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El veto a los nuevos partidos de cara al proceso constituyente

por 19 agosto, 2020

El veto a los nuevos partidos de cara al proceso constituyente
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Hay una problemática que al día de hoy se vuelve realmente antidemocrática y que afecta a las organizaciones y partidos que nacieron posteriormente a las históricas movilizaciones de finales del 2019.

En partidos como al que pertenezco, Izquierda Anticapitalista de los Trabajadores, tenemos una gran mayoría de adherentes que justamente fueron y fuimos parte de la rebelión de octubre, y hoy nos estamos organizando para poder participar en el proceso constituyente y para poder ejercer nuestro derecho democrático a participar en las elecciones.

Sin embargo, durante los últimos meses hemos visto cómo las restricciones impuestas por la pandemia y el estado de emergencia nos han dejado en una situación de enorme desigualdad respecto a los partidos ya constituidos.

A pocos días de iniciarse la campaña por el plebiscito, queremos advertir públicamente la siguiente paradoja: existen altas probabilidades de que ninguno de los partidos que surgieron luego del estallido social con el afán de representar nuevas voces en el proceso constituyente puedan participar con candidaturas propias, en un momento donde millones no se sienten representados por los partidos tradicionales.

Así se da el hecho de que, por ejemplo, partidos en formación como Fuerza Común, del abogado constitucionalista Fernando Atria, estén en este momento discutiendo si se incorporan o no al Frente Amplio para poder tener participación en el proceso.

Las restricciones sanitarias dificultan enormemente la posibilidad de reunir las firmas necesarias tanto para los partidos que hoy estamos extendiendo nuestra legalidad a nuevas regiones como a los partidos en formación. Y hasta ahora los propios partidos tradicionales no han demostrado ningún interés en cambiar las reglas del juego en este terreno, cuando la pandemia ha obligado a que prácticamente todos los mecanismos, plazos y exigencias electorales a los partidos políticos hayan sido modificados debido a las circunstancias excepcionales.

De hecho, si pasamos a un análisis más fino, a los partidos tradicionales en última instancia no les conviene que haya nuevos partidos que participen del proceso en listas separadas a las suyas. Evidentemente prefieren que se sumen a sus listas propias a través de subpactos.

Si estos pactos se generan por convicción política y por acercamientos programáticos es absolutamente entendible, pero si sucede por una obligación impuesta, debido a la imposibilidad de reunir firmas, es un hecho totalmente contrario al derecho democrático de que haya nuevas voces en el proceso que tengan su propia representación.

Se trata de una situación que consideramos profundamente antidemocrática y así lo hemos expresado en múltiples ocasiones junto a otras organizaciones políticas, como el partido en formación Alternativa Feminista. Lo hemos hecho ya en dos reuniones convocadas por el Servel frente al resto de los partidos políticos, lo hicimos entregando una carta al propio Servicio Electoral y enviando una misiva a representantes parlamentarios y asesores legislativos de diversas colectividades. Aún así, las respuestas han sido totalmente insatisfactorias en lo que a la posibilidad de modificar las exigencias se refiere.

No debemos ignorar el hecho de que las circunstancias excepcionales han llevado a medidas también excepcionales, como las nuevas atribuciones que se le darán al Servel de cara al plebiscito o la posibilidad que hoy discute el Gobierno y el oficialismo para reducir el plazo de la renuncia de autoridades antes de las elecciones. Y para qué hablar de las enormes facilidades que se les entregaron a los partidos tradicionales para su refichaje vía mail el 2017.

Esta situación tiene diversas vías para abordarla. Se podrían presentar indicaciones en los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso, que permitan la reducción de 30 a 5 días hábiles para el plazo que se les otorga a los partidos para oponerse a la solicitud de constitución o extensión en regiones, contemplado en el artículo 11 de la Ley 18.603.

O también es posible aumentar el plazo de doscientos diez días corridos para la recolección de afiliaciones para los partidos en formación del artículo 6 de la misma ley, e incluso la suspensión de dicho plazo, tal como lo ha planteado el partido Alternativa Feminista.

En resumidas cuentas, si existiese la voluntad política, sería posible realizar modificaciones para evitar esta situación antidemocrática.

Como Izquierda Anticapitalista de los Trabajadores somos un partido que nos proponemos luchar por las demandas de la rebelión, por una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, por que esta crisis sanitaria y económica la paguen los grandes empresarios y no el pueblo, pero hoy nos encontramos en la necesidad y con la responsabilidad de denunciar estas limitantes totalmente antidemocráticas de un proceso constituyente, que desde nuestro punto de vista ya tiene una serie de restricciones, trampas y límites de origen, como lo es la posibilidad del veto de un tercio, la imposibilidad de discutir sobre Tratados de Libre Comercio, el hecho de que no puedan votar mayores de 14 años o un sistema electoral que evidentemente beneficia a los partidos tradicionales que fueron puestos en cuestión por millones durante las históricas jornadas de octubre en adelante.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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