MERCADOS|OPINIÓN
Mientras avanza el proceso de licitación de las redes 5G para Chile, donde en menos de 45 días se conocerá qué empresas y cuál parte del espectro se les asignará, surge la interrogante sobre cómo implementar de manera inmediata la infraestructura necesaria para activar la usabilidad de la nueva tecnología.
Los permisos para instalar una antena en las distintas comunas del país demoran, en promedio, 15 meses en estar aprobados. Con estos plazos, una red de alta velocidad conectada y de impacto real no estaría activa antes del año 2022, y de haberla, será en aquellas comunas donde se entienda que la digitalización es parte del desarrollo territorial.
Frente a este escenario es imprescindible establecer, en conjunto con los municipios, una vía expedita y segura para la instalación de las más de 55 mil antenas que requiere el sistema. Agilizar los trámites para favorecer la conectividad, con una política única de despliegue en infraestructura, permitirá llegar a tiempo y dar comienzo a la disminución de la brecha digital que existe principalmente en las comunas con problemas de cobertura.
Entender el proceso de transformación digital implica pensar con qué rapidez actuamos en esta materia. En Colombia la obtención de un permiso tarda 2 meses, México 3, Paraguay 4, Perú 6 y Costa Rica 10 meses. En general la autorización de instalación de infraestructura no supera un semestre y en nuestro país tres semestres.
Incluso más, en pandemia y la emergencia que genera el COVID –sumado esto a los impactos en distintos ámbitos de la vida social–, la conectividad digital y acceso a Internet son reconocidos como servicios esenciales. Al tener ello en cuenta, algunos gobiernos, como el de Colombia, redujeron por Decreto el plazo de instalación de infraestructura digital apelando al silencio administrativo. Lo mismo ocurrió en Brasil y en Perú, donde opera un proceso de aprobación automática.
Esta diferencia en los plazos y procesos nos podría generar un retroceso con respecto a los países de la región que comienzan paso a paso la digitalización y, con ello, perder el liderazgo hasta ahora construido por Chile.
Anticipar posibles desigualdades y conectar una red integrada para cada rincón del territorio –sin excluir a nadie de los beneficios de la misma–, precisa de una solución práctica. Una de ellas es promover modelos de planificación, gestión y explotación del uso del espacio público con criterios urbanísticos de seguridad, ambientales y sociales integrales. Instalar las microantenas de alta velocidad requeridas en sectores estratégicos ya en uso como postes de alumbrado público o edificios comunales, entre otras alternativas, son algunos de los ejemplos.
El 5G cada día se incorpora más en los planes de desarrollo estratégicos de los países y el llamado es a contribuir entre todos al desarrollo de Chile. Esta quinta generación tecnológica apunta a mejorar la productividad y hacer eficientes los procesos; entrega más oportunidades de emprendimiento y desarrollo a la industria, características primordiales que moverán a la economía del futuro.
