más o menos permanente es el grupo de trabajadores y la empresa que se vale de sus servicios, precisamente, quienes no están vinculados por un contrato de trabajo.
El modelo ha penetrado hasta los confines llegando incluso a exhibirse como fundamento de «buena gestión» en los órganos del Estado, que con una mano están mandatados a perseguir el bien común, mientras con la otra, precarizan a muchos trabajadores mediante el subcontrato y otros arbitrios clásicos de huida de la protección laboral
Hace algún tiempo pedimos a la Corte Suprema que instara para que no hubiera trabajadores tercerizados en el Poder Judicial. La ley lo permite, fue la escueta respuesta formularia de ministros y ministras, aplicados también de la gerencia de asuntos no jurisdiccionales.
La tragedia la tenemos a la vista, pero no la vemos. Somos ciegos a los padecimientos del personal de aseo de nuestras corporaciones, a los guardias, a la incertidumbre continua del despido, del fin de la empresa contratista, de los finiquitos sucesivos, de la pérdida naturalizada de sus derechos, asociados a prestaciones de sobrevivencia. Por nombrar a exponentes clásicos de una larga lista de «tercerizados».
El modelo se sostiene también la expulsión calculada de la autonomía colectiva, mediante una enrevesada legislación que reina desde los tiempos del Plan Laboral de Piñera José, por lo que el trabajador, está solo y precarizado, en un modelo lleno de símbolos de expulsión de este purgatorio de la subsistencia: si el «colaborador» no colabora, es «desvinculado». Un destino forjada por sí mismo, un fracaso personalísimo, en el mundo en el que debe rascarse con sus propias uñas mientras busca el espejismo del progreso personal.
Es cierto que los costos de la pandemia no pueden pagarla los trabajadores, pero es irreal pensar que en este panorama precario de relaciones laborales en el Chile neoliberal develado tragicamente por esta crisis de muerte y sobrevivencia, ese costo, puedan pagarlo decenas de miles de empleadores precarios a los que se les ha responsabilizado del costo del trabajo y que dependen de sostener su giro y de los flujos de ingresos por su trabajo, que no pocas veces se sitúa en la escala social, a pocos metros de sus propios empleados.
La solución debe ser pronta y efectiva, porque de ella dependen vidas.
El sustento para la sobrevivencia en este período debe sostenerlo la sociedad toda a través del Estado. Es tiempo de la seguridad social con mayúsculas, que provea de un bono universal, suficiente y por el tiempo necesario (no logrado con las medidas anunciadas hasta ahora) para los trabajadores que deben recluirse a proteger su vida y la de los suyos, complementada con un conjunto de medidas para diferir la exigencia de costes referidos a suministros de primera necesidad. Podrá emitirse deuda -ya hay propuestas económicas serias sobre la conveniencia de ésto- o idear otras formas de financiamiento, pero debe hacerse.
Es tiempo del Estado y de la fijación además de un subsidio para las pensiones castigadas por los vaivenes de la especulación financiera a que están sometidas nuestros ahorros ¿previsionales?, sometidos a una debacle que debiera ser la razón final para el pronto desahucio del modelo de ahorro forzoso, sin una pizca de solidaridad, más allá de las introducidas hace una década precisamente para morigerar su funcionamiento inservible a la luz de los fines de la seguridad social.
Se trata de medidas necesarias, idóneas y urgentes.Ya habrá tiempo -no mucho en todo caso- para corregir las bases inequitativas de este orden económico social que ha llegado a este punto intolerable, desprotegiendo a la mayoría de la población y entregándolos a su suerte en este paisaje lleno de muerte.
