Opinión
“Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país”, afirmó vehemente el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública a principios de junio. Como si al re-invocar este proyecto insulso de su campaña del 2009 solucionara todo aquello que nos acontece como diversidades sexuales y de género o quienes vivimos con VIH. En realidad, ni siquiera se intenta plantear a modo de reparación o de cumplimiento de la deuda con el sistema iberoamericano de derechos humanos desde 2016, tras el gobierno de aquel entonces haber borrado del Plan Nacional el acuerdo internacional de impulsar el matrimonio igualitario, sino que se instrumentaliza como un débil gesto progresista para subsanar el ego de un gobernante desesperado.
Pero el matrimonio igualitario, más allá de su urgencia, resulta insuficiente. Basta con revisar los años de violencia sistemática o las amenazas, torturas y asesinatos de personas LGBTIQA+ que han ocurrido el presente año. Porque en estas circunstancias, la violencia no se acaba con matrimonios, sino con algo todavía más básico y complejo: educación sexual integral (ESI), para reconocer, valorar y legitimar la diferencia.
Si bien es fundamental que las parejas del mismo sexo registral –y distintas conformaciones familiares o afectivas– tengan regulaciones acordes a sus necesidades para permitir el goce de derechos, garantías y libertades, vemos nuevamente una división de grupos favorecidos y grupos excluidos (con la misma “estrategia” que se utilizó ante la ley de identidad de género), pues se han escatimado funciones filiativas y no discriminatorias para la población trans, por ejemplo. No necesitamos el matrimonio ligado a la estructura tradicional de la familia cisgénero y heterosexual liberal; antes bien, es primordial que tengamos regulaciones acordes a nuestras diferencias.
Resulta, en efecto, un ejercicio complejo, ya que mientras un sector político intenta proteger el “sagrado matrimonio” y arremete en contra de nuestras existencias, al interior de nuestra población observamos una prominente insistencia en la igualdad. Herencia de una estrategia política de homosexuales blancos y estadounidenses una vez que la revuelta de Stonewall no logró generar acciones unificadas, terminando con un vuelco hacia la igualdad liberal blanca. Consiguieron hacerse con la dirección del movimiento, disimularon su diferencia vistiéndose de traje y, presentandose como un símil, sostuvieron: “Soy como tú, pero homosexual, por favor acéptame #LoveIsLove”.
Erraron al pedir tolerancia en vez de exigir respeto. Esto ha incurrido en una lógica de avance por goteo: a regañadientes se quita la despenalización la homosexualidad; se aceptan fallos internacionales; se legisla el acuerdo de unión civil (AUC) como un mero contrato económico y no familiar; se intenta recortar lo más posible una normativa antidiscriminación; y se legisla una ley de identidad de género con una multiplicidad de falencias que, a dos años de su promulgación, siguen sin ser corregidas.
En estos momentos la tolerancia no puede ser elevada como fuerza transformadora; al contrario, las políticas de tolerancia esconden las continuas regresiones sociales. Ahora, más que nunca, debemos saber articular una sociedad que sepa vivir a partir de las diferencias y hacernos del campo político para lograr un lugar de identificación y reconocimiento de las diferencias, asegurando la no discriminación.
Hoy varios congresistas del ala “antineoliberal” nos invitan a esperar un nuevo trámite de indicaciones o, su revisión en la Cámara de Diputadas y Diputados para sumar las eliminadas indicaciones de este matrimonio igualitario que baila al ritmo incongruente de las urgencias legislativas de un presidente ilegítimo, en vez de considerar las necesidades y opiniones de las organizaciones de la sociedad civil. La pauta que el Estado de Chile debe cumplir también fue marcada por el acuerdo de solución amistosa (ASA) de 2016 con la CIDH, recordando que somos personas y que la marginación legal sólo acrecienta nuestras desigualdades.
Si existe un apoyo tan grande a los temas de la diversidad sexual y de géneros en la Cámara baja, ¿por qué no existe una bancada transversal y representativa que promueva nuestros derechos? Resultaría óptimo tener una bancada con una estrategia de igualación de derechos, garantías y libertades que en el mediano plazo elimine las diferencias legales (inentendibles en un Estado democrático de derecho), y busque derribar las complejas barreras sociales y culturales que deben enfrentar las diversidades sexogenéricas.
Lo hemos mencionado incontables veces, tanto en la calle como en esta ocasión: la prioridad de personas personas LGBTIQA+ no puede ser el matrimonio cuando nos están matando, nos niegan el acceso a servicios esenciales, nos expulsan de nuestros hogares y existe mayor exposición a infeciones de transmisións sexual (ITS) ante la imperante perspectiva reproductiva-heterosexual y la mínima entrega de información sobre salud sexual.
Es fundamental que se generen nuevas dinámicas entre el Estado y las organizaciones sociales de la diversidad. Procesos en los que se nos invite a participar y discutir sobre la base de evidencias y realidades, para que se conozcan nuestras propuestas, y sirvan para erradicar la discriminación en un país que intenta ofrecer la posibilidad de usar anillos en dedos que podrían ser mutilados por fascistas que se sienten con el derecho de agredir o matar a otres por ser diferentes. Basta de revivir el “tema gay” de vez en cuando para acumular puntos en las encuestas o mejor aún, un par de votos en el año electoral. La política en la medida de lo posible no va más.
[1] https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/06/15/1024019/matrimonio-igualitario-comision-senado.html
