Opinión
Nuestro país cuenta con una serie de materiales o sustancias susceptibles de ser valorizados y utilizados en distintos sectores productivos como materias primas. Por ejemplo, la escoria siderúrgica, la ceniza volante o la biomasa residual o residuos de la construcción. Pese a este potencial, a la demanda por su uso y los antecedentes técnicos nacionales o internacionales que avalan esto, gran cantidad de estos materiales es sistemáticamente conducida a sitios de disposición final, acumulándose una gran cantidad de pasivos ambientales.
Si bien no existe una regulación que prohíba per se este uso por otras industrias, sí existen limitantes basadas en los criterios divergentes de las autoridades, especialmente sanitarias, para aprobar ciertas iniciativas de valorización. Ello, debido a la ausencia de un mecanismo claro con requisitos precisos para establecer el término de la condición de residuos o la tipificación de materiales como subproductos, así como de un procedimiento uniforme para estos efectos. Se suma a ello el enfoque desactualizado de la regulación de gestión de residuos, que prioriza la disposición final de los residuos bajo el paradigma –ya anticuado– “de la cuna a la tumba”.
Aunque en el último tiempo se ha avanzado en promover una visión moderna de circularidad de estos subproductos en la economía –es el caso de la Ley REP–, el cómo convergen las distintas reglamentaciones e instrumentos todavía es un aspecto fuertemente orientado hacia el resguardo de un modelo lineal.
Esto contrasta con la experiencia internacional, la cual demuestra que este tipo de residuos es sistemáticamente utilizado en países desarrollados, dados los beneficios ambientales y sociales asociados a su aprovechamiento. Entre ellos, el fortalecimiento del reúso, la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de empleos de mayor sofisticación, la mayor transferencia tecnológica, entre otros. Esos países cuentan con una normativa ad hoc, como es el caso de la Directiva de la Unión Europea 2008/98/CE, que busca una gestión integral de los residuos, al permitir que estos sean reutilizados en nuevos procesos productivos con procedimientos de desclasificación y al establecer conceptos claves para una clara distinción entre residuo y subproducto.
Resulta prioritario, entre otras medidas, incluir la adopción de una reglamentación habilitante de desclasificación de residuos, que recoja las mejores prácticas internacionales y la realidad de la industria nacional, promoviendo de manera articulada la participación tanto por parte del Ministerio del Medio Ambiente como del Ministerio de Salud, y demás autoridades competentes. Se debe, asimismo, involucrar a la industria como actor clave, considerando su rol tanto como generador y potencial usuario de estos residuos. Ello permitirá dar un paso firme hacia una economía circular que minimice la generación de residuos y promueva su valorización.
Una buena noticia es que la “Hoja de Ruta para la Economía Circular”, que está llevando adelante el Ministerio del Medio Ambiente, incluye entre sus iniciativas la adopción de una reglamentación en este sentido. Se espera que se termine materializando en el corto plazo y no quede como un mero diagnóstico compartido que nunca se implemente. Nuestro país, su medioambiente y su economía, requieren adoptar este tipo de políticas a la brevedad, especialmente bajo el contexto actual que vive el país, donde se aboga por que la reactivación económica que se procure sea una perspectiva resiliente y sustentable.
