Opinión
En las últimas semanas hemos visto una serie de intervenciones en el debate por el reglamento de la Convención Constitucional, principalmente entre un pequeño grupo de centros de estudios, expertos y fundaciones. Los márgenes del debate están marcados por el grado de participación ciudadana y territorial que tendrá el proceso constituyente y el margen que tiene la Convención para establecer sus propias reglas de funcionamiento. Desde el grupo Constitución Abierta hemos intentado expandir esa discusión a quienes, a través de sus persistentes luchas contra el modelo vigente, cimentaron el camino para el proceso constituyente.
Si bien no hay una receta mágica para el funcionamiento de los órganos constituyentes, hay ciertos parámetros que contribuyen a fortalecer la legitimidad del proceso y, por cierto, del resultado. Uno de ellos es la transparencia que debe irradiar todo el trabajo de la Convención, rechazando desde ya cualquier posibilidad de contar con sesiones reservadas o secretas (como curiosamente ha propuesto el Consejo Para la Transparencia). La ciudadanía tiene derecho a conocer los detalles de las deliberaciones y de las votaciones que se verifiquen al interior de la Convención, pues la crisis política que atraviesan las instituciones de representación popular se debe, entre otras razones, a la desconexión de la clase dirigente y a la normalización de instancias de deliberación reservadas al escrutinio público, que hemos conocido como “cocina”. El proceso constituyente es una oportunidad que no podemos desaprovechar.
En grupos tan cerrados y lejanos como nuestra élite política estas prácticas se perpetúan, tengan espacio o no en la institucionalidad. Por eso es fundamental reducir su margen al máximo y consagrar la transparencia total de la Convención Constitucional. Pero esta es una sola de tres aristas que hemos planteado como fundamentales. Las otras son la accesibilidad y la participación ciudadana.
Respecto a la primera, el mismo periodo de campaña en medios para estas elecciones ha demostrado repetir sesgos conocidos del debate público en Chile como el centralismo, coberturas excluyentes a determinados sectores políticos y bajísima visibilidad de grupos históricamente excluidos, como los pueblos indígenas.
De acuerdo al estudio “Voces Ciudadanas para la Constituyente”, llevado a cabo por la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública, los medios tradicionales (TV abierta, prensa y radios) y/o canal público son los más apropiados para que la ciudadanía se mantengan al tanto del proceso constituyente. También son los que tienen mayor cobertura territorial y son más accesibles para toda la población. Así como se dispuso de la banda digital número 2 para habilitar Educa TV en todo el país, proponemos que una de estas señales se habilite para que la Convención Constitucional sea transmitida sin caer en las brechas digitales ya constatadas durante estos dos años producto del COVID-19, contando además con intérprete en lengua de señas chilena.
En cuanto a la participación ciudadana, todo el espectro político la valora como algo clave para el proceso constituyente, pero sin comprometer mecanismos concretos y vinculantes. Desde el grupo amplio de Constitución Abierta proponemos que la ciudadanía pueda presentar mociones a ser discutidas por la Convención Constitucional; sesiones constituyentes distritales que fortalezcan la idea de la rendición de cuentas a la hora de la representación política; y, por supuesto, estamos de acuerdo con la idea de los plebiscitos intermedios como mecanismo para desbloquear los debates y garantizar el éxito de la Convención. Buscamos asegurar, así, un proceso constituyente vivo, diverso y abierto, que siente las bases para una democracia legitimada por todos y todas y no solo la élite intelectual, académica y política.
