Opinión
Este domingo, en una votación inédita, la gran mayoría de las regiones de nuestro país elegirán a un gobernador o gobernadora regional en segunda vuelta. Esto constituye un paso importante para avanzar hacia la tan anhelada descentralización de Chile. Pero no podemos olvidar otros factores que inciden en este camino. Sin inversión en infraestructura será imposible que el país avance hacia un desarrollo territorial sustentable e inclusivo. Para que ello ocurra, es necesario que exista una orientación estratégica de las dimensiones a ser priorizadas y un diagnóstico territorial que permita orientar la inversión. Por el contrario, cuando estas decisiones responden a criterios políticos, y carecen de una orientación sistemática respecto de brechas de desarrollo territorial a escala regional o local, la inversión tiende a diluirse en el territorio.
Chile está pendiente en la materia. No solo carecemos de un plan de inversión de mediano plazo, sino también de criterios intersectoriales y territoriales que la orienten estratégicamente. Varios trabajos han dado cuenta de que programas emblemáticos de inversión están condicionados por acuerdos informales entre distintos niveles de gobierno y coaliciones de partidos políticos. Con la finalidad de aportar en esta discusión, recientemente un grupo de académicos de la Universidad Católica, con el patrocinio del Centro de Políticas Públicas UC, hemos publicado un estudio donde buscamos correlacionar la inversión pública en infraestructura en energía, vialidad y obras hidráulicas, con indicadores que expresen las brechas territoriales existentes a escala provincial.
Los resultados arrojaron que, en general, no se constatan criterios sistemáticos que orienten la inversión. Por ejemplo, la pobreza multidimensional no tiene correlación alguna con la inversión, lo que se puede constituir como un indicador particular de brechas territoriales. Para que la inversión se oriente al desarrollo territorial se requiere impulsar el desarrollo de Convenios de Programación como instrumento clave para fomentar la coordinación multinivel desde un enfoque territorial, con contratos plurianuales con objetivos definidos y en diálogo con los territorios.
En el nuevo escenario, con gobernadores regionales elegidos, y la posible aprobación de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial, se plantearán desafíos importantes en esta materia. Es un gran momento para revisar los criterios que orientan la inversión en infraestructura a nivel nacional, particularmente en materias relativas a la infraestructura financiada y cofinanciada por el Ministerio de Obras Públicas.
Es fundamental robustecer la discusión sobre descentralización no solo en términos de profundización democrática, sino también para generar un desarrollo territorial inclusivo y sostenible. Para ese propósito, la incorporación de planes de inversión de mediano o largo plazo, que incorporen indicadores de brechas de infraestructura, y que se enfoquen territorialmente, son lineamientos claves para avanzar hacia un mayor desarrollo como país.
