Opinión
Los gobiernos progresistas se extendieron por toda Sudamérica en la década del 2000. Fue la consecuencia inevitable del desastre provocado por las políticas neoliberales, con desigualdades profundas, pequeños empresarios quebrados por la apertura económica radical al mundo, una clase obrera disminuida y desorganizada con el retroceso sufrido por la industrialización y políticos tradicionales que se consumieron en la corrupción. El ciclo económico recesivo de los años 1998-2002, con origen en la crisis financiera asiática, fue la gota que colmó el vaso: produjo una violenta caída del PIB, con aumento de la pobreza y el desempleo.
La emergencia de los gobiernos progresistas alimentó esperanzas de una mejor vida para los pueblos de la región. Sin embargo, las políticas adoptadas por sus gobernantes, más allá de diferencias nacionales, no lograron responder a las demandas de una ciudadanía que había sido duramente golpeada por el neoliberalismo. Ello explica la derrota de Cristina Kirchner en el 2015; el golpe blando contra Dilma Rousseff, en el 2016, y luego contra Evo Morales, el 2019. A ello se agrega la traición de Lenin Moreno al proyecto político que inició el presidente Correa en Ecuador, así como la tragedia económica y política que todavía vive Venezuela.
El progresismo no fue capaz de impulsar un proyecto de transformaciones y abrió camino a la derecha.
El principal error de los gobiernos progresistas fue mantener el modelo de crecimiento fundado en la explotación de recursos naturales que es precisamente el fundamento material del neoliberalismo.
El progresismo renunció a la industrialización, obnubilado por los altos precios de las materias primas, y sobre todo porque aceptó la idea dominante que crecimiento y desarrollo son la misma cosa. A diferencia de las izquierdas de los años sesenta, aceptó que nuestras economías fuesen proveedoras de materias primas y alimentos para la industrialización y urbanización china. Así las cosas, sus gobiernos mantuvieron intocado el modelo productivo, impidiendo la diversificación económica, lo que favoreció empleos precarios y bajos salarios.
Ese modelo productivo es el que genero una particular alianza entre los gobiernos progresistas y las corporaciones transnacionales dedicadas a los agronegocios y al extractivismo. Esa misma alianza es la que impidió que se realizaran reformas reales en los sistemas tributarios, fundamento indispensable para el mejoramiento en la distribución del ingreso.
Los gobiernos Lula-Rousseff son el mejor ejemplo. Concentraron sus esfuerzos en la industria extractiva, las finanzas y los agronegocios. Intensificaron la producción de recursos naturales y aprovecharon para ello la demanda china, especialmente de soya. Gracias al auge de los precios de las materias primas la economía brasileña experimentó un notable crecimiento que, con políticas sociales asistencialistas redujo la pobreza, pero no mejoró la distribución del ingreso. Y, al momento que cayeron los precios de las materias primas se agotó el dinamismo económico brasileño.
Chávez fue un caso extremo. Utilizó los altos precios del petróleo para superar la pobreza de los venezolanos y también para ejercer liderazgo en América Latina, pero tampoco se interesó en diversificar la estructura productiva del país. A diferencia, de Lula, no tuvo preocupación alguna por cuidar las cuentas fiscales y, con la caída de los precios del crudo y la hiperinflación, Venezuela vive una histórica tragedia. Por su parte, Evo Morales tuvo un manejo macroeconómico más sensato que el venezolano, pero también perdió la oportunidad de utilizar los ingentes ingresos de la exportación del gas natural para financiar un proyecto de desarrollo nacional de largo plazo.
El presidente Correa del Ecuador presenta diferencias con el resto de los gobiernos progresistas en el ámbito económico. Señaló, desde un comienzo, la necesidad de diversificar la economía ecuatoriana. Pero, sólo en marzo de 2015, la Vicepresidencia de la República presentó el Plan Estratégico para el Cambio de la Matriz Productiva. Allí se sintetiza la propuesta para pasar de una estructura productiva primario–exportadora hacia una economía generadora y exportadora de valor agregado. Lamentablemente, el tiempo no le alcanzó a Correa. La caída de los precios del petróleo y la dolarización le jugaron una mala pasada; lo obligaron a concentrarse en la macroeconomía. Pero lo más grave fue lo que vino después: la traición de su sucesor, Lenin Moreno, que arrasó con todos los avances de Correa, incluido el proyecto productivo transformador.
Por otra parte, el triunfo de los gobiernos progresistas tuvo gran apoyo de los movimientos indígenas, ecologistas y feministas, los que mostraron una presencia política destacada en los primeros años. Sin embargo, con el correr del tiempo se desataron fuertes conflictos. Durante el periodo Lula-Rousseff, en Brasil, no se cumplieron los acuerdos programáticos con el mundo rural, y se renunció a la reforma agraria. Se postergó a los trabajadores sin tierra en favor de los productores de madera y soya, quienes expandieron sus negocios con una política gubernamental que les entregó parte de la selva amazónica; en Bolivia existieron serios conflictos con sectores indígenas; y, en Ecuador la relación de Rafael Correa con indígenas y sectores feministas fue extremadamente conflictiva.
Adicionalmente, los gobiernos progresistas se caracterizaron por prácticas personalistas, clientelares, y en varios casos corruptas, generando el rechazó de vastos sectores de la sociedad, lo que fue capitalizado por la derecha. Autoridades de alto nivel han caído en la corrupción o han sido tolerantes con ella, asunto que sorprende a una izquierda histórica intransigente con todo acto corrupto. Hay que agregar que la concentración política, la utilización clientelar del Estado y partidos débiles afectaron el pluralismo y el respeto con las disidencias.
En Brasil, varios políticos del PT fueron investigados por el Poder Judicial. Se instaló una alianza espuria entre empresarios corruptores y políticos corruptos. Dineros para comprar legisladores y aprobar leyes en el Parlamento y financiamiento para campañas electorales. En Argentina y Venezuela se ha presentado algo similar. Así las cosas, se juntan corruptores y corruptos, en una misma moral, para proteger negocios ilícitos y desprestigiar a quienes se llaman progresistas.
Los vasos comunicantes del gobierno PT y Odebrech han permitido además que esta empresa privada extienda sus tentáculos por toda América Latina, corrompiendo autoridades de “gobiernos amigos” para favorecer negocios sucios. La política exterior de Brasil se ha visto profundamente dañada.
Por su parte, el personalismo de Evo Morales facilitó el golpe blando en su contra. Derrotada la consulta plebiscitaria para aprobar la reelección, apeló al tribunal electoral, proclive a su candidatura, y así logró una controvertida reelección presidencial. La derecha y los norteamericanos se aprovecharon de su pérdida de legitimidad para dar el golpe blanco contra Evo.
Chile es un caso distinto. Es el paradigma del neoliberalismo, dónde la ciudadanía no encuentra mayores diferencias entre los gobiernos de derecha y los de la Concertación/Nueva Mayoría. El progresismo de la denominada “centroizquierda” sólo se ha puesto de manifiesto en las libertades culturales: divorcio, aborto, acuerdo vida en pareja para homosexuales. Pero, en política económica y social, así como en sus compromisos con los grandes empresarios ha habido coincidencias ineludibles con la derecha neoliberal. La explosión social del 18 octubre del año pasado fue una evidente declaración del profundo descontento ciudadano contra el modelo económico-social y su clase política.
El Frente Amplio uruguayo es una excepción. Su progresismo ha tenido cierto éxito. Después de 15 años de gobierno frenteamplista, Uruguay destaca por su alto ingreso per-cápita y bajo nivel de desigualdad Su economía agroexportadora ha logrado, en años recientes, ciertos avances de diversificación con el crecimiento de la industria de servicios, el sector financiero, comunicaciones, transporte y sobre todo con las tecnologías de la información. Aunque el triunfo de la derecha fue estrecho, es probable que el giro del Frente Amplio hacia el centro haya horadado en parte sus bases sociales, desarticulando la participación popular. En todo caso esta alternancia en el poder habla bien de la democracia uruguaya.
El ciclo del progresismo está terminado. Sin iniciativas de transformación productiva ni políticas sociales universales, el progresismo ha puesto en evidencia que no cuenta con un proyecto propio. Más grave aún es que ha operado políticamente en las cúpulas, distanciándose de los movimientos sociales. Y, cuando no existe un proyecto propio, con arraigo social efectivo, se termina en la corrupción.
