Opinión
Hace algunos días, fui invitado a participar de la ceremonia de inauguración del “IV Curso Internacional de Derechos Humanos y Discapacidad en el Ámbito de la Justicia Penal”, organizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y la Facultad de Derecho y Humanidades de Universidad Central de Chile, donde exponen diversos juristas, académicos y especialistas nacionales y extranjeros.
Este seminario internacional, que se realiza de manera virtual, está dirigido a funcionarios(as) públicos, vinculados con materias de derechos humanos y discapacidad, con responsabilidad en la toma de decisiones y en la formulación de políticas, estudios, intervención en procedimientos y casos sobre la materia.
En la oportunidad, el Poder Judicial de Chile ha podido manifestar su interés de renovar su compromiso con la inclusión, a través de la concreción de una serie de acciones y esfuerzos orientados a mejorar el acceso a las personas con discapacidad.
A lo largo de estos años, nuestra institución ha desarrollado un completo programa de acciones en esta materia, a través de la difusión, capacitación y concientización de los derechos de las personas con discapacidad; la implementación de una serie de políticas internas y la realización de “ajustes razonables” en nuestras instalaciones judiciales, realizadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en alianza con Senadis.
Asimismo, hemos implementado mejoras en los procesos de reclutamiento y selección, incorporado nuevas tecnologías para facilitar la visualización y el trabajo de personas con discapacidad, el diseño e implementación de señalética inclusiva y de módulos de autoconsulta en tribunales y el desarrollo de videos y folletería inclusiva.
Asimismo, quiero destacar la operación de un novedoso sistema de traducción en línea en lengua de señas, que se encuentra implementado en todos los tribunales reformados del país y que se extiende en todo el país.
Este proceso de cambio y adaptaciones necesarias ha contribuido a facilitar el ingreso y alcanzar un mejor desempeño de personas con discapacidad, como es el caso del juez Clemente Winn, quien sufre de una severa discapacidad visual y que desde el 13 de diciembre de 2018 se ha desempeñado como juez interino y suplente en varios tribunales del país, convirtiéndose en un ícono para nuestra institución.
En el último tiempo, la Corte Suprema ha dictado una serie de fallos, orientados al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y asegurar su incorporación plena en nuestra sociedad.
Sin lugar a dudas, el Poder Judicial ha avanzado mucho en esta materia. Sin embargo, debemos de redoblar nuestros esfuerzos por desarrollar nuevas innovaciones, mejoras y ajustes razonables, sumando nuevos esfuerzos de las personas que son parte de la institución y alcanzar una mejor coordinación con otras instituciones del Estado que participan del sistema de justicia, de manera de asegurar estrictamente los derechos de las personas con discapacidad.
