El narcotráfico en nuestros barrios

Recientemente personalidades no expertas en el asunto de violencia y drogas han expresado su opinión sobre aquello, así tenemos a una escritora y un urbanista, la escritora Damiela Eltit, Premio Nacional de Literatura 2018, quien se expresa sobre lo social en el presente, así:  “La exclusión social, el estallido, no terminó, quedó interrumpido y está latente. Está completamente latente, con bordes que no sabemos cuáles son. Y creo que ha sido poco pensado el narcotráfico con sus códigos, entre ellos el asistir a sus sectores: pagan cuentas de luz, de agua y esa es su estrategia de inscripción. Los sujetos políticos se retiraron de los lugares populares, eso liberó a esa zona. No quedaron ahí más que las iglesias evangélicas y el narco; el estallido fue una gran interrogación del modelo” [ Damiela Eltit. “No tengo un gran halo de mí misma”. Revista Ya. N° 1964 (El Mercurio), 11 mayo 2021]. Eltit pone la localización del asunto en los “bordes” sociales y urbanos.

Por su parte, el arquitecto y urbanista Iván Poduje arranca su opinión desde esos bordes, ante lo cual se instala la indiferencia pública, sobre lo cual afirma: “Esta indiferencia con los dramas que afectan a las periferias populares no es algo nuevo. Pasó con las erradicaciones forzadas de la dictadura, con los bolsones de vivienda levantados en democracia, que terminaron como guetos segregados (…) Ahora parece que nos acostumbramos a ver espectáculos pirotécnicos ilegales, a los funerales con caravanas que pasan disparando o a que niños mueran víctimas de balas locas al interior de sus casas (…) Por eso es fundamental… llevar inversión y servicios antes que el avance del narco sea irreversible, lo que podría estar cerca de ocurrir” [Iván Poduje. “El patrón de la zona sur”, La Tercera, 22 de mayo 2021].

En fin, el narcotráfico se instala en los barrios populares para así asegurar el ejercicio de su tarea ilícita de proveer drogas, mejor dicho, allí se nota más su instalación, ya que en los barrios de clase media y media alta, que es donde más se consume y provee drogas, también se instala, pero no se nota tanto.

El asunto del narcotráfico es un problema de demanda y oferta de drogas, pero ideológicamente hemos sido sobredeterminados a plantearnos este tema en los términos de la economía clásica, como un asunto que arranca en la oferta, en el narcotráfico que la produce y provee, pero el análisis de los asuntos económicos siempre debe arrancar por la demanda, por la satisfacción de las necesidades y deseos de las personas.

La demanda de drogas está determinada por las propiedades psicotrópicas de estas, lo que les otorga la capacidad de gestionar la salud mental de las personas, es por eso que el campo específico de las drogas es la salud mental. El problema barrial del narcotráfico es la manifestación territorializada tanto del mal manejo de la salud mental como de la oferta ilícita de drogas en las comunidades locales, en los municipios.

Si bien el expediente fácil de prohibir penalmente el consumo y la provisión de drogas ante la incapacidad del sistema institucional de hacerse cargo de los problemas de salud mental, se ha mostrado como desastroso tanto para la salud mental como para la seguridad ciudadana, tal como aconteció con la prohibición del alcohol –la droga más consumida en su historia y ahora por la humanidad– en Estados Unidos de América, 1920-1933, esta política de control de drogas sigue siendo universalmente aplicada.

Las instituciones municipales, en lo concreto, cada uno de los municipios, no pueden hacerse cargo ni de las malas políticas de salud mental ni de las políticas de control de drogas que se limitan a criminalizar su consumo y provisión, no obstante, sí pueden hacerse cargo de gestionar el riesgo y reducir el daño que esas políticas están causando entre sus vecinas y vecinos.

Para controlar el narcotráfico en los barrios lo primero que es necesario poner en claro es que el problema de las drogas no está determinado por su oferta, que la hace el narcotráfico, sino por la demanda de ellas que hacen los usuarios, ellos y ellas así autogestionan los trastornos mentales, tales como la ansiedad, la angustia y la depresión, también la languidez, que están padeciendo las poblaciones a causa de los agobios laboral, financiero, profesional, cultural, familiar, etc., a los cuales se ven sometidos en las condiciones económicas, sociales y culturales que imponen las políticas neoliberales.

Para hacerse cargo del asunto de las drogas, además de comprender que se trata de un asunto de demanda de los usuarios, no de oferta de los narcotraficantes, lo otro importante a tener presente es que la mayor parte de quienes consumen drogas son usuarios no problemáticos; solamente algo así como el 10% de quienes padecen  dependencia o adicción a ellas, son usuarios conflictivos.

Esta distinción entre usuarios no problemáticos, la gran mayoría, y los problemáticos, la minoría, es fundamental para distinguir dos estrategias de convocatoria a los vecinos e intervención por los municipios: mientras que en el caso de los usuarios no problemáticos se trata de implementar con ellos y sus entornos familiares, barriales y sanitarios, las formas de producción y provisión controlada de drogas, que compita con la provisión ilegal que hace el narcotráfico, así como de prevenir las conductas de riesgo y el consumo de los tipos de sustancias que son más y gravemente perjudiciales para la salud, en el caso de los usuarios  problemáticos se trata de institucionalizarlos en formas de atención en salud que sean a la vez necesarias y aceptables para tales personas y lograr con ellos, ya sea formas de consumos no conflictivos o, de ser necesario, el abandono de dichas prácticas.

De lo que se trata es de regularizar el consumo y/o de implementar los tratamientos alternativos, con la participación tanto del sistema institucional de salud –municipal o del sector salud– como de la comunidad organizada, de la atención social ejecutada por la administración municipal, también, y sobre todo, con la participación de los propios usuarios.

Los modelos de atención a los usuarios y de provisión de drogas alternativos al que ilícitamente oferta el narcotráfico son ya conocidos, tales como: los coffee shops de cannabis en Holanda, las salas para venopunción de heroína en Suiza o España, así como los expendios legales de cannabis en 20 estados de los Estados Unidos de América, etc., etc., etc.,  allí la consigna es: “Apoye, no castigue” –support, don’t punish–. En general, esas determinaciones públicas se llaman políticas de gestión de riesgo y reducción de daños en drogas, las cuales se han mostrado como formas sanitarias eficientes, dignas, salubres y seguras de acceso a las drogas, pero, sobre todo, de ser capaces de derrotar social, cultural, económica y políticamente a las estructuras locales del narcotráfico, cosa que hasta ahora no se ha logrado con la “guerra contra las drogas”, la cual ha causado más daños sociales e institucionales que el consumo de esas sustancias, sobre todo en el número de muertos, lesionados y enfermos, días de trabajo perdidos, días sanos perdidos, etc.