Opinión
Existe consenso en el mundo académico y político de los beneficios que implica una educación parvularia de calidad. Durante los últimos años, el Estado ha buscado hacerse cargo aumentando su presupuesto y, aunque sigue siendo poco en proporción a lo que se destina al nivel terciario, Chile fue el quinto país de la OCDE con mayor gasto en educación para niños entre 3 y 5 años como porcentaje del PIB en el 2017, avanzando seis puestos desde el 2013, año en el cual se ubicaba en el lugar onceavo.
En el financiamiento escolar en general, la evidencia afirma que no basta con aumentar el gasto para ver una mejora en los resultados educativos. Hay que agregar a la ecuación el cómo se utilizan y reparten a los distintos agentes pertinentes, en este caso, a los establecimientos de educación parvularia. Dicho de otra manera, hay que tener claro lo crucial que significa identificar el mejor mecanismo para distribuir el presupuesto en los miles de niños que lo requieren, los que, en el 2020, fueron más de 770.000 infantes.
Lo anterior debe ser considerado para el actual debate que se lleva a cabo sobre el proyecto de ley que busca establecer un sistema de subvenciones para los niveles medios (2-4 años) de educación parvularia, específicamente dirigido a aquellos jardines que funcionan vía transferencia de fondos (VTF). Estos son administrados por organizaciones sin fines de lucro, pero reciben financiamiento estatal.
El principal fundamento del proyecto es terminar con la brecha presupuestaria entre distintos tipos de jardines, donde los establecimientos VTF reciben menos de la mitad de subvención por niño que los jardines Junji. Para ello, la iniciativa original del Ejecutivo –ingresada en marzo del 2019– aumenta considerablemente los montos entregados por niño, e instaura un sistema compuesto por cuatro subvenciones complementarias: subvención base; de ruralidad; de vulnerabilidad; y de apoyo a las Necesidades Educativas Especiales (NEE), sistema que se asemeja a la forma de financiamiento de la educación escolar actual. Para calcular el financiamiento total, se aplica una fórmula objetiva que depende principalmente de la asistencia media promedio.
¿Cuál es la discusión? Los opositores al proyecto no sólo están en contra de subvencionar los establecimientos en base a la asistencia, sino que proponen que el financiamiento de los jardines afectados por la normativa sea a través de un sistema centralizado, similar a los establecimientos que dependen directamente de la Junji, en los cuales la gran parte de las decisiones financieras tienen que pasar por este organismo estatal. Esto va en contra de la extensa literatura de financiamiento escolar, la cual afirma que los establecimientos deben tener un nivel de independencia mínimo para hacerse cargo de sus reales necesidades, sin tener que pasar por la burocracia que significa un sistema centralizado, donde la institución que toma la decisión –que en este caso sería la Junji–, probablemente tenga un menor conocimiento de causa.
Por si lo anterior fuera poco, una evaluación hecha el 2017 por la Dirección de Presupuestos (Dipres) a establecimientos que dependen de la Junji afirma que existe un problema grave de transparencia y control de gestión en ellos. A modo de ejemplo, el mismo documento junto a otros estudios relacionados sobre la materia han tenido que estimar el dinero entregado a cada alumno, ya que, bajo el sistema actual, simplemente no es posible acceder a esa información.
Es totalmente válido discutir ciertos puntos del proyecto, pero partamos con un nivel de debate superior, donde las políticas públicas obsoletas o mal evaluadas a nivel mundial no tengan cabida.
