Diálogo, violencia y distracción política

Nunca está de más llamar al diálogo en política. Nunca sobran, tampoco, los voceros voluntarios de la democracia que buscan hacer su aporte llamando a la cordura y a la paz. Pero en política, aquí y en la quebrada del ají, obras son amores y no buenas razones. Y lo que el país está contemplando no son actitudes de paz sino actos de conflicto, discordia y distracción. Prácticamente existe una guerra civil desatada al interior del oficialismo por la próxima carrera presidencial del país, antes siquiera que exista una señal de partida. Y ocurre en medio de un abandono casi contumaz de las rutinas y obligaciones de Gobierno, el que omite las responsabilidades de su ejercicio, en medio de la enorme crisis económica y social que afecta al país.

Acaba de encenderse, nuevamente, el tema mapuche, uno de los problemas de mayor sensibilidad para la gobernabilidad del país. Y ello ocurre básicamente por la falta de claridad y eficacia política del Gobierno. No solo del actual sino de todos desde el retorno a la democracia. Pero el de ahora, además de ineficaz, aparece ensimismado en juegos de palacio y operaciones de todo tipo, en las que usa y abusa de todos los recursos del Estado destinados al Gobierno efectivo del país, entre ellos, el uso de los gabinetes ministeriales para saldar cuentas internas de los partidos oficialistas y cubrir todo con nubes de humo.

Se debe decir fuerte y claro: si la receta del Gobierno para el tema mapuche es desidia o más violencia policial, represión a las organizaciones mapuches y sesgo autoritario, como parece ser la convicción del nuevo ministro del Interior, se está derechamente pavimentando una pendiente a la tragedia.

Ya no se trata de simples huelgas de hambre, de presos mapuche o de bandas civiles armadas amparadas o no reprimidas por la policía. Todo eso y más son síntomas de un problema mayor. Se trata de derechos políticos y sociales de una minoría étnica sin respuesta en más de cien años; de su autonomía y representación política bajo soberanía del Estado de Chile; de derechos económicos y civiles iguales y libres para todos, con justicia social, en un territorio marcado por la pobreza y la inseguridad. Se trata de un problema que demanda una política integral, que solo el Estado puede impulsar por la cantidad de medios que requiere, y que tiene como beneficiarios no solo al mundo mapuche sino también a los mestizos y no indígenas chilenos (wuinkas) que legítimamente habitan ese territorio, y al mismo Estado de Chile en su paz social y su integridad institucional.

El Gobierno, y en gran medida también la oposición, hacen todo lo contrario a las necesidades del país, y en vez de buscar un consenso nacional para destrabar ese conflicto y sacar a Chile del marasmo en que se encuentra, se empeñan en escaramuzas liliputienses. A su vez, el Presidente de la República está empeñado –junto con su principal asesor, Cristián Larroulet– en un juego de subir o bajar candidatos presidenciales en su sector, y en la judicialización penal de la política, forma en que está terminando la disidencia parlamentaria dentro de Renovación Nacional.

Según fuentes cercanas a La Moneda, Larroulet –quien, se comenta, tiene como misión encaminar un candidato presidencial de la UDI para suceder a Piñera y que ese hombre sería su amigo Joaquín Lavín– se habría reunido por lo menos un par de veces con Mario Desbordes horas antes de la decisión del cambio de gabinete, para convencerlo de abandonar la presidencia de RN mediante una alfombra roja ministerial y por el bien de la coalición. Este habría accedido con una sola condición y es que no pusieran a Andrés Allamand en el Ministerio del Interior. Y esa sería la razón por la cual Teodoro Ribera, por segunda vez ministro de Sebastián Piñera –antes de Justicia, en su primer mandato; y en el actual, de Relaciones Exteriores–, habría servido nuevamente de carta de ajuste para un arreglo oficialista.

Es un ambiente donde todo huele mal, y donde los secretos y operaciones políticas crean de manera artificial una atmósfera política enrarecida, y la desconfianza en las instituciones y las dudas sobre la voluntad efectiva del Gobierno de cumplir el itinerario de cambio constitucional aumentan. Lo que más debilita la confianza ciudadana en las instituciones, sean estas ministerios, organismos policiales o tribunales de justicia, es que ellas actúen de manera sesgada o desproporcionada y nadie  garantice su imparcialidad o su control efectivo de legalidad.

Usar el poder para arreglar temas privados o simplemente para generar sesgos informativos o escándalos públicos, tiene un nombre: se llama operación de distracción  política, y es un ejemplo de corrupción en una democracia. Estamos en el límite.