Opinión
Durante estas últimas dos semanas, hemos sido testigos de los dichos desafortunados del ministro de educación, donde no solo emplazó a las y los profesores a proponer soluciones y no problemas ante el posible retorno a clases, sino, también, fue categórico al señalar que el gremio estaba cómodo sin clases presenciales. No satisfecho con eso, comparó el retorno a clases con la asistencia a colegios para la votación del plebiscito, reiterando la intención del oficialismo de impedir este proceso eleccionario que determinaría un cambio de constitución para Chile.
Las declaraciones de Raúl Figueroa no solo han tenido un carácter incoherente y ofensivo hacia las trabajadoras y los trabajadores de la Educación, que se han visto en la obligación de reinventar su quehacer e innovar sus prácticas pedagógicas ante las exigencias de dar respuesta a un inusual año académico, sino, también, dan cuenta de la estrategia economicista que ha impulsado el gobierno en esta cuarentena, donde sigue primando una visión autoritaria, conservadora, y sin instancias de diálogo, sin acuerdos con las y los sujetos involucrados, y donde, además, hay una línea ideológica clara, que está muy alejada de una mirada social. Por lo que, finalmente, no son sorpresivas las declaraciones de Figueroa, pues se enfrascan en el afán de poner los intereses de la élite política y económica sobre las necesidades reales de no solo las y los profesores, sino también de las y los niños de Chile.
Ahora bien, la molestia de los polémicos dichos de Figueroa, invisibilizan su maniobra retórica, al utilizar no sólo recientemente, sino desde que asumió la cartera de Educación, la vocación como estrategia discursiva para reducir las diversas y las inconmensurables dificultades con las cuales se han enfrentado las y los profesores al momento de educar en contexto pandemia.
Desde hace algún tiempo, la docencia es una de las labores con mayores cuestionamientos en Chile, el perfil y las expectativas que contemplan este ejercicio son altas, y están estrechamente relacionadas al concepto de vocación, el cual se relaciona con la pasión por enseñar, la contribución social y el compromiso que contempla la pedagogía misma. Ahora bien, es preciso preguntarse ¿Solo basta con la vocación?
La sociedad chilena siempre ha tenido interés por hablar de Educación, se le ha asignado un gran valor y eso ha traído como consecuencia que constantemente se categorice, aún más cuando el mismo Sebastián Piñera explícitamente dijera que la Educación chilena es un bien de consumo. Bajo esa lógica, las y los profesores, también deben responder a indicadores que satisfagan a las necesidades de quien consume este servicio.
La autora Denisse Vaillant (2009), plantea en su texto “La identidad docente” que las profesiones son legitimadas por el contexto social en que se desarrollan. Por tanto, no existe una definición, sino que profesión, es un concepto socialmente construido, que varía en el marco de las relaciones con las condiciones sociales e históricas de su empleo”
Si desprendemos lo señalado por la autora, podemos concluir que, gran parte, de lo que se espera de las y los docentes es la expectativa e imagen que ha construido la sociedad chilena sobre quienes educan, lo cual es coincidente con que, algunos años atrás, los únicos culpables de los malos resultados en pruebas estandarizadas eran las y los profesores. También cuando se dio inicio al paro docente el año 2019, los titulares de los diarios indicaban que “Las y los docentes eran responsables de dejar sin clases a una gran cantidad de estudiantes”. Ante eso, y siguiendo la línea discursiva del actual ministro de educación, es preocupante que se instale que solo un grupo reducido, por lo demás, politizado, de profesores y profesoras es el que se opone a un eventual retorno a clases presencial, en comparación, con otro grupo, que, gracias a su vocación, han logrado adaptarse a las complejidades de educar en pandemia. ¿Cuál es la pretensión real de Figueroa?
Las demandas históricas del movimiento docente, desprendidas de últimas movilizaciones, se han materializado en la pandemia. De tal manera que, en esta crisis se ha vislumbrado aún más, lo necesario que es la lucha por condiciones laborales dignas, el agobio laboral ha escalado a proporciones indescriptibles, sumado a la utilización de nuevas plataformas y herramientas tecnológicas de las que no todo el profesorado cuenta, además, de las complicaciones que aún se presentan por la brecha digital. Según las encuestas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones muestran que el acceso a Internet en el hogar ha crecido desde 60,4% en 2012 a 87,4% en 2017. Es decir, casi 9 de cada 10 hogares tienen acceso a internet. Sin embargo, se ha comprobado que, a pesar de tener cifras altas de acceso, muchas veces esta es inestable y de mala calidad, lo cual dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin contar a quienes, por no tener conectividad efectiva, no tiene acceso a un derecho básico como es la educación.
La consigna del paro docente del año 2015 “no más tarea para la casa” hoy suena irreverente, el trabajo docente se instaló en nuestros lugares de refugio y descanso, lo cual dificulta encontrar tiempos para pausas y descansos, de tal manera que esto acrecienta la invisibilizada, y, por lo mismo, deteriorada, salud mental de las educadores y educadoras, en especial de estas últimas que aún regidas por una sociedad machista deben cumplir con doble jornadas. No existen normativas suficientes que velen por los horarios de trabajo de todos y todas las docentes por igual, ni que responda a necesidades, tales como recursos e infraestructura que implica educar en este contexto online. Por lo que, también, emerge la demanda histórica de un Estatuto Docente Único, donde los derechos laborales de todas y todos los trabajadores de la educación sean regidos y normados por igual, sin distinción.
Como ha sido la tónica de esta crisis sanitaria, política, económica y social, en materia Educativa, también se han desnudado las desigualdades estructurales y las consecuencias del modelo neoliberal. La estrategia discursiva del ministro de educación, sobre polarizar a las y los trabajadores de la educación en dos categorías, es errónea y fallida, pues quienes nos movilizamos por condiciones laborales dignas, estamos convencidas y convencidos que es el paso inicial para la transformación de una nueva Educación para Chile.
Se debe reestructurar el paradigma de la docencia, no debe estar reducida sólo una visión asistencialista amparada en el amplio concepto de la vocación, debe formularse desde el verdadero sentido que tiene, una práctica democrática y colaborativa, dialogante y convocante y que puedan construir relaciones auténticas con las singularidades de su comunidad. Hoy, más que nunca, necesitamos que el rol de profesor y profesora sea activo, que se enfrenten a contextos diversos que propicien oportunidades a sus estudiantes, desde su rol social y político, y no como reproductores de prácticas hegemónicas que no responden a las problemáticas reales.
Por lo que es necesario que el ministro, Raúl Figueroa, comprenda que sus incoherentes y argumentos falaces no logran convencer al profesorado movilizado que realmente tiene la vocación de construir un nuevo Chile, sin su retórica romántica e idealizada de la pedagogía, la cual está muy lejos de hacer eco ante las necesidades reales que hoy afecta a nuestro gremio.
Mientras el gobierno insista en un retorno a clases para salvaguardar el modelo económico neoliberal, continúe descalificando a las y los educadores y no asegure las medidas sanitarias ante un eventual retorno, la distancia con las y los profesores va seguir acrecentando. Finalmente, el modelo improvisado de educación en pandemia, solo ha sido sostenido, en sus mínimas condiciones, una vez más, por la voluntad y compromiso de las y los trabajadores de la educación con las y los niños de Chile.
No confundamos la vocación con otra forma de explotación.
