Opinión
El matrimonio celebrado en Francia por la extraordinaria arquera nacional Christiane Endler, vuelve a poner sobre la mesa del debate público, no solo la discusión sobre el matrimonio como un derecho exclusivo para parejas heterosexuales, sino que también la falta de voluntad política tendientes a la implementación de cualquier garantía de no repetición.
Las garantías de no repetición son el conjunto de medidas que adopta una sociedad para evitar que se vuelvan a producir situaciones que vulneran derechos fundamentales. Como estas medidas dependen de la voluntad política pueden ser promovidas y sugeridas por cualquier persona o entidad, pero es La Corte Interamericana de Derechos Humanos la entidad más importante con que contamos en esta materia, la cual se pronuncia a través de dos vías, a saber, las opiniones consultivas y sus fallos.
No ha habido avances en materia de derechos igualitarios en nuestro país, a pesar de que el Estado de Chile fue condenado por dicha corte en el caso de la jueza Karen Atala, instancia en la cual recomendaba al Estado de Chile a tomar medidas que erradiquen las discriminaciones basadas en orientación sexual. A este fallo se le suma como antecedente la opinión consultiva, que no es vinculante, del año 2017, la cual sostiene que el acceso discriminatorio al matrimonio, con todos los derechos y beneficios, es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Chile tiene una serie de obligaciones jurídicas emanadas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los constituyentes electos tienen la oportunidad histórica de plasmar en la nueva Constitución algún mecanismo que transforme las fuentes de garantías de no repetición emanadas de La Corte Interamericana, en fuentes vinculantes o una especie de fuente del derecho sui generis, porque, mientras esto no pase y la implementación de dichas garantías siga sujeta a la voluntad política, seguiremos viviendo en una sociedad que obliga a sus otras Christianes Endler a irse al extranjero para disfrutar y gozar de sus derechos fundamentales en plenitud.
